Con el objetivo de fortalecer la planificación territorial desde una visión más sostenible y adaptada a los retos ambientales actuales, el gobierno de Costa Rica ha dado un paso significativo al promulgar el Decreto Ejecutivo N.° 44710, el cual establece el nuevo Reglamento para la incorporación de la variable ambiental en los planes reguladores e instrumentos de ordenamiento territorial.
Esta normativa incorpora, por primera vez de forma estructurada, el análisis de dos variables fundamentales: la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Su implementación responde al mandato constitucional de garantizar un ambiente sano y equilibrado, así como a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia ambiental.
Una respuesta urgente desde lo local
En un contexto global marcado por el aumento de fenómenos extremos como inundaciones, sequías y pérdida acelerada de ecosistemas, la capacidad de adaptación al cambio climático debe construirse desde el nivel más cercano a la ciudadanía: las municipalidades. Integrar estas variables en los planes de ordenamiento territorial permite que los gobiernos locales planifiquen el crecimiento urbano considerando las particularidades ecológicas y la vulnerabilidad de cada cantón, priorizando así soluciones sostenibles y resilientes.
Las municipalidades, con el apoyo técnico y financiero del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), y otras instituciones involucradas, podrán aplicar esta nueva normativa en el diseño, actualización o implementación de sus planes reguladores.
Colaboración institucional para el desarrollo sostenible
El reglamento es resultado de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio), la Dirección de Cambio Climático, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el MIVAH, el IFAM, las municipalidades, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), el sector académico y representantes del sector privado.
Esta alianza interinstitucional ha permitido no solo la redacción de una norma robusta, sino también un amplio proceso de consulta pública y validación técnica, que garantiza su aplicabilidad y pertinencia a las distintas realidades territoriales del país.
Herramientas claras para una implementación eficaz
El reglamento incluye cinco anexos técnicos que brindan una guía paso a paso para facilitar la incorporación de la variable ambiental. Estos abarcan desde metodologías de evaluación (Anexos 1 y 2), escenarios de modificación de viabilidades ambientales (Anexo 3), procedimientos administrativos y técnicos para la presentación de estudios (Anexo 4), hasta un manual detallado para la revisión estandarizada por parte de Setena (Anexo 5). La intención es clara: hacer más ágil, objetiva y transparente la aplicación de estos criterios en la toma de decisiones territoriales.
Hacia cantones más resilientes y sostenibles
Con esta reforma normativa, el país refuerza su liderazgo en la región en materia de planificación ambiental. Para los municipios, representa una oportunidad concreta de ordenar su desarrollo de forma que se reduzcan los riesgos ambientales, se protejan los recursos naturales y se mejore la calidad de vida de sus habitantes.
El cambio climático y la pérdida de biodiversidad ya no son temas lejanos o abstractos: impactan de forma directa en la infraestructura, los servicios públicos, la salud comunitaria y las condiciones de vida en general. Por eso, incorporar estas variables en los instrumentos de ordenamiento es una necesidad urgente para construir comunidades más seguras, inclusivas y preparadas para el futuro.
