En un momento crítico para Costa Rica, marcado por una emergencia criminal sin precedentes, las decisiones políticas en el ámbito municipal parecen estar exacerbando la inseguridad ciudadana. Recientemente, el subdirector de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José, Marvin Torres, presentó una denuncia ante la Auditoría Interna contra el alcalde Diego Miranda por presunto incumplimiento de deberes, en un caso que ilustra cómo los intereses políticos pueden comprometer la estabilidad de los gobiernos locales y, en última instancia, la seguridad pública.

Denuncia por plazas irregulares

La controversia gira en torno a dos plazas por servicios especiales que carecen de contenido presupuestario. Según Torres, la Contraloría General de la República (CGR) había determinado que dichas plazas eran jurídicamente inviables, y el alcalde debió gestionar el cese de los nombramientos conforme a la resolución del ente contralor. Sin embargo, ambas funcionarias continúan desempeñando sus funciones, lo que no solo viola la normativa presupuestaria, sino que también podría acarrear consecuencias patrimoniales para el gobierno local.

“El alcalde, con pleno conocimiento de esta irregularidad, ha optado por permitir que estas plazas se mantengan, generando un perjuicio administrativo y económico para la Municipalidad”, afirmó Torres, quien además solicitó medidas de protección bajo la Ley de Protección de Denunciantes contra represalias laborales.

Prioridades cuestionables: Seguridad en juego

La polémica se intensificó con la reciente decisión del Concejo Municipal de San José de eliminar 13 plazas de la Policía Municipal para financiar las dos gerencias cuestionadas. Esta resolución, aprobada por mayoría en la sesión del pasado 14 de enero, pone de manifiesto una desconexión entre las decisiones administrativas y las necesidades urgentes de seguridad en la capital.

La eliminación de plazas policiales se da en un contexto de alta criminalidad, donde la ciudadanía demanda mayores esfuerzos en vigilancia y protección. Sin embargo, la prioridad de la administración parece enfocarse en mantener puestos de alta gerencia que, según la CGR, deberían ser asumidos dentro de la estructura ordinaria del municipio.

La seguridad, víctima de las jugadas políticas

La reestructuración presupuestaria impulsada por el alcalde Miranda ha sido calificada como “irregular y antijurídica” por el denunciante, quien también señaló presiones hacia funcionarios clave para lograr la aprobación de las modificaciones presupuestarias. Este tipo de maniobras no solo socavan la institucionalidad, sino que también generan una percepción de improvisación y desinterés por la seguridad ciudadana en un momento de crisis nacional.

La ausencia de plazas policiales agrava el panorama en un país que enfrenta una ola de violencia sin precedentes. A pesar de las advertencias de la CGR sobre las irregularidades en la asignación de gerencias, el Concejo Municipal justificó su decisión argumentando la necesidad de mantener la funcionalidad administrativa. No obstante, persiste la preocupación sobre el impacto de estas medidas en la protección de la ciudadanía.

Responsabilidad y acción urgente

El caso pone de relieve la importancia de que las decisiones municipales se tomen con una perspectiva que priorice el bienestar y la seguridad de la población. La seguridad no debe ser un sacrificio político ni un daño colateral de disputas administrativas. En este contexto, se hace un llamado urgente a la Administración Municipal de San José para que rectifique el rumbo y garantice una gestión que responda a las necesidades reales de la comunidad.

La ciudadanía espera liderazgo y compromiso en tiempos de incertidumbre. Ante esta situación, es imperativo que se aclare el panorama y se priorice la seguridad como eje fundamental para el desarrollo y la estabilidad del cantón josefino.