La Municipalidad de Santa Cruz ha aprobado un significativo recorte del 92,91% en el presupuesto destinado a la Oficina de Auditoría Interna para el año 2025. Esta medida dejaría a dicha dependencia prácticamente sin recursos para operar adecuadamente el próximo año, lo que ha generado preocupación sobre su capacidad de cumplir con las funciones que le otorga la ley.

El 9 de septiembre de 2024, la Auditoría Interna de la Municipalidad remitió el oficio AIM-089-2024 al Concejo Municipal, advirtiendo sobre esta situación. En el documento, se señala que el presupuesto original, que ascendía a ¢24,2 millones, fue reducido a apenas ¢1,7 millones. Esta disminución de ¢22,4 millones dejaría a la Oficina con los fondos suficientes únicamente para cubrir el salario del titular encargado de sus funciones, limitando severamente su capacidad operativa.

La Ley General de Control Interno (Ley Nº 8292), en su artículo 21, establece que la Auditoría Interna es un órgano independiente cuya función es asegurar y mejorar las operaciones de las instituciones públicas mediante la evaluación de riesgos, controles y procesos directivos. Esta oficina es clave para la protección del patrimonio público, la transparencia y el cumplimiento de la normativa.

Artículo 21.-Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.

El recorte presupuestario, sin embargo, no solo reduce los fondos operativos de la oficina, sino que elimina por completo subpartidas esenciales, tales como la contratación de personal de apoyo, servicios técnicos de avalúos, y recursos para viáticos o materiales de oficina. Incluso el presupuesto para combustible en eventuales giras de campo ha sido reducido a apenas ¢1 millón, lo que equivale a ¢83 mil mensuales, una cifra insuficiente para cubrir adecuadamente las necesidades de supervisión fuera de la oficina.

Ante esta situación, la Auditoría Interna ha solicitado al Concejo Municipal, con base en el artículo 13 del Código Municipal (Ley N° 7794), que se tomen medidas correctivas para reestablecer los recursos originalmente planteados en el Plan Presupuesto 2025. La ley estipula que, entre las funciones de la Auditoría Interna, se incluye la verificación del cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno, la protección del patrimonio público y el aseguramiento de la fiabilidad de la información, elementos que se ven comprometidos con este recorte.

Para el año 2025, la Municipalidad de Santa Cruz ha enviado un presupuesto total de poco más de ¢16 mil millones a la Contraloría General de la República (CGR) para su aprobación. En 2023, la Municipalidad registró ingresos por ¢21 mil millones, siendo el municipio con mayores ingresos en la provincia de Guanacaste. Sin embargo, solo logró ejecutar el 56,96% de esos recursos, según los datos del Sistema Integrado de Presupuestos Públicos de la CGR.

Este drástico recorte deja en el aire muchas dudas sobre cómo la Auditoría Interna podrá cumplir con sus responsabilidades, y si esto afectará la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos municipales en Santa Cruz.