Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló serias debilidades en los procesos de reclutamiento y selección de policías municipales en los cantones de Barva, Flores, Heredia, Limón, San Carlos y Santa Cruz. El estudio, realizado en conjunto con las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de estos gobiernos locales, pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar la integridad y profesionalismo en las fuerzas policiales locales.

La CGR advierte que, si bien 31 municipalidades en el país ofrecen el servicio de policía municipal, solo un pequeño grupo ha implementado adecuadamente medidas de control y evaluación del riesgo institucional. Esta situación, lejos de ser un problema técnico, plantea riesgos serios para la seguridad ciudadana y la confianza pública en las autoridades locales.

Fallas estructurales en el proceso de contratación

El informe, identificado como DFOE-LOC-SGP-00001-2025, concluye que los procesos actuales presentan “vulnerabilidades significativas” debido a la ausencia de controles robustos, manuales actualizados y criterios homogéneos de evaluación de candidatos. La falta de estandarización abre la puerta a decisiones arbitrarias, posibles conflictos de interés y contrataciones sin la debida idoneidad profesional y ética.

Por ejemplo, algunas municipalidades no aplican periodos de prueba a nuevos oficiales, a pesar de ubicarse en cantones con altos índices de criminalidad, como es el caso de Limón. En otras, como Barva, se identificó que los oficiales son contratados sin plazas fijas reflejadas en el presupuesto, lo que pone en duda la sostenibilidad del servicio y la estabilidad del personal.

Asimismo, ninguna de las seis municipalidades evaluadas ha implementado el registro de personas inelegibles establecido en el Reglamento a la Ley Marco de Empleo Público, una omisión que limita la posibilidad de filtrar aspirantes con antecedentes disciplinarios o legales.

Riesgos de integridad y débil control interno

Un aspecto medular del informe es la gestión del riesgo institucional. La Contraloría identificó una aplicación desigual del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). Aunque cuatro municipalidades aplican esta herramienta de forma anual, solo dos identifican riesgos concretos en el reclutamiento de personal policial, y únicamente una utiliza esos resultados para orientar decisiones.

Este bajo nivel de aprovechamiento del SEVRI evidencia la necesidad de fortalecer la cultura organizacional en torno a la prevención, la integridad y el control interno. La Ley General de Control Interno (n.° 8292) y las Normas de Control Interno del Sector Público exigen que los jerarcas municipales lideren este proceso de forma proactiva y sistemática, lo que en muchos casos no está ocurriendo.

Ausencia de participación ciudadana y transparencia

El informe también señala una preocupante desconexión entre la comunidad y sus cuerpos policiales municipales. Ninguna de las municipalidades evaluadas dispone de canales formales para quejas o sugerencias ciudadanas respecto a la actuación de los oficiales. Esta falta de mecanismos participativos debilita la legitimidad de las policías municipales y reduce el control democrático sobre su desempeño.

En un momento donde la ciudadanía exige más transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, resulta inaceptable que estas instancias locales no estén generando espacios de retroalimentación ni promoviendo una vigilancia ciudadana efectiva.

Buenas prácticas que podrían ser replicadas

Pese al panorama general, la Contraloría reconoció algunas buenas prácticas desarrolladas en varias de estas municipalidades que podrían servir de modelo para otras. Entre ellas destacan:

• La verificación de autenticidad de los documentos presentados por los candidatos.
• El control del permiso de portación de armas.
• La revisión por muestreo de expedientes cuando el volumen es alto.
• La comunicación fluida entre las auditorías internas y la administración municipal para corregir debilidades de forma oportuna.

También se valoró positivamente el trabajo conjunto entre las Unidades de Auditoría Interna, lo cual permitió compartir metodologías, identificar debilidades comunes y proponer soluciones de forma colaborativa.

Fortalecer la policía municipal desde la base

El estudio deja claro que el problema no es la existencia de la policía municipal, sino la forma en que se está gestionando su integración. Para tener cuerpos policiales eficientes, éticos y respetados, se requiere más que voluntad: se necesita un sistema sólido de planificación, control, evaluación de riesgos y participación ciudadana.

El fortalecimiento de la policía municipal debe ser visto como parte esencial del desarrollo cantonal. Los oficiales municipales, al estar más cercanos a la comunidad, juegan un papel clave en la prevención del delito, la mediación de conflictos y la vigilancia de los espacios públicos. Pero esta cercanía también exige altos estándares de integridad y profesionalismo, que solo pueden garantizarse mediante procesos de selección rigurosos y transparentes.

La CGR hace un llamado a todos los gobiernos locales del país para que analicen este informe como una herramienta preventiva y de mejora. La experiencia de los seis cantones evaluados ofrece lecciones valiosas sobre lo que se debe corregir y lo que se puede replicar. La policía municipal no debe convertirse en un riesgo para la institucionalidad, sino en un pilar de confianza ciudadana y servicio público de calidad.