Un reciente informe de la Defensoría de los Habitantes reveló una preocupante realidad: el 61,9% de las municipalidades de Costa Rica no ha habilitado una sala de lactancia materna, incumpliendo con una obligación legal que busca garantizar los derechos laborales y de salud de las mujeres funcionarias.

La investigación, realizada como parte del control de legalidad que ejerce la Defensoría, examinó las condiciones actuales de estos espacios en los 84 gobiernos locales del país. Entre los principales argumentos para justificar esta omisión, las municipalidades señalaron limitaciones de infraestructura (73,6%) y presupuestarias (11,3%).

Pero más allá de los números, este incumplimiento revela un rezago institucional que afecta directamente a las trabajadoras municipales y, por ende, a la equidad de género en el ámbito laboral. Aunque la legislación nacional es clara y firme —mediante el artículo 100 del Código de Trabajo, reformado por la Ley N.° 10211— la mayoría de los gobiernos locales no ha dado pasos concretos para cumplir con esta normativa.

El informe también evidencia que un 59,3% de las municipalidades no ha realizado ninguna gestión administrativa para habilitar una sala de lactancia, y que el 88,2% de las que sí cuentan con una, carecen de normativa interna que regule su uso. Además, más del 85% no ha desarrollado procesos de capacitación sobre lactancia materna ni actividades alusivas a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, lo que evidencia una falta de compromiso con esta causa.

Una deuda con la inclusión y el desarrollo económico

La ausencia de condiciones adecuadas para la lactancia materna no es solo una omisión legal: también representa una barrera para la inclusión efectiva de las mujeres en la fuerza laboral. La habilitación de salas de lactancia es una medida básica que permite a las madres trabajadoras continuar con su desarrollo profesional sin tener que renunciar a su derecho —y el de sus hijos e hijas— a la lactancia.

El desarrollo económico local y nacional pasa necesariamente por la inclusión plena de las mujeres en el mundo del trabajo. Las políticas laborales que protegen la maternidad y promueven ambientes laborales equitativos contribuyen no solo a la salud de la población, sino también a la productividad y al fortalecimiento de los servicios públicos.

Las municipalidades, como instituciones más cercanas a la ciudadanía, tienen una responsabilidad ejemplarizante en esta materia. Garantizar espacios dignos para la lactancia es, además de una exigencia jurídica, una inversión en talento humano y en bienestar social.

Recomendaciones claras

Ante esta situación, la Defensoría de los Habitantes ha emitido recomendaciones concretas: acondicionar o construir salas de lactancia en las municipalidades que aún no las tienen, sin alegar limitaciones presupuestarias; aprobar normativa interna para su uso que contemple aspectos de higiene, acceso y seguridad; capacitar al personal municipal sobre la importancia de la lactancia materna; y conmemorar de manera activa la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en concordancia con la Política Pública de Lactancia Materna vigente.

Cerrar esta brecha no debe ser visto como una carga, sino como una oportunidad para construir instituciones más humanas, inclusivas y eficientes. La equidad de género no se logra solo con discursos: se construye desde acciones concretas, y la habilitación de espacios dignos para la lactancia materna es una de ellas.