La Municipalidad de Puntarenas deberá afrontar el resto del año 2025 con el presupuesto ordinario aprobado para el año anterior, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) improbó —es decir, rechazó oficialmente— el presupuesto extraordinario número 1-2025. La decisión obedece al incumplimiento del plazo legalmente establecido para remitir dicho documento, según lo estipula el artículo 106 del Código Municipal.
Presentación extemporánea
El presupuesto extraordinario había sido aprobado en firme por el Concejo Municipal de Puntarenas el 28 de abril de 2025. No obstante, fue remitido a la Contraloría hasta el 14 de mayo, lo que representa un retraso de un día respecto al plazo máximo permitido por ley, que es de 15 días naturales. La CGR confirmó que transcurrieron 16 días desde la aprobación hasta la recepción del documento, hecho que motivó su rechazo automático.
El Código Municipal es claro en este aspecto: “Los presupuestos extraordinarios de las municipalidades deberán remitirse dentro de los quince días siguientes a su aprobación. Ambos términos serán improrrogables.” Esta normativa busca asegurar una gestión financiera oportuna y transparente, con el debido control por parte del órgano contralor.
Destino de los recursos rechazados
El presupuesto extraordinario presentado por el gobierno local ascendía a ₡4.004,13 millones y tenía como objetivo incorporar recursos provenientes de préstamos de instituciones financieras públicas, así como de superávits acumulados de ejercicios anteriores. Los fondos estaban destinados a financiar gastos en diversas áreas como remuneraciones, adquisición de materiales y suministros, bienes duraderos, servicios, transferencias corrientes y cuentas especiales.
Esta propuesta presupuestaria representaba una herramienta clave para ejecutar programas y proyectos adicionales durante el 2025, particularmente aquellos que no fueron incluidos o cubiertos en el presupuesto ordinario. Sin embargo, al haber sido improbado, estos recursos no podrán ser utilizados, lo cual podría afectar la continuidad de servicios municipales o demorar inversiones proyectadas.
Implicaciones para la gestión municipal
La improbación de un presupuesto extraordinario tiene consecuencias prácticas importantes para la gestión administrativa y operativa del gobierno local. La municipalidad no podrá ejecutar nuevas partidas ni utilizar los recursos adicionales contemplados en el documento rechazado. Esto podría impactar negativamente el cumplimiento de metas en distintas áreas, como infraestructura, servicios comunitarios, programas sociales o mantenimiento urbano.
Además, la situación deja en evidencia una debilidad en los procesos internos de la Municipalidad de Puntarenas, específicamente en la gestión del tiempo y el cumplimiento de requisitos legales ante entes fiscalizadores. La Contraloría ha sido reiterativa en la necesidad de que las municipalidades fortalezcan su planificación presupuestaria y ajusten sus procedimientos para evitar atrasos que comprometan la legalidad y oportunidad del uso de los recursos públicos.
Necesidad de mayor rigurosidad
Este caso subraya la importancia de respetar los procedimientos formales en la administración pública y resalta cómo un descuido en los plazos legales puede repercutir directamente en las finanzas municipales. Aunque se trata de un plazo breve, su carácter improrrogable hace que cualquier omisión, por mínima que sea, se traduzca en un rechazo total del presupuesto.
Para la ciudadanía de Puntarenas, esta situación podría implicar retrasos en proyectos o servicios que estaban previstos con los recursos del presupuesto extraordinario. Por ello, se vuelve fundamental que la administración municipal revise y fortalezca sus mecanismos de control interno y coordinación institucional, con el fin de prevenir que este tipo de errores administrativos afecten el desarrollo local.
Con este precedente, se espera que futuras propuestas presupuestarias sean gestionadas con mayor diligencia, garantizando que los recursos lleguen a tiempo a las comunidades que los necesitan.
