Un reciente fallo de la Sala Constitucional ha reabierto la histórica disputa por aproximadamente 80 hectáreas en Nosara, que actualmente están inscritas a nombre de la Asociación Cívica de Nosara (NCA) y que, según la resolución, podrían pasar a ser consideradas bienes públicos bajo la administración de la Municipalidad de Nicoya.

La controversia enfrenta, por un lado, a la NCA, que asegura haber recibido las tierras como parte de compensaciones legales desde 2005, y, del otro, al abogado Marvin Rodríguez, quien presentó un recurso de amparo en abril contra el alcalde de Nicoya, Carlos Armando Martínez. Rodríguez sostiene que esas tierras forman parte de áreas que el plan original del Proyecto Playas de Nosara, aprobado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), había destinado como públicas y que nunca fueron transferidas a la municipalidad.

La disputa se remonta a 1970, cuando el estadounidense Allan Hutchinson, a través de su empresa Inversiones Nicoya S.A. (INSA), adquirió más de 500 hectáreas en Nosara y comenzó a venderlas a extranjeros con la promesa de crear una urbanización con amenidades, entre ellas un campo de golf. Tras incumplir sus compromisos, Hutchinson salió del país, y en 1982 se constituyó la sociedad Amigos de Nosara S.A., que recibió propiedades de Hutchinson como compensación legal. Entre 150 y 200 hectáreas de esas tierras fueron cedidas a la NCA en 2005, y la sociedad se disolvió en 2008.

Según el recurso de amparo, las tierras que ahora se disputan estaban originalmente reservadas como públicas y nunca fueron entregadas a la Municipalidad de Nicoya. El fallo de la Sala Constitucional ordena al gobierno local, dentro de un plazo de 18 meses a partir de la notificación, determinar la situación jurídica de estos bienes y actualizar su estado, asegurando su resguardo como bienes de uso público y ambiental.

La Municipalidad de Nicoya confirmó a este medio que aún no ha sido notificada oficialmente del fallo, pero señaló que sí da seguimiento a los acuerdos del concejo municipal relacionados con el caso, como el informe CTU 03-2023 de la Comisión Técnica Urbanística, que identifica terrenos en manos privadas catalogados como zonas verdes. Según la muni, los documentos fueron derivados a la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde el proceso continúa en trámite.

Para Rodríguez, la resolución es clara: corresponde a la municipalidad reclamar las hectáreas que podrían considerarse demaniales. Por su parte, el director de la NCA, Marco Villegas, sostiene que la medida forma parte de intereses inmobiliarios que buscan desproteger zonas que actualmente son reservas naturales privadas, limitadas a construcciones relacionadas con la conservación o el ecoturismo. Villegas recalca que perder 80 hectáreas afectaría de manera significativa el plan de la asociación de crear un Refugio Nacional de Vida Silvestre (RNVS) privado en Nosara, que sería el primero en la zona y el cuarto dentro del Área de Conservación Tempisque.

El proceso ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) continúa, mientras la NCA espera claridad sobre el futuro de las tierras. Hasta entonces, la asociación asegura que mantendrá su compromiso con la conservación y la creación de espacios protegidos en Nosara.