El vicepresidente del Concejo Municipal de Puntarenas, Mario Rodríguez, interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), al que responsabiliza por el vertido de aguas residuales sin tratamiento en el estero de la ciudad.

Rodríguez señaló que, a pesar de que el AyA administra el sistema de alcantarillado y cobra una tarifa a los usuarios, Puntarenas carece de planta de tratamiento y de un sistema de bombeo que asegure el manejo adecuado de las aguas servidas. Actualmente, las descargas —que incluyen aguas negras, detergentes, grasas y compuestos industriales— llegan directamente al estero, lo que, según el recurso, vulnera derechos fundamentales como la salud, la vida y el acceso a un ambiente sano.

Impactos ambientales, sanitarios y económicos

La acción presentada ante la Sala IV enfatiza tres consecuencias graves de esta situación:

• Ambientales: deterioro del ecosistema marino-costero.
• Sanitarios: riesgo de enfermedades gastrointestinales, dérmicas y respiratorias.
• Socioeconómicos: afectación al turismo, la pesca y la calidad de vida en el cantón.

El recurso solicita a los magistrados ordenar al AyA detener los vertidos contaminantes, iniciar la construcción de una planta de tratamiento y establecer medidas de recuperación ambiental.

Denuncia ante el Ministerio de Salud

Paralelamente, Rodríguez presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Salud, dirigida a la ministra y vicepresidenta de la República, Mary Munive, para que se adopten medidas inmediatas en el marco de sus competencias. Recordó que la propia jerarca había advertido públicamente que “la contaminación en Puntarenas debe parar”.

En su comunicación oficial, Rodríguez calificó esta situación como “el problema ambiental y sanitario más grave que enfrenta la ciudad” y pidió que el Ministerio ordene al AyA ejecutar el sistema de tratamiento que la comunidad espera desde hace décadas.

Un conflicto de larga data

La descarga directa de aguas residuales al estero porteño es un problema histórico. A pesar de los reclamos de la ciudadanía, hasta la fecha no se han ejecutado las obras necesarias para resolverlo.

La acción del vicepresidente municipal se suma a otros recursos presentados en la Sala Constitucional contra el AyA en relación con proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), cuestionados por falta de financiamiento y retrasos.

En diciembre pasado, la Sala IV ordenó a la presidencia ejecutiva y a la gerencia general del AyA presentar un informe sobre el estado de estos proyectos y las acciones previstas para darles continuidad. El incumplimiento de esos compromisos, según denuncias sindicales, ha provocado el abandono de obras y la persistencia de focos de contaminación en varias comunidades del país.

Puntarenas exige soluciones

Desde la municipalidad se respaldó la gestión de Rodríguez, destacando que la ciudadanía merece un estero limpio y saludable, libre de la contaminación que por años ha afectado el ambiente, la salud y el desarrollo económico local.

Con este recurso, se espera que tanto la Sala Constitucional como el Ministerio de Salud obliguen al AyA a cumplir con su responsabilidad y que se concrete, finalmente, la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales que Puntarenas ha reclamado por décadas.