La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) han alzado la voz ante el inminente recorte de ₡12 mil millones en el proyecto de Presupuesto Nacional 2025, advirtiendo sobre las graves implicaciones que esta reducción tendrá para la ciudadanía, especialmente en la atención de las vías cantonales.
Este recorte contradice lo estipulado en la Ley 8114, conocida como la “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria”, que regula el impuesto a los combustibles. Este impuesto es crucial para el financiamiento de las municipalidades, ya que está destinado a mantener una red vial segura y eficiente.
Patricia Porras, Presidenta de la UNGL y alcaldesa, hizo un llamado urgente a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. “Exigimos que se rectifique esta grave omisión en el presupuesto 2025 y que se asignen los ₡131.764 millones que, por ley, corresponden a las municipalidades”, enfatizó Porras.
Desde las municipalidades se reafirma el compromiso de hacer todo lo posible para asegurar que se respeten los recursos destinados al mantenimiento de la red vial. “Es esencial que se presupueste el cien por ciento de los recursos necesarios para mejorar y mantener nuestros caminos”, añadió Porras, destacando que esto no solo beneficia la movilidad de los ciudadanos, sino también el desarrollo del sector productivo y la atención en situaciones de emergencia.
Alfonso Jiménez, alcalde de Mora y directivo de ANAI, alertó que “el año 2025 será muy difícil para el Régimen Municipal”. Explicó que el recorte de recursos podría oscilar entre 100 y 200 millones de colones para cada municipio, un golpe duro que afectará la ejecución de obras públicas y la compra de maquinaria esencial para atender emergencias.
“Es vital que los legisladores realicen una revisión exhaustiva de este recorte y devuelvan a las municipalidades lo que por ley les corresponde”, instó Jiménez.
La Ley 8114 estipula en su artículo 5 que el Ministerio de Hacienda debe transferir a las municipalidades el 22.25% del ingreso del impuesto único a los combustibles. Sin embargo, a pesar del crecimiento constante en la recaudación de este impuesto—que en 2022 alcanzó los ₡530 mil millones y se estima que en 2025 será de ₡630 mil millones—los fondos que se destinarán a los gobiernos locales no aumentarán, manteniéndose en ₡119 mil millones, lo que representa un desajuste alarmante.
La comunidad municipal debe estar atenta a esta situación, pues el impacto de este recorte no solo afecta la infraestructura vial, sino que pone en riesgo derechos fundamentales como el libre tránsito y la seguridad ciudadana. Es imperativo que los representantes del Poder Ejecutivo y los legisladores comprendan la importancia de una red vial adecuada, tanto para el desarrollo económico del país como para el bienestar de sus habitantes.
La voz de los gobiernos locales es clara y unida: la defensa de los recursos necesarios para mantener nuestras vías es una cuestión de prioridad municipal y de derechos ciudadanos. La espera y la inacción no son opciones; el momento de actuar es ahora.
