Una tormenta perfecta se cierne sobre la red vial costarricense. Mientras las municipalidades aún esperan ¢12 mil millones pendientes de transferencias 2024 por la Ley 8114, el proyecto de Presupuesto Nacional 2025 plantea un recorte equivalente al 9% de los recursos legítimamente asignados a los gobiernos locales para mantenimiento vial. Esta doble afectación pone en jaque la transitabilidad cantonal y revela un patrón preocupante de incumplimiento sistemático.
El desfinanciamiento en cifras
La ecuación es clara pero alarmante:
- Por ley: Las municipalidades deben recibir el 22.25% de los ¢630 mil millones que generará el impuesto a combustibles en 2025 (¢131.764 millones).
- En la práctica: El proyecto presupuestario solo asigna ¢119 mil millones, dejando un faltante de ¢12.764 millones.
“Este recorte equivale a quitarle entre ¢100 y 200 millones a cada municipalidad, dinero que usamos para reparar caminos, alquilar maquinaria y atender emergencias”, advierte Alfonso Jiménez, alcalde de Mora.
Efecto dominó en los territorios
Los daños colaterales de esta decisión ya son previsibles:
- Parálisis en obras estratégicas
- En Pérez Zeledón, el plan de asfaltado en Rivas de Daniel Flores quedaría suspendido.
- Upala no podría reparar 15 km de caminos agrícolas dañados por las lluvias.
- Maquinaria ociosa
“Sin fondos para combustible y repuestos, nuestras motoniveladoras pasarán más tiempo en los patios que en las calles”, explica un funcionario de Obras Públicas de Puriscal. - Impacto económico directo
Un estudio de la UNGL calcula que por cada ¢1 millón no invertido en vías, los productores rurales incrementan sus costos de transporte en un 7%.
La paradoja de la recaudación
Los números desmienten las justificaciones del gobierno central:
- Mientras la recaudación del impuesto a combustibles creció un 19% entre 2022 (¢530 mil millones) y 2025 (¢630 mil millones estimados), las transferencias municipales se mantienen congeladas desde 2024.
- En diciembre pasado, 32 municipalidades no recibieron transferencias pese a que la recaudación hasta octubre superaba en 14.7% años anteriores.
Municipalidades contraatacan
Frente a esta situación, los gobiernos locales articulan una estrategia múltiple:
- Acción legislativa
La UNGL y ANAI preparan una reforma para convertir las transferencias en partidas automáticas, evitando discrecionalidad. - Alianzas público-privadas
Cantones como Santa Ana y Grecia están negociando con empresas constructoras el patrocinio de maquinaria a cambio de publicidad en obras. - Protesta organizada
“Si para febrero no hay solución, llevaremos tractores y volquetas frente a la Asamblea Legislativa”, advierte el alcalde de Sarchí.
Voces cantonales
“En Zarcero necesitamos esos ¢180 millones para reparar la ruta a Laguna, principal acceso para 12 fincas lecheras,” Marvin Solís, regidor de infraestructura
“El MOPT nos exige cumplir normas de transitabilidad, pero nos quitan los recursos para lograrlo,” Rosibel Ramos, ingeniera municipal de Corredores
Lo que sigue
La pelota está en tres canchas:
- Diputados: Deben corregir el presupuesto antes de la votación en primer debate.
- Hacienda: Tiene hasta el 31 de enero para pagar lo adeudado de 2024.
- Gobiernos locales: Preparan un recurso de amparo si persiste el incumplimiento.
Mientras tanto, en los cantones ya se ven las consecuencias: baches que se convierten en cráteres, caminos escolares intransitables y productores que ven cómo se deteriora su única vía de comercialización. La pregunta que resuena en las municipalidades es clara: ¿Hasta cuándo seguirán siendo las vías cantonales las grandes sacrificadas en el presupuesto nacional.
