La reciente intervención de la Municipalidad de Golfito en la comunidad de Pavones ha reavivado la discusión sobre la gentrificación en las zonas costeras del país, especialmente en territorios con alto valor turístico y ambiental. Pavones, reconocido a nivel mundial por sus olas excepcionales para la práctica del surf, ha sido escenario de desalojos y demoliciones que han generado un amplio rechazo entre vecinos, organizaciones ambientalistas y representantes legislativos.

Según denuncias del diputado Ariel Robles del Frente Amplio y de activistas como Lyly Cabezas, de la Fundación Green Heart, la Municipalidad ha iniciado procesos de desalojo sin garantizar el debido proceso. Comercios como el supermercado Los Delfines y viviendas de familias locales han sido demolidas, pese a que muchas de estas personas han habitado la zona durante más de siete décadas.

La municipalidad, por su parte, argumenta que las acciones forman parte de la recuperación del derecho de vía en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), conforme al Plan Regulador Sector Costero: B, Anexo Quebrada El Macho. Asegura que las construcciones afectadas carecen de concesión vigente, lo que invalida su ocupación o edificación en terrenos públicos.

Una comunidad en la incertidumbre

Vecinos y abogados defensores, como Walter Brenes, han cuestionado la legalidad de los procedimientos, indicando que los desalojos no se acompañaron de la documentación requerida ni de medidas cautelares favorables a las comunidades afectadas. Las denuncias también señalan una presunta selectividad en las intervenciones, ya que algunas edificaciones fueron desalojadas mientras otras permanecen intactas.

Organizaciones locales han solicitado una revisión del plan regulador, ya que muchas de las viviendas en conflicto fueron construidas de acuerdo con las condiciones viales existentes hace décadas. Además, los residentes denuncian que las medidas tomadas por el gobierno local responden a intereses comerciales, entre ellos, el posible desarrollo de una marina privada.

Gentrificación en las costas costarricenses

Este conflicto no es aislado. Lo que ocurre en Pavones se inserta dentro de un fenómeno más amplio de transformación socioeconómica en las costas del país, donde comunidades tradicionales enfrentan presiones por parte de proyectos turísticos de alto valor.

La gentrificación costera, impulsada por la atracción de inversión extranjera, el desarrollo de infraestructura turística y el alza en el valor de la tierra, ha desplazado a familias locales en cantones como Santa Cruz (Guanacaste), Quepos y Osa (Pacífico Sur), así como en Talamanca y Limón (Caribe). En Puerto Viejo, por ejemplo, muchas familias afrodescendientes han tenido que abandonar sus propiedades debido al encarecimiento del suelo y la falta de reconocimiento legal sobre sus territorios ancestrales.

En Tamarindo, Santa Cruz, la expansión de condominios de lujo y hoteles ha provocado la pérdida de identidad cultural del pueblo costero original. Mientras tanto, en Quepos, las zonas más cercanas al Parque Nacional Manuel Antonio han sido transformadas por desarrollos privados que han reemplazado antiguos comercios y viviendas locales.

Un problema estructural

El caso de Pavones refleja la tensión entre la protección del ambiente, el derecho a la vivienda y el modelo de desarrollo turístico costarricense. Aunque la recuperación de zonas públicas es un deber legal de los gobiernos locales, la ausencia de mecanismos de diálogo, acompañamiento social y alternativas para las personas afectadas pone en entredicho la justicia social y territorial en estas regiones.

La diputada Sonia Rojas, integrante de la Comisión Especial de Puntarenas, ha pedido al alcalde de Golfito rendir cuentas por sus decisiones, debido a que la falta de información y garantías ha generado un impacto negativo en la economía local y en el bienestar emocional de las familias desplazadas.

Al día de hoy, el municipio sostiene que no ha recibido ninguna notificación judicial que detenga las intervenciones. Sin embargo, las comunidades afectadas han interpuesto medidas cautelares y recursos de amparo para intentar frenar lo que consideran un proceso injusto y desproporcionado.

Una mirada hacia el futuro

La situación en Pavones plantea preguntas urgentes sobre el tipo de desarrollo que se está promoviendo en las costas costarricenses y sobre el papel que deben jugar las municipalidades en la protección de las comunidades históricas.

El equilibrio entre el derecho al desarrollo y la justicia territorial es clave para evitar que las riquezas naturales del país terminen beneficiando a unos pocos en detrimento de quienes han habitado, cuidado y construido tejido social en estas zonas por generaciones.