El conflicto por el acceso libre a Playa Mantas y Playa Blanca, en el cantón de Garabito, vuelve al centro del debate nacional. Esta vez, por una advertencia directa del alcalde Francisco González al Club Punta Leona: si no se elimina la infraestructura que impide el paso a las playas antes del 9 de julio, el gobierno local actuará por su cuenta para restablecer el derecho de acceso público.

La disputa, que se arrastra desde hace años, toma un nuevo giro tras una inspección liderada por el propio alcalde, quien asegura que existen construcciones levantadas sobre terreno público, como terrazas, baños, un restaurante e incluso un muro que llega hasta donde golpea la marea alta. González afirma contar con resoluciones previas que obligan a abrir el paso, amparado en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.° 6043), que garantiza que los primeros 50 metros desde la marea alta sean de uso público y libre acceso para todas las personas.

“Si no lo hago, estoy incumpliendo mi mandato”, sostuvo González durante una entrevista con El Observador, reafirmando que no se requieren procesos judiciales para liberar lo que —según su interpretación— es un bien público usurpado.

Por su parte, Punta Leona Beach Club & Nature Resort rechaza tajantemente las acciones del municipio. La empresa sostiene que las edificaciones en disputa se encuentran en propiedad privada y que cualquier intento de ingreso o demolición sin un proceso judicial constituiría una violación al artículo 45 de la Constitución Política. Incluso advirtió que quienes participen de tales actos podrían enfrentar consecuencias civiles, penales y administrativas.

Gentrificación y falta de control estatal: un problema creciente

El caso de Punta Leona no es un hecho aislado. En distintas regiones costeras del país, comunidades denuncian un patrón creciente de “privatización de facto” de playas a través de desarrollos turísticos de alto nivel. Este fenómeno responde a un proceso de gentrificación que, sin suficiente fiscalización del Estado, transforma espacios públicos en entornos cerrados al uso exclusivo de élites o turistas con alto poder adquisitivo.

En Garabito, como en otras zonas costeras, proyectos turísticos se han expandido sobre terrenos colindantes con la franja marítimo-terrestre. En algunos casos, los accesos tradicionales han sido bloqueados, desincentivando la llegada de pobladores locales o visitantes nacionales. El resultado es una contradicción entre la ley —que consagra el acceso libre— y la realidad sobre el terreno, donde barreras físicas y económicas limitan ese derecho.

La gentrificación no solo restringe el acceso físico a las playas, sino que encarece el costo de vida, presiona a las comunidades locales y desplaza a los sectores más vulnerables. Este fenómeno, además, se agrava por la falta de fiscalización efectiva de las autoridades estatales y municipales, que en muchos casos no reaccionan a tiempo o carecen de herramientas para intervenir con fuerza legal.

¿Quién defiende el derecho al mar?

El artículo 18 de la Ley 6043 establece con claridad que las playas son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles. Sin embargo, en la práctica, su defensa queda muchas veces en manos de comunidades, activistas o, como en este caso, autoridades locales que deciden asumir un rol más proactivo frente a los intereses privados.

Francisco González ha reiterado que su intención no es invadir propiedad privada, sino restituir el acceso a espacios públicos bloqueados, aun si eso implica ingresar a terrenos del Club. El alcalde señala que existen caminos públicos que fueron cercados o modificados para uso exclusivo del desarrollo turístico, lo cual justificaría una intervención municipal sin requerimiento judicial.

Por el momento, el Club Punta Leona mantiene su posición de no remover ninguna estructura sin un proceso legal que así lo ordene. Y aunque el alcalde concedió un plazo hasta el 9 de julio, advirtió que si no se cumple con liberar los accesos, el municipio actuará de manera directa al día siguiente.

Un llamado a la acción del Estado

Este conflicto reaviva un debate mayor: la ausencia de una política nacional efectiva para garantizar el acceso libre a las playas. Aunque la normativa es clara, su cumplimiento es irregular y muchas veces depende de la voluntad política de los gobiernos locales.

Además, la falta de registros catastrales precisos, inspecciones técnicas constantes y coordinación entre instituciones como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y las municipalidades, favorece la expansión desordenada del capital inmobiliario privado sobre zonas costeras públicas.

El caso de Garabito puede sentar un precedente importante si logra movilizar acciones concretas para garantizar el derecho de todas las personas a acceder al mar. En última instancia, más que un pleito legal, se trata de una disputa por el uso y sentido del territorio: si las playas costarricenses seguirán siendo espacios abiertos y compartidos, o si se convertirán en enclaves exclusivos protegidos por cercas y controles de acceso.