La empresa canadiense Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. ha iniciado un proceso de arbitraje internacional contra el Estado costarricense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el marco del tratado de protección de inversiones entre Canadá y Costa Rica. El motivo: una serie de decisiones de las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro que, según la firma, han impedido el avance de proyectos clave para la gestión de residuos en el país.

El caso, sin embargo, trasciende lo jurídico y revela una problemática estructural que amenaza con volverse insostenible: una inminente crisis en el manejo de los residuos sólidos del Gran Área Metropolitana (GAM), alimentada por la falta de planificación territorial, disputas institucionales y una fiscalización ambiental fragmentada.

Gestión de residuos al borde del colapso

EBI, que opera tres Parques de Tecnología Ambiental (PTA) en el país y asegura tratar cerca del 65% de los residuos generados a nivel nacional, advierte que el cierre proyectado del relleno sanitario en La Uruca —previsto para finales de este año— podría agravar la situación si no se habilitan nuevos espacios para el tratamiento de desechos.

La empresa asegura que ha cumplido con todos los requisitos legales y ambientales para desarrollar nuevos proyectos en Turrúcares de Alajuela y en Montes de Oro, Puntarenas, pero sostiene que decisiones arbitrarias de las autoridades locales —incluyendo revocación de permisos y procesos judiciales en curso— les han impedido avanzar.

El gerente general de EBI en Costa Rica, Julien Charbonneau, declaró que la empresa ha sido víctima de una “expropiación de facto” y que podrían enfrentar pérdidas superiores a los $125 millones si el Estado no garantiza un entorno de inversión estable.

Por su parte, las municipalidades alegan irregularidades en los permisos de uso de suelo y cuestionan la legalidad de su otorgamiento inicial. El alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, ha sido enfático en que el proyecto en Turrúcares está judicializado y que la Municipalidad actuará conforme a la ley y junto a las comunidades locales, que han mostrado un fuerte rechazo a la construcción del relleno sanitario en la zona.

Un reflejo del caos institucional y del poder territorial

Este caso evidencia cómo la descoordinación entre los distintos niveles del Estado, la debilidad en la planificación territorial y el poder fragmentado de las municipalidades pueden frenar proyectos esenciales para la salud pública y el ambiente. La gestión de residuos, lejos de ser una prioridad articulada, se ha convertido en un campo de batalla político, legal y técnico, donde las decisiones se paralizan por conflictos entre intereses empresariales, comunidades locales, gobiernos locales y el Ejecutivo.

La situación de EBI ilustra también las dificultades para hacer cumplir políticas ambientales en un entorno en que el desarrollo urbano ha avanzado sin una visión de sostenibilidad clara. Mientras crecen las urbanizaciones, centros comerciales y complejos turísticos, la infraestructura pública para el tratamiento de desechos sigue estancada, subdimensionada o enfrentando resistencia social.

¿Una crisis inevitable?

Costa Rica enfrenta una paradoja. Por un lado, promueve un discurso internacional de sostenibilidad y respeto ambiental; por otro, lidia con una crisis silenciosa en el manejo de residuos, donde las soluciones técnicas y legales se ven empantanadas por decisiones administrativas, conflictos políticos y falta de voluntad para modernizar la gestión pública.

Si el Parque de Tecnología Ambiental en La Uruca cierra sin que existan alternativas habilitadas, la recolección de residuos en la GAM podría verse gravemente afectada. A esto se suma que muchas municipalidades carecen de planes locales actualizados para la disposición final de residuos, dependiendo de pocos operadores y sitios de tratamiento que ya están cerca de su capacidad máxima.

La reacción del Gobierno ha sido cauta. El Ministerio de Comercio Exterior ha reconocido la notificación de “intención de demanda” por parte de EBI, lo que abre un proceso de diálogo formal entre las partes. Sin embargo, la defensa del Estado se verá obligada a equilibrar el respeto al derecho internacional con la autonomía municipal y la presión de las comunidades organizadas que, en casos como el de Turrúcares, se oponen tajantemente a la instalación de rellenos sanitarios en sus territorios.

¿Qué está en juego?

Más allá del litigio internacional y de las millonarias indemnizaciones que podría enfrentar el Estado, lo que está en juego es la capacidad del país para garantizar un servicio esencial como la gestión de residuos en un contexto de creciente urbanización, fragmentación territorial y conflictos ambientales.

Si no se logran soluciones concretas y consensuadas, tanto en la GAM como en las zonas costeras, Costa Rica podría ver comprometido no solo su reputación ambiental, sino también la calidad de vida de millones de personas. El desafío es claro: el Estado, en todos sus niveles, debe retomar el control del territorio, garantizar el acceso equitativo a bienes públicos y planificar con visión de futuro, antes de que la basura —o las cercas en la playa— nos ahoguen.