El Concejo Municipal del cantón Central de San José aprobó, la noche del martes 26 de agosto de 2025, una moción para declarar emergencia cantonal en materia de seguridad. La decisión salió por mayoría, con un voto en contra, e instruye a la Municipalidad a ejecutar acciones inmediatas durante los próximos tres meses, en coordinación con otras instituciones del Estado. En la misma sesión, el Concejo avaló por unanimidad otra moción para extender la cobertura de la Policía Municipal a los 11 distritos del cantón.

La iniciativa partió de la regidora Iztarú Alfaro (PLN), quien días antes había pedido declarar la emergencia y exigir a la Alcaldía un plan integral con presupuesto, tecnología, nuevas plazas policiales y articulación interinstitucional. En su planteamiento, Alfaro se apoyó en cifras del OIJ y en el “señalamiento internacional” de que San José figura entre ciudades con alta inseguridad, además de enumerar delitos que golpean a los barrios capitalinos (asaltos, violencia intrafamiliar, narcomenudeo y maltrato animal).

Lo que dicen los datos (y lo que no)

El debate público se ha llenado de números, pero no todos hablan de lo mismo. No es igual el cantón Central que la provincia de San José. Un análisis de La Nación con base en registros del OIJ reportó 83 homicidios en el cantón entre el 1.º de enero y el 16 de agosto de 2025, una frecuencia que ronda un asesinato cada tres días, mientras que la provincia acumulaba 181 en ese mismo corte. Mezclar escalas territoriales distorsiona la discusión y puede inflar —o minimizar— el diagnóstico.

Por otra parte, Alfaro citó que los homicidios en San José crecieron 57% en los primeros meses del año respecto a 2024; esa afirmación está documentada en su propia moción y fue difundida por ElMundo.cr. Conviene precisarlo: esa variación corresponde al periodo y al recorte que usa la regidora; no sustituye la necesidad de mirar series más largas, tasas por población y diferencias entre cantón y provincia.

¿Qué habilita realmente una “emergencia cantonal”?

La etiqueta “emergencia” tiene un fuerte impacto simbólico, pero en lo operativo la seguridad pública es una competencia nacional (Fuerza Pública, OIJ). A nivel local, la declaratoria puede acelerar compras y contrataciones si la administración acredita “situaciones calificadas de urgente”, amparada en el artículo 166 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública (procesos de urgencia). Esto puede servir para adquirir cámaras, radios, software, vehículos o reforzar servicios comunitarios, siempre con sustento técnico, límites de legalidad y control posterior.

Capacidad instalada: promesas, recursos y tiempos

En las últimas semanas, el gobierno local ha mostrado señales de fortalecimiento: anunció 35 nuevos oficiales para la Policía Municipal y un Centro de Vigilancia cuya construcción se financiaría con una donación de la Embajada de Estados Unidos. Son pasos relevantes, aunque aún insuficientes para cubrir 11 distritos con patrullaje, monitoreo 24/7 y respuesta oportuna. El reto ahora es convertir la declaratoria en capacidad operativa sostenible (turnos, mantenimiento, capacitación, combustible, licencias tecnológicas) y en prevención social, no solo en despliegue policial.

Tres preguntas clave para evaluar si esto funciona

1. ¿Qué metas medibles tendrá el plan? La moción pide un plan integral; el Concejo y la Alcaldía deberían fijar indicadores concretos y públicos: reducción de homicidios y asaltos por distrito, tiempos de respuesta, denuncias atendidas, percepción de seguridad y recuperación de espacios públicos. Sin métricas, la emergencia se queda en titular.
2. ¿Cómo se evitarán cuellos de botella en compras rápidas? Los procedimientos de urgencia permiten actuar ágilmente, pero exigen justificación y controles. Publicar expedientes, cronogramas y costos —y usar compras estandarizadas— reduce riesgos de sobreprecio o adquisiciones que luego quedan ociosas.
3. ¿Cómo se coordinará con el nivel nacional? La expansión de la Policía Municipal sin sincronía con Fuerza Pública y OIJ puede generar duplicidades. La evidencia comparada muestra que la tecnología (CCTV, analítica, lectores de placas) solo rinde si hay protocolos de uso, mantenimiento y centros de mando integrados.

Prevención: la pieza que define el largo plazo

La evidencia local y regional es consistente: más patrullas sin prevención social produce ganancias cortas y costos crecientes. La propia moción habla de programas preventivos; eso debe traducirse en intervenciones barriales (oportunidades para jóvenes en riesgo, atención a consumo problemático, rutas seguras, iluminación y urbanismo táctico) alineadas con los mapas del delito del OIJ. La pregunta es si la Municipalidad presupuestará esas líneas y con quién las ejecutará (Mep, IMAS, IAFA, INA, ONG barriales).

Lo que viene

El Concejo ya dio un plazo de tres meses para ver medidas en marcha. En paralelo, aprobó llevar la Policía Municipal a todos los distritos. De aquí a noviembre, MuniNoticias.CR deberá mirar tres tableros:

• Cumplimiento del plan (hitos, compras, contrataciones y patrullaje).
• Resultados tempranos (denuncias, homicidios y asaltos por distrito).
• Transparencia (informes públicos de gasto y coordinación interinstitucional).