La reciente resolución de la Sala Constitucional confirmó que la inclusión de las municipalidades dentro del marco normativo de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N.° 9635) no representa una violación a su autonomía, abriendo así paso a la aplicación plena del régimen de empleo público en los gobiernos locales. Esta decisión pone fin a una disputa legal que reflejaba resistencias históricas por parte de sectores municipales ante cambios en la estructura salarial y la gestión del desempeño laboral.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada contra la inclusión explícita de las municipalidades en el artículo 26 de la mencionada ley, al considerar que se imponía un esquema centralizado sin consultar ni coordinar con los gobiernos locales. Sin embargo, en su resolución 2025-018696, la Sala IV concluyó que los alegatos no demostraron una afectación real al principio de autonomía consagrado en los artículos 169, 170 y 175 de la Constitución Política.

Una autonomía dentro del marco estatal

El fallo subraya que la autonomía municipal es de tipo “grado dos”, lo que significa que si bien los gobiernos locales gozan de capacidad para administrar sus propios recursos y competencias, esta se ejerce dentro del marco normativo general del Estado. Así, la Sala estableció que el legislador está facultado para emitir normas generales sobre empleo público que también abarquen al régimen municipal, siempre que no anulen las funciones esenciales de estos entes.

Uno de los puntos centrales del debate fue la estandarización de salarios y la implementación de evaluaciones de desempeño en el sector público, medidas que buscan corregir asimetrías históricas entre instituciones y controlar el gasto público, especialmente en tiempos de ajuste fiscal.

¿Por qué algunas municipalidades se oponían?

Durante los últimos años, varios gobiernos locales han expresado su rechazo a la aplicación de la Ley N.° 9635 por considerar que atenta contra su capacidad de autogestión. El argumento común ha sido que las nuevas regulaciones afectan su libertad para definir estructuras salariales y administrativas acordes a su realidad territorial. Sin embargo, en la práctica, esta resistencia también ha servido —en muchos casos— para mantener esquemas salariales desproporcionados, con altos pluses, duplicidades de funciones y ausencia de controles efectivos sobre el rendimiento laboral.

Al rehusarse a implementar la normativa, algunas municipalidades retrasaron procesos de armonización del empleo público y, en ciertos casos, expusieron sus presupuestos a riesgos financieros por el crecimiento desmedido de las planillas. Esta posición no solo generó tensiones con la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda, sino que también obstaculizó los esfuerzos nacionales para ordenar el gasto público de forma equitativa y responsable.

Consecuencias de la resistencia

La falta de adopción de la ley ha traído consecuencias negativas para varias municipalidades:

• Riesgo de sanciones presupuestarias: La no implementación de medidas de control salarial podría afectar la aprobación de presupuestos futuros por parte de la Contraloría.
• Pérdida de credibilidad institucional: Los cuestionamientos públicos y de entes de control han debilitado la confianza ciudadana en la eficiencia de los gobiernos locales.
• Desigualdades laborales internas: En ausencia de un régimen unificado, se han generado diferencias significativas en salarios por funciones similares entre distintas municipalidades, e incluso dentro de una misma institución.

Una oportunidad para fortalecer la gestión local

Con el fallo de la Sala IV, ya no hay ambigüedad: las municipalidades están obligadas a someterse al régimen de empleo público establecido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esto no debería verse como una amenaza a la autonomía, sino como una oportunidad para avanzar hacia una gestión más técnica, transparente y alineada con las necesidades del país.

Para los gobiernos locales, el reto está en implementar los cambios de forma ordenada, sin perder de vista su responsabilidad con las comunidades que representan. Garantizar la eficiencia del gasto, profesionalizar su personal y asegurar la equidad salarial son pasos clave hacia una administración municipal más moderna, justa y sostenible.