El conflicto por el suministro de agua potable al proyecto de vivienda La Esperanza, en San Miguel de Naranjo, alcanzó su punto más alto este fin de semana, cuando funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con apoyo de la Fuerza Pública, realizaron la conexión al acueducto municipal a pesar de la oposición de las autoridades locales.

La Municipalidad de Naranjo calificó la acción como un “acto ilegal” y una “grave violación a la autonomía municipal”, mientras que el Gobierno central sostiene que actuó conforme a la Constitución y a la Ley de creación del AyA, que facultan a la institución a garantizar el acceso al agua como derecho fundamental.

La posición del Gobierno

El presidente Rodrigo Chaves había advertido públicamente que, de no hacerse la conexión antes del viernes, el AyA intervendría con respaldo policial. El Ejecutivo argumenta que el proyecto beneficia a 120 familias en condición de vulnerabilidad y que el agua no puede ser negada cuando existe disponibilidad comprobada.

El AyA defendió la intervención señalando que el recurso hídrico en Naranjo es suficiente y que los más de 12.000 habitantes del distrito central no se verán afectados. La institución fundamenta su decisión en el artículo 50 de la Constitución Política y en jurisprudencias de la Sala Constitucional, que reconocen el agua como un derecho fundamental.

La visión de la Municipalidad

Por su parte, el gobierno local sostiene que la interconexión se realizó de manera forzada, dañando infraestructura cantonal valorada en más de ₡216 millones y poniendo en riesgo la garantía de funcionamiento de la nueva tubería. Además, recuerda que existen estudios técnicos que advierten de un posible desabastecimiento hacia 2034 si no se ejecutan inversiones adicionales de al menos ₡550 millones.

La Municipalidad insiste en que no se opone al proyecto habitacional, pero subraya que el suministro debe ajustarse a la normativa del propio AyA, que exige garantizar abastecimiento por un mínimo de 25 años. Por ello acudió al Tribunal Contencioso Administrativo y a la Sala Constitucional, donde el tema aún está bajo estudio.

Análisis crítico

El conflicto revela una tensión estructural entre el principio de autonomía municipal (artículo 170 de la Constitución Política) y la rectoría del agua en manos del AyA. Si bien la Constitución y la Sala IV reconocen el acceso al agua como un derecho humano irrenunciable, este debe conciliarse con el marco competencial de los gobiernos locales, que son responsables de administrar los acueductos municipales.

La intervención del Ejecutivo podría interpretarse como una medida necesaria para salvaguardar el derecho de las familias beneficiarias. Sin embargo, la forma en que se ejecutó —con presencia policial y sin esperar la resolución de los tribunales— plantea dudas sobre el respeto al principio de legalidad y al debido proceso, pilares del Estado de Derecho.

De fondo, el caso evidencia un problema recurrente en la gestión del recurso hídrico en el país: la falta de coordinación entre el Gobierno central y las municipalidades, lo que genera inseguridad jurídica, desgaste institucional y, en última instancia, mayor vulnerabilidad para las comunidades.

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) respaldó a la Municipalidad de Naranjo, advirtiendo que decisiones unilaterales como esta representan un riesgo para la institucionalidad y la seguridad jurídica del régimen municipal.

Más allá del conflicto inmediato

Mientras el debate se centra en quién tenía la competencia para autorizar la conexión, el trasfondo técnico y financiero del acueducto municipal sigue sin resolverse. Los estudios señalan que las inversiones actuales no garantizan el abastecimiento futuro, lo que plantea la necesidad de un plan integral de infraestructura y financiamiento.

En definitiva, el caso de La Esperanza no solo enfrenta al Ejecutivo con el gobierno local, sino que pone sobre la mesa un tema mayor: cómo asegurar vivienda digna sin comprometer la sostenibilidad del recurso hídrico ni vulnerar la autonomía municipal.