Más de 7.000 personas usuarias del transporte público en Puriscal estuvieron a punto de quedarse sin servicio tras el anuncio de la empresa Comtrasuli de abandonar cuatro recorridos locales. La situación, que generó alarma en comunidades como Santa Marta, Zapatón y Bajo Murillo, expone los graves retos que enfrenta el sistema de transporte público en cantones semirurales del Gran Área Metropolitana (GAM), donde las condiciones geográficas, la dispersión poblacional y el rezago tarifario agravan aún más el acceso a servicios básicos.

Ante el anuncio de abandono de rutas por motivos económicos, la Defensoría de los Habitantes abrió una investigación de oficio y solicitó explicaciones urgentes tanto al Consejo de Transporte Público (CTP) como a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Paralelamente, desde la Municipalidad de Puriscal se gestionó una reunión con representantes de ambas entidades para buscar una solución que evitara la interrupción del servicio.

Como resultado de la intervención institucional, la empresa Comtrasuli accedió a continuar ofreciendo el servicio durante un mes adicional, mientras ARESEP tramita un ajuste tarifario que permitiría restablecer la viabilidad financiera de estas rutas. La Intendencia de Transportes confirmó que ya se inició de oficio un estudio técnico con base en datos de demanda y operación, como parte del proceso que conlleva audiencia pública y aprobación oficial.

Un problema estructural que se repite en todo el país

El caso de Puriscal no es aislado. Según datos oficiales, ya suman 103 rutas de autobús abandonadas en distintas zonas del país, afectando especialmente a cantones rurales y semirurales. Las empresas alegan que las tarifas actuales no cubren los costos de operación, mientras que desde ARESEP se señala que muchas operadoras no presentan solicitudes de ajuste como lo exige la ley, ya sea por limitaciones técnicas o administrativas.

Esta falta de actualización tarifaria ha generado un fenómeno de rezago que, según las autoridades reguladoras, contribuye al debilitamiento del sistema. Aun así, la renuncia unilateral de rutas no debería ser una práctica aceptable, pues se deja sin servicio a comunidades que dependen completamente del autobús para acceder a trabajo, educación, salud y trámites esenciales.

El impacto en los cantones semirurales

En cantones como Puriscal, donde muchas comunidades se ubican a distancias considerables del centro urbano y el ingreso promedio es más bajo que en zonas metropolitanas, la pérdida del servicio de transporte público no es solo una molestia, sino una amenaza directa al desarrollo local. La falta de conectividad limita la actividad económica, desalienta el asentamiento de nuevas familias y contribuye al aislamiento social.

Además, el transporte público en estas zonas es fundamental para mujeres, personas mayores y jóvenes que no cuentan con vehículo propio. Por ello, resulta indispensable que las instituciones responsables del sistema nacional de transporte atiendan con urgencia y estrategia la sostenibilidad de los recorridos en zonas de menor densidad poblacional.

Urge una visión integral del transporte público

La situación evidencia la necesidad de una política pública robusta que garantice el acceso equitativo al transporte en todo el país. Para ello, se deben valorar esquemas de subsidio cruzado, apoyos estatales temporales, o la reestructuración del modelo actual de concesión de rutas, especialmente cuando se trate de territorios que por sus características no generan suficiente rentabilidad.

También se requiere mayor capacidad técnica en las empresas para gestionar sus tarifas y responder a los procesos regulatorios, además de un rol más proactivo de los gobiernos locales en el diagnóstico y búsqueda de soluciones junto con el Estado central.

El transporte público no debe medirse únicamente por su rentabilidad económica, sino también por su impacto social y territorial. Garantizar su continuidad en cantones como Puriscal es, más que una medida de emergencia, un compromiso con el desarrollo equitativo y la justicia social en todo el país.