El futuro del Plan Regulador de Escazú sumó un nuevo capítulo con la aprobación de un acuerdo municipal que combina la labor técnica de la Oficina del Plan Regulador con la Comisión del Plan Regulador, garantizando así la participación ciudadana en el proceso de planificación territorial.

La decisión se tomó la noche del martes en sesión del Concejo Municipal, tras una mesa de negociación celebrada el viernes anterior con los siete regidores propietarios, promovida por el alcalde Orlando Umaña Umaña y el vecino Miguel León. Según informó la Municipalidad en sus redes sociales, el acuerdo busca atender las demandas de distintos sectores organizados que reclamaban voz activa en la elaboración del plan.

La presión del movimiento cívico

La medida se da después de semanas de tensión y protestas por parte del Movimiento Cívico pro Comisión de Plan Regulador, conformado por asociaciones de desarrollo, grupos de mujeres organizadas, ambientalistas, vecinos y representantes de partidos políticos. Este bloque ha insistido en que el plan regulador no puede limitarse a un proceso técnico, sino que debe incorporar a la ciudadanía en todas sus fases: diagnóstico, zonificación, prevención de desastres, protección ambiental y diseño de espacios comunitarios frente a la presión inmobiliaria que vive el cantón.

Dictamen jurídico expuso vacíos en la oficina

La disputa se intensificó luego de que cinco regidores impulsaran el pasado 29 de julio una moción para eliminar la Comisión del Plan Regulador y trasladar toda la responsabilidad a la Oficina del Plan Regulador. Sin embargo, el dictamen jurídico C-AJ-29-2025 de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo cuestionó esta decisión:

• Señaló que la oficina no existe formalmente en la estructura administrativa de la municipalidad, carece de personal asignado y no tiene presupuesto propio.
• Recordó que la Ley de Planificación Urbana (artículo 59) permite que el plan regulador se gestione mediante una junta, una comisión o una oficina técnica, pero en el caso de Escazú desde 2003 se optó por una comisión con participación ciudadana.
• Destacó que la verdadera participación requiere involucrar a vecinos y organizaciones en todas las fases del proceso, no únicamente en audiencias públicas.

Este señalamiento reforzó los reclamos del movimiento ciudadano, que advertía un retroceso democrático y un debilitamiento del control vecinal sobre un instrumento clave para el ordenamiento territorial.

Antecedentes de un proceso accidentado

El Concejo de Escazú había acordado en octubre de 2024 la conformación de la Comisión del Plan Regulador para el periodo 2024–2028, de acuerdo con un reglamento aprobado en 2018. La elección de los representantes ciudadanos se hizo mediante asambleas distritales ampliadas, junto con la designación de miembros de la administración y del Concejo.

Sin embargo, apenas dos días antes de que la comisión reiniciara sus labores, cinco regidores votaron a favor de suspenderla, lo que provocó el actual enfrentamiento político y social. Para los vecinos, la decisión representaba un golpe a casi dos décadas de esfuerzos por mantener espacios de participación formalizados en el gobierno local.

El nuevo acuerdo: ¿consenso real o salida temporal?

Con el acuerdo del martes, se restituye el rol de la comisión pero se mantiene la Oficina del Plan Regulador como soporte técnico. En teoría, se trata de un modelo híbrido que pretende dar eficiencia administrativa sin sacrificar la voz de la ciudadanía.

Aun así, persisten dudas. Organizaciones comunales y ambientales han señalado que la clave no está solo en tener una comisión, sino en garantizar que sus aportes sean vinculantes y respetados en la práctica. También reclaman que se aseguren recursos suficientes para que tanto la oficina como la comisión puedan cumplir sus funciones sin convertirse en instancias decorativas.

El trasfondo político

La controversia no puede desligarse del contexto electoral y de la fuerte presión inmobiliaria en Escazú. El exalcalde Arnoldo Barahona ya había advertido que el Plan Regulador no debía ser usado como “vitrina política”, mientras que sectores vecinales denuncian que los intentos de reducir la participación responden a intereses de desarrolladores.

El alcalde Orlando Umaña, por su parte, ha defendido los avances de la Oficina del Plan Regulador, señalando que en tres años se lograron cuatro actualizaciones con la participación de más de 600 personas en audiencias públicas y consultas digitales. Sin embargo, la ciudadanía organizada sostiene que escuchar no es lo mismo que decidir, y que la verdadera participación pasa por incidir en las etapas de diagnóstico y diseño, no únicamente en observaciones finales.

Un reto para la gobernanza local

El desenlace de esta disputa marcará la ruta del ordenamiento en Escazú durante los próximos años. El acuerdo alcanzado puede interpretarse como una victoria parcial del movimiento ciudadano, pero también como un intento de evitar una confrontación más profunda que podía llegar hasta la Sala Constitucional.

El verdadero desafío será convertir este pacto en un ejercicio de gobernanza efectivo, donde la técnica municipal y la participación social no se anulen entre sí, sino que se complementen para enfrentar los problemas de un cantón con una de las mayores presiones urbanísticas y ambientales del país.