La Defensoría de los Habitantes encendió una seria advertencia al revelar que el 82% de las rutas regulares de autobuses en Costa Rica no están obligadas a presentar un plan de mantenimiento de sus unidades, debido a su condición legal no concesionada. Esta situación deja a cientos de miles de personas usuarias desprotegidas ante riesgos que podrían prevenirse con controles más rigurosos.

De las 632 rutas de autobús existentes en el país, solo 110 cuentan con un contrato de concesión formalmente refrendado por el Estado. El resto —522 rutas— operan bajo figuras provisionales o permisos pendientes, lo que impide al Consejo de Transporte Público (CTP) exigir planes de mantenimiento, un requisito fundamental para garantizar la seguridad mecánica de las unidades.

Un riesgo latente y desatendido

Los incidentes por fuego en autobuses se han multiplicado en los últimos años. Según datos del Cuerpo de Bomberos, en 2023 se registraron 43 incidentes relacionados con incendios en autobuses, de los cuales 27 correspondieron a unidades de transporte público. Sin embargo, el CTP reportó solo 9 casos ese mismo año. Esta brecha evidencia una preocupante desconexión entre las instituciones encargadas del transporte y la atención de emergencias.

El patrón se repitió en 2024, con 32 incendios atendidos por Bomberos (15 en buses de servicio público), frente a apenas 6 reconocidos por el CTP. Además, el procedimiento del CTP frente a estos eventos se limita a enviar una notificación a las empresas sin protocolo definido, ni consecuencias claras, lo cual, según la Defensoría, podría constituir una omisión grave de sus deberes como ente fiscalizador.

Uno de los incidentes más recientes ocurrió en marzo de 2025, cuando un autobús se incendió en ruta a Puntarenas. El conductor logró salir a tiempo, pero la unidad fue consumida por el fuego. Otros casos se han registrado en San José, Alajuela y Limón, algunos con unidades en plena operación con pasajeros a bordo, aunque sin víctimas que lamentar hasta ahora.

Fallas estructurales en la fiscalización

Más allá de los incidentes específicos, el problema es estructural. El CTP, según la Defensoría, carece de mecanismos de inspección preventiva, protocolos de intervención o estrategias de coordinación interinstitucional para abordar el riesgo de incendios en buses. Tampoco tiene un registro histórico completo de los casos, lo que impide analizar causas comunes o corregir fallas recurrentes.

El CTP tampoco ha articulado canales claros para que las personas usuarias puedan denunciar situaciones de riesgo en el transporte público, ni ha desarrollado campañas de sensibilización dirigidas a las empresas operadoras sobre la importancia del mantenimiento preventivo.

En cantones del país donde el transporte público es esencial para la movilidad —sobre todo en zonas fuera del centro de San José— esta situación representa una amenaza directa para comunidades enteras que dependen del autobús para ir al trabajo, al centro de salud o a clases.

Acciones recomendadas por la Defensoría

Para atender esta problemática, la Defensoría recomendó al CTP:

• Crear un protocolo formal para investigar y dar seguimiento a los incendios en unidades de transporte público.
• Establecer mesas de trabajo con la Dirección General de Seguridad Vial, Policía de Tránsito, Cuerpo de Bomberos y aseguradoras para mejorar los controles y compartir información clave.
• Reforzar los controles técnicos en las inspecciones vehiculares sobre aspectos de seguridad y mantenimiento.
• Divulgar información accesible para que las personas usuarias puedan denunciar condiciones inseguras.
• Implementar campañas de concientización y control periódico de unidades en operación.

El CTP respondió a estas recomendaciones y estableció plazos y responsables para cada una, por lo que la Defensoría dará seguimiento para verificar su cumplimiento.

El desafío para los gobiernos locales

Este tema también interpela a los gobiernos municipales, especialmente en los cantones donde las rutas de autobús son la única alternativa de transporte colectivo. Si bien la regulación recae sobre instancias nacionales, los municipios pueden colaborar activamente como puente entre las comunidades y las instituciones del Estado, canalizando denuncias, promoviendo la fiscalización local y exigiendo condiciones dignas de servicio.

La seguridad en el transporte público no puede depender de la buena voluntad de las operadoras. Requiere un marco regulatorio coherente, actualizado y obligatorio para todas las rutas, sin excepciones. Solo así se puede garantizar que un trayecto cotidiano no se convierta en una emergencia evitable.