La Sala Constitucional ha dado un ultimátum de tres días al alcalde de San José, Diego Miranda, para que responda a las preocupaciones planteadas en torno a la gestión del sistema de parquímetros en el cantón. Esta medida se produce tras la presentación de un recurso de amparo por la regidora Iztarú Alfaro Guerrero, quien ha expresado su frustración por la falta de respuestas del alcalde a las solicitudes de información realizadas desde finales de agosto.

El problema se intensificó cuando Miranda intentó modificar el proveedor del servicio de parquímetros, lo que resultó en la interrupción de este servicio esencial para la capital. Tanto la Contraloría General de la República como el Concejo Municipal de San José rechazaron su intento, dejando a la ciudad sin un sistema de parquímetros que ha generado una pérdida de ingresos de más de ¢500 millones, de acuerdo con las denuncias presentadas por la auditoría y la propia regidora.

Ante esta situación, Alfaro Guerrero ha formulado una serie de preguntas clave que buscan aclarar las decisiones tomadas por el alcalde. Entre sus inquietudes se encuentran:

• ¿De dónde proviene la decisión de suspender el cobro del servicio de parquímetros?
• ¿Cuáles son los fundamentos legales que respaldan esta decisión? De existir, se solicita copia del mismo.
• ¿Qué criterios técnicos se utilizaron para tomar tal decisión?
• ¿Por qué se inició un nuevo proceso de licitación para el servicio de parquímetros, a pesar de que había un recurso de apelación pendiente ante la Contraloría?
• ¿Qué acciones ha tomado la Administración un mes después de la resolución del recurso por la Contraloría, considerando las pérdidas financieras generadas?
• ¿Quién asumirá las pérdidas de recaudación que enfrenta la Municipalidad, y existe algún proceso disciplinario al respecto?
• ¿Qué funciones están realizando actualmente los funcionarios encargados de los parquímetros y si están cumpliendo con sus roles asignados?
• En el reciente Presupuesto Extraordinario, se asignaron más de ¢180 millones a parquímetros, lo cual parece contradictorio dado que esta actividad solía generar suficientes ingresos.

Alfaro Guerrero destaca que la situación refleja una falta de orden y cuidado de las finanzas públicas, y subraya que es responsabilidad del alcalde rendir cuentas a la ciudadanía. “Esperamos que con la orden de la Sala, el señor Diego Miranda responda finalmente a las consultas que le hemos planteado. Este tema no solo es crítico para el funcionamiento del servicio de parquímetros, sino también para la salud financiera de la Municipalidad de San José”, afirmó.

La presión ahora recae sobre el alcalde, quien deberá explicar sus decisiones y garantizar la transparencia en la administración pública, un aspecto esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en sus líderes locales. Con el futuro del sistema de parquímetros aún en la cuerda floja, la atención se centra en las acciones que tomará el alcalde en los próximos días.