Según un reciente estudio de Juniper Research, se estima que para 2028 una cuarta parte de la población mundial utilizará servicios de movilidad compartida, impulsada en gran parte por la integración de soluciones de micromovilidad como bicicletas y patinetas eléctricas. Este crecimiento representa una oportunidad clave para los gobiernos locales de Costa Rica, particularmente en la Gran Área Metropolitana (GAM), donde los retos de congestión, contaminación y saturación del transporte público siguen siendo apremiantes.
El informe proyecta un incremento del 46 % en la cantidad de usuarios globales de movilidad compartida, pasando de 1.400 millones en 2025 a más de 2.000 millones en 2028. Uno de los motores principales de esta expansión es la incorporación de servicios de micromovilidad dentro de plataformas de transporte bajo demanda, como las apps de transporte compartido, lo que facilita traslados más flexibles, ágiles y sostenibles en zonas urbanas densas.
Sin embargo, el estudio también advierte que la falta de integración entre estas plataformas privadas y los sistemas públicos de transporte ha limitado su verdadero potencial como solución multimodal. Por ello, se insiste en la necesidad de alianzas público-privadas para lograr una red coordinada y eficiente que priorice al usuario por encima de la competencia entre marcas.
En el contexto costarricense, esta tendencia global podría ser una vía para modernizar el sistema de transporte urbano sin depender exclusivamente del modelo concesionado actual. Una propuesta que merece consideración es la creación de empresas municipales de capital mixto, donde las municipalidades del GAM —como San José, Heredia, Alajuela, Cartago, Montes de Oca y Curridabat— puedan asociarse con el sector privado para desarrollar e implementar servicios de micromovilidad.
Estas alianzas permitirían, por ejemplo, establecer flotillas de bicicletas y patinetas eléctricas disponibles mediante aplicaciones móviles, con estaciones en puntos estratégicos como paradas de buses, estaciones de tren, centros educativos y edificios municipales. Al estar gestionadas desde una estructura mixta, se garantizaría un mejor control del servicio, tarifas justas, mantenimiento adecuado de los equipos y un enfoque territorial que responda a las necesidades específicas de cada cantón.
Además, una empresa municipal de micromovilidad podría contribuir a reducir el uso de vehículos particulares para trayectos cortos, que en el caso de San José representan una parte significativa de la congestión vial. También ayudaría a democratizar el acceso a medios de transporte más limpios, en línea con los compromisos ambientales del país y con una visión más sostenible del desarrollo urbano.
El informe completo de Juniper Research se puede consultar en el siguiente enlace:
🔗 www.juniperresearch.com/resources/free-research/shared-mobility-for-use-not-ownership
Con una planificación adecuada y voluntad política, la micromovilidad compartida puede pasar de ser una tendencia global a una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades.
