A partir del 1° de septiembre, las 84 municipalidades del país deberán aplicar el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en servicios que hasta ahora estaban exentos, como el suministro de agua potable, cementerios, parqueos municipales y alquiler de locales en mercados cantonales. La medida fue confirmada por el Ministerio de Hacienda como parte de la ruta hacia la consolidación fiscal.

Hasta ahora, los servicios municipales quedaban fuera del régimen tributario en estos rubros, lo que les daba un trato diferenciado frente a proveedores privados que sí debían cobrar el impuesto. Con el cambio, se busca homologar las condiciones del mercado y ampliar la base de contribuyentes.

Un refuerzo a la caja fiscal

Aunque Hacienda no ha publicado una proyección oficial, la magnitud del impacto puede estimarse a partir de datos públicos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reporta que alrededor de 600.000 hogares reciben agua potable a través de municipalidades. Si cada hogar paga en promedio ¢15.000 mensuales, el recargo del 13% significaría más de ¢1.400 millones adicionales cada mes, es decir, cerca de ¢17.000 millones al año solo por el servicio de agua.

A esto se suman los ingresos generados por parqueos municipales y alquileres en mercados cantonales. En el caso de un local de ¢100.000 al mes, el IVA elevará el pago a ¢113.000. En conjunto, estos rubros podrían representar varios miles de millones más en recaudación anual para el fisco.

El dinero no quedará en las arcas municipales, ya que debe trasladarse directamente al Ministerio de Hacienda. Esto significa que los gobiernos locales funcionarán como recaudadores, sin aumentar su propio presupuesto, pero sí con la responsabilidad de aplicar correctamente el impuesto.

Impacto en los ciudadanos

Para los hogares, el efecto se sentirá de manera inmediata en el bolsillo. Un recibo de agua de ¢15.000 pasará a ¢16.950, mientras que una hora de parqueo que hoy cuesta ¢600 subirá a ¢678. Aunque los aumentos parecen pequeños de forma individual, al acumularse mes a mes representan un gasto fijo adicional.

Los comerciantes en mercados cantonales también verán encarecidos los costos de operación. El riesgo, advierten economistas, es que estos incrementos se trasladen a los consumidores finales, lo que afectaría sobre todo a las familias de ingresos bajos y a pequeños negocios que dependen de la infraestructura municipal.

Una medida con defensores y detractores

Expertos en materia tributaria sostienen que este cambio es necesario para mejorar la recaudación y cumplir con los compromisos fiscales del país. En contraste, asociaciones de consumidores y cámaras de pequeños comerciantes temen que la medida aumente la presión económica en sectores vulnerables.

Lo cierto es que, a nivel macroeconómico, el IVA en servicios municipales podría significar una inyección cercana a los ¢20.000 millones anuales al erario nacional, monto que contribuirá a reducir el déficit fiscal y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.