El cantón de Golfito, en la zona sur de Costa Rica, enfrenta una creciente tensión entre autoridades municipales y sectores de la comunidad, tras la demolición de al menos 15 estructuras en la localidad costera de Pavones. La medida ha generado una fuerte polémica y ha puesto en el ojo público al alcalde Freiner Lara Blanco, quien ahora es blanco de serias acusaciones por parte del diputado David Segura, del partido Nueva República.

Durante una intervención en el plenario legislativo, Segura denunció lo que calificó como un atropello contra vecinos y comerciantes, señalando que las demoliciones se realizaron con base en un plan regulador desactualizado y sin respetar derechos previamente adquiridos. Según el legislador, varias de las estructuras contaban con permisos de construcción emitidos por la misma municipalidad.

“Hoy son 15 familias las que están siendo desalojadas, pero mañana puede ser toda la comunidad”, alertó Segura, quien también cuestionó la posible existencia de actos de corrupción en la alcaldía, al solicitar que la Fiscalía General investigue una supuesta relación irregular entre la administración municipal y la empresa encargada de ejecutar las demoliciones.

Un alcalde bajo fuego político

Freiner Lara Blanco, actual alcalde de Golfito por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), asumió su cargo tras las elecciones municipales con la promesa de reactivar el desarrollo en un cantón históricamente golpeado por el desempleo y la falta de inversión. Golfito, que durante décadas fue un importante polo económico por su relación con la United Fruit Company y, más recientemente, por su Depósito Libre Comercial, ha venido enfrentando retos importantes en materia de ordenamiento territorial, desarrollo costero y servicios públicos.

Sin embargo, la gestión de Lara Blanco ha estado marcada por controversias desde sus primeros meses en la alcaldía. Su decisión de ordenar demoliciones en Pavones —una comunidad conocida por su atractivo turístico y su relación cercana con el surf y el ecoturismo— ha generado una fractura con sectores que sienten que la medida fue autoritaria y sin diálogo suficiente con los afectados.

A pesar de pertenecer al mismo partido político, el diputado Carlos Andrés Robles, también del PUSC y representante de la provincia de Puntarenas, ha expresado su desacuerdo con las decisiones del alcalde, distanciándose públicamente de su actuación. Para el diputado Segura, este hecho refleja la gravedad de la situación: “Hasta su propio diputado lo desautoriza, eso demuestra lo grave y vergonzoso de la situación”.

Llamado a rendir cuentas

El conflicto ha alcanzado niveles institucionales, con la posibilidad de que el alcalde tenga que comparecer ante la Comisión de Puntarenas en la Asamblea Legislativa. El diputado Segura advirtió que, de continuar el silencio de Lara Blanco, solicitará su comparecencia, incluso con el uso de la fuerza pública si fuese necesario.

El futuro inmediato de este caso podría marcar un antes y un después para la administración municipal de Golfito. Mientras tanto, las familias afectadas y los sectores productivos de Pavones esperan respuestas claras y soluciones que les permitan reconstruir no solo sus negocios, sino también la confianza en las instituciones locales.

Golfito, cantón de historia rica pero con desafíos persistentes, enfrenta hoy un momento crucial en la relación entre su gobierno local y la ciudadanía. Lo que está en juego no es únicamente la legalidad de unas construcciones, sino el respeto a la dignidad y al tejido social de toda una comunidad.