Detrás de cada plato de carne que llega a las mesas costarricenses —ya sea el bistec del almuerzo o los chicharrones de un turno de fin de semana— existe un motor económico que hoy trabaja a media marcha. Los sectores bovino y porcino de Costa Rica enfrentan una de sus crisis más profundas, marcada por la ausencia de políticas públicas claras, el desconocimiento de mercados internacionales y una competencia externa que gana terreno frente a la producción nacional.

Esta realidad fue analizada recientemente por Suyen Alonso y Randall Arce, investigadores del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA). Su estudio, titulado “Análisis de las políticas públicas para la promoción de exportaciones y sus efectos en el desempeño productivo de empresas costarricenses”, revela un panorama donde el agro costarricense se siente desprotegido.

El impacto desde la óptica municipal y territorial

Para cantones con una fuerte vocación agropecuaria, como San Carlos, Upala, Pérez Zeledón o Bagaces, la salud de estos sectores no es solo un tema de macroeconomía, sino de bienestar social y estabilidad local. Como bien señala la investigadora Alonso, estas actividades son la columna vertebral de las comunidades rurales.

En el caso de San Carlos, epicentro de la actividad agropecuaria, la debilidad del sector se traduce directamente en menos empleo local y una reducción de los ingresos que circulan en los comercios del cantón. La problemática se agrava por un vacío estructural que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ya ha advertido para nuestro país: la falta de entidades territoriales con la capacidad suficiente para diseñar políticas de desarrollo productivo desde lo local.

Esto significa que, mientras los ganaderos locales luchan con altos costos de producción, las municipalidades y gobiernos locales a menudo carecen de las herramientas legales o presupuestarias para actuar como entes facilitadores que compensen la falta de apoyo del gobierno central.

Radiografía de una competitividad en declive

El informe del Cinpe destaca varios puntos críticos que afectan la rentabilidad de las granjas y fincas:

• Tratados de Libre Comercio (TLC) desaprovechados: A pesar de tener acuerdos comerciales, muchos industriales y técnicos del sector porcino desconocen las oportunidades de exportación o la normativa técnica para colocarlos fuera de las fronteras.
• La brecha se cierra: En el sector bovino, aunque aún exportamos más de lo que importamos, la brecha se acorta peligrosamente. De las 30,000 toneladas exportadas en 2020, se pasó a 28,000 en 2023. En contraste, la carne importada (principalmente de Nicaragua) subió de 8,000 a más de 10,000 toneladas en el mismo periodo.
• El cerdo en cuidados intensivos: En 2021, las importaciones representaron el 83% del consumo total de carne de cerdo en el país, hundiendo los precios pagados al productor nacional. Las exportaciones porcinas han caído drásticamente: de 1,691 toneladas en 2008 a menos de 500 en 2023.

Costos y barreras: la lucha desigual

El productor costarricense compite con una mano atada a la espalda. Los costos de los insumos, la mano de obra y las cargas sociales son considerablemente más altos en Costa Rica que en los países vecinos. Además, para exportar a mercados como China o la Unión Europea, se deben superar hasta 138 medidas no arancelarias, lo que requiere inversiones que el pequeño y mediano productor local difícilmente puede costear sin apoyo estatal.

Frente a este escenario, los expertos de la UNA proponen una serie de acciones urgentes:

1. Fortalecer la institucionalidad para supervisar con mayor rigor la carne importada.
2. Estrategias de comercialización que privilegien la carne nacional sobre la importada.
3. Incentivar la investigación y revisar los costos de producción para mejorar la eficiencia en las fincas.

Seguridad alimentaria y soberanía local

Más allá de los números, lo que está en juego es la seguridad alimentaria de Costa Rica. El sector bovino, con un hato de más de 1.5 millones de cabezas, ha aportado el 14.24% del PIB agropecuario en las últimas dos décadas. Sin embargo, si la producción local sigue perdiendo terreno frente a las importaciones, el país perderá la capacidad de proveer su propia proteína, quedando a merced de los precios internacionales y la disponibilidad externa.

Para los gobiernos locales, este informe es una llamada de atención sobre la necesidad de articular esfuerzos que vayan más allá de la gestión de caminos, buscando cómo proteger la identidad productiva de sus cantones y el sustento de miles de familias rurales.