Mientras funcionarios del MINAE-SINAC retiraban las últimas pertenencias de familias asentadas en el manglar de Playa Garza este miércoles, una pregunta flotaba en el aire: ¿A dónde irán estos habitantes ahora? El operativo, ejecutado de manera pacífica con apoyo municipal y fuerzas de seguridad, desnuda una realidad incómoda: la creciente presión sobre los territorios costeros guanacastecos, donde el boom turístico choca con derechos habitacionales básicos.

Entre manglares y mansiones: la paradoja de Garza

El desalojo —que según Nelson Marín, director regional del Área de Conservación Tempisque (ACT), incluyó seis meses de plazo y acompañamiento social— afecta a familias que durante años encontraron en estos terrenos protegidos su único refugio ante los precios inalcanzables de la zona. Mientras el SINAC celebra la recuperación de 1.2 hectáreas de manglar vitales para la biodiversidad marina, organizaciones sociales alertan sobre un patrón recurrente:

“Estos casos son la punta del iceberg. Cada año, cientos de familias son desplazadas de las costas porque no pueden competir con desarrolladores que convierten terrenos en condominios de lujo o hoteles”, denuncia Karina Méndez, de la Red de Vivienda Digna de Guanacaste.

Datos del IMAS revelan que, solo en Nicoya, 43 familias desalojadas de zonas protegidas en los últimos tres años siguen en listas de espera para soluciones habitacionales.

Gentrificación costera: El fenómeno que ahoga a comunidades

Playa Garza epitomiza la transformación radical de Guanacaste:

• Precios disparados: Un terreno en esta zona cuesta hoy un 300% más que en 2015, según el Colegio de Arquitectos.
• Salarios estancados: El 60% de los empleos turísticos son informales y pagan menos de ¢300,000 mensuales (MTSS).
• Desplazamiento silencioso: Familias históricas venden ante presiones fiscales o ofertas millonarias, migrando a precarios urbanos.

“Antes aquí vivían pescadores. Hoy, sus hijos trabajan como jardineros en casas que no pueden ni mirar por dentro”, lamenta Óscar Ruiz, líder comunal de Nosara, vecino a Garza.

¿Conservación sin alternativas?

Las instituciones insisten en que el operativo priorizó el enfoque social: el PANI atendió a 11 menores afectados, mientras el IMAS ofreció becas y subsidios temporales. Sin embargo, las soluciones son parches ante un problema estructural.

María Fernanda Sánchez, experta en planificación urbana de la UNED, advierte: “Recuperar manglares es urgente, pero sin políticas de vivienda accesible en zonas aledañas, solo estamos trasladando pobreza. La ley 4240 de zonas marítimo-terrestres debe reformarse para incluir proyectos de vivienda social sostenible”.

Mientras el manglar de Garza inicia su recuperación, las familias desalojadas enfrentan un futuro incierto. Su caso revive el debate: ¿Puede Guanacaste conciliar su vocación turística con el derecho a habitar dignamente?