La gentrificación, un fenómeno que transforma comunidades y desplaza a sus habitantes originales, ha llegado con fuerza a los cantones de Guanacaste. Playas paradisíacas, paisajes exuberantes y un clima privilegiado han convertido a esta provincia en un imán para turistas, nómadas digitales y desarrolladores inmobiliarios. Sin embargo, este crecimiento descontrolado ha generado una serie de desafíos que amenazan la sostenibilidad y la calidad de vida de las comunidades locales.

En respuesta, grupos ciudadanos han comenzado a reunir propuestas para enfrentar este problema, que ya ha sido abordado en otros países con medidas legislativas. Desde Nosara hasta El Coco, pasando por Tamarindo y Marbella, la gentrificación se ha convertido en una bestia de muchas cabezas que requiere soluciones urgentes y concretas.

Regulación del acceso a la tierra y bienes raíces

Uno de los principales focos de atención es la compra de tierras por parte de extranjeros. En Guanacaste, es común ver rótulos de “For Sale” en potreros y playas, con precios que superan los $500 por metro cuadrado. Actualmente, Costa Rica permite que cualquier persona, incluso con visa de turista, adquiera propiedades sin restricciones. Esto ha llevado a un aumento desmedido en los precios de terrenos y viviendas, desplazando a las comunidades locales.

“Aquí cualquiera se instala y empieza a vender tierra. Es raro que el país lo permita”, comenta Tatiana Pochet, integrante del Colectivo Anti-Gentrificación. Los grupos proponen regular este mercado, exigiendo que los agentes inmobiliarios se colegien y cumplan con normativas más estrictas, como el registro en la Superintendencia General de Entidades Financieras.

En comunidades como Nosara y Tamarindo, donde el desarrollo inmobiliario ha sido exponencial, los precios de las propiedades han alcanzado niveles inalcanzables para los habitantes locales. “En Nosara, un metro cuadrado puede costar hasta ₡2 millones. ¿Cómo puede competir un guanacasteco con eso?”, cuestiona Pochet.

Control sobre las Asadas y acceso al agua

El acceso al agua es otro tema crítico en Guanacaste. El desarrollo acelerado ha exacerbado la escasez de este recurso, especialmente en comunidades costeras como Marbella y El Coco. Los colectivos proponen prohibir que extranjeros sin cédula de residencia integren las juntas directivas de las Asadas (Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales). Actualmente, al menos 88 personas extranjeras, identificadas solo con su pasaporte, forman parte de estas juntas.

“Un turista con visa de turista puede comprar propiedades, presidir una Asada y manipular el recurso hídrico en beneficio de sus proyectos”, explica Wendy Molina, socióloga y exministra interina de Vivienda. Además, se busca aumentar las sanciones para quienes desvíen agua hacia desarrollos inmobiliarios en detrimento de las comunidades locales.

En Marbella, por ejemplo, un desarrollador inmobiliario presidía la Asada y otorgaba disponibilidades de agua a sus proyectos, dejando a los vecinos sin acceso al recurso. “Esto es inaceptable. El agua es un derecho humano, no un privilegio para quienes tienen más dinero”, afirma Molina.

Acceso a playas y regulación de la Zona Marítimo Terrestre

El acceso público a las playas es otro punto clave en Guanacaste. Aunque la ley costarricense garantiza este derecho, los vacíos legales permiten que algunos desarrollos limiten el acceso. Los colectivos proponen especificar el ancho de los caminos de acceso y garantizar que sean inclusivos, especialmente para personas con discapacidad.

“El acceso a la playa está estipulado en la ley, pero es muy general. Eso facilita que la gente haga lo que le dé la gana”, señala Nandi Edina, del Colectivo Anti-Gentrificación. Además, se oponen a la Ley para el Desarrollo e Impulso de la Zona Marítimo Terrestre, que busca legalizar la colocación de sillas, mesas y sombrillas en las playas.

En Playas del Coco, por ejemplo, los caminos de acceso a la playa han sido bloqueados por desarrollos inmobiliarios, limitando el disfrute de los vecinos. “Las playas son de todos, no solo de quienes pueden pagar por una casa frente al mar”, reclama Edina.

Sanciones por corrupción y delitos ambientales

La tala ilegal, el relleno de manglares y otros delitos ambientales son comunes en zonas turísticas de Guanacaste. Para combatir esto, los colectivos proponen endurecer las penas por ecocidios y agravar las sanciones para funcionarios públicos que acepten sobornos para favorecer proyectos privados. También buscan que Costa Rica ratifique el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales.

En Brasilito, por ejemplo, la comunidad ha denunciado la tala ilegal de árboles y la destrucción de manglares para construir condominios de lujo. “Estos delitos no pueden quedar impunes. Necesitamos leyes más duras y una fiscalización más efectiva”, exige Fernanda Cordero, del Colectivo No a la Gentrificación.

Control migratorio y regulación del “Visa Run”

Otra propuesta es regular la práctica conocida como “Visa Run”, donde turistas salen y reingresan al país para extender su estancia. El Partido Frente Amplio presentó un proyecto de ley que busca prohibir el reingreso en la misma condición migratoria por 90 días y triplicar las multas para quienes permanezcan de manera irregular.

“Este proyecto es necesario para evitar que personas en condición de turista se queden indefinidamente, compitiendo por recursos con las comunidades locales”, explica Priscilla Vindas, diputada del Frente Amplio.

En Guanacaste, donde el turismo de lujo y los nómadas digitales han aumentado la presión sobre los recursos, esta medida es especialmente relevante. “No podemos permitir que personas con visas de turista compitan por viviendas y servicios con quienes han vivido aquí toda su vida”, afirma Vindas.

¿Cuestionar a la gallina de los huevos de oro?

A pesar de las propuestas, los colectivos enfrentan desafíos. “Estos proyectos de ley ni siquiera han sido convocados”, reclama Nandi Edina. La falta de atención del Gobierno y la Asamblea Legislativa dificulta avanzar en estas iniciativas.

“El turismo se sostiene en mitos. No todo turismo es positivo, pero cuestionarlo es un escándalo en un país que se vende como un paraíso verde y amable”, explica Arturo Silva, integrante del Colectivo Anti-Gentrificación.

En Guanacaste, donde el turismo es la principal fuente de ingresos, cuestionar este modelo de desarrollo puede ser visto como un ataque a la economía. Sin embargo, los colectivos insisten en que es posible un turismo más sostenible y equitativo.

Experiencias internacionales

En otros países, como España y México, se han implementado medidas para frenar la gentrificación. En España, por ejemplo, se regulan los aumentos excesivos en los precios de alquileres temporales y se imponen multas de hasta 90.000 euros por incumplimiento. En Lisboa, se eliminaron las “visas de oro” que permitían a extranjeros obtener residencia a cambio de inversiones inmobiliarias.

En Costa Rica, los colectivos esperan que estas propuestas sirvan como base para una legislación que proteja a las comunidades locales y garantice un desarrollo turístico sostenible y equitativo.

Un llamado a la acción ciudadana

La lucha contra la gentrificación no es solo responsabilidad del Gobierno. La participación ciudadana es crucial para generar cambios. “En otros países, los movimientos antigentrificación han logrado avances gracias a la organización de vecinos”, destaca Wendy Molina.

En Guanacaste, donde el turismo de lujo y los desarrollos inmobiliarios crecen sin control, la voz de las comunidades locales es más importante que nunca. Solo con un esfuerzo conjunto se podrá frenar el avance de la gentrificación y garantizar un futuro más justo para todos