La estructura empresarial de Costa Rica ha experimentado una transformación profunda y preocupante en los últimos cuatro años. Mientras que las empresas medianas y grandes han logrado navegar las aguas de la recuperación, las microempresas (mipymes) —aquellas que dinamizan la economía en los barrios y distritos de nuestros cantones— continúan sumidas en un retroceso que aún no toca fondo.

Según el reciente informe “Pymes después de la pandemia: resiliencia, retrocesos y una recuperación que aún no llega”, presentado por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), el país ha perdido una cuarta parte de sus microempresas en el periodo comprendido entre 2020 y 2024.

Al inicio de la emergencia sanitaria en 2020, el registro contabilizaba 365.842 microempresas. Sin embargo, al cierre del 2024, la cifra cayó drásticamente a 271.631, lo que representa una reducción del 25.8%. Este fenómeno impacta directamente la gobernanza local, ya que estas unidades productivas son la base de las patentes municipales y el principal sustento de miles de familias en los 84 cantones del país.

Una brecha de desigualdad estructural

El estudio de la UNA revela una “dualidad estructural” que pone en desventaja al comercio local frente a los grandes capitales. El parque empresarial actual está compuesto en un 81% por microempresas, pero estas solo generan el 9% de los ingresos totales del país y registran un 0% de participación en las exportaciones.

En contraste, las grandes empresas, que representan apenas el 1% del parque empresarial, dominan el 74% de los ingresos y el 95% de las ventas al exterior.

Esta disparidad también se refleja en la calidad del empleo y los salarios. Mientras que el salario medio anual en una gran empresa ronda los 10,12 millones de colones, en las microempresas esta cifra cae a 3,63 millones de colones. Para los gobiernos locales, esto representa un desafío mayúsculo: la fragilidad de estas empresas se traduce en empleos menos estables y una menor capacidad de consumo en las comunidades.

El mapa de la riqueza: 30 cantones lideran los ingresos

La concentración económica sigue siendo un reto para la descentralización. El informe detalla que solo 30 cantones concentran la mayor proporción de los ingresos empresariales en Costa Rica.

Dentro del “top 10” predominan cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) como San José, Alajuela, Escazú, Heredia, Cartago, Santa Ana, Montes de Oca, Desamparados y Curridabat, junto a un líder fuera del Valle Central: San Carlos.

No obstante, hay señales positivas para la territorialidad. De los 30 cantones con mayores ingresos, 13 se ubican fuera de la GAM, destacando la relevancia de:

• Pérez Zeledón
• Pococí
• Puntarenas
• Santa Cruz
• Liberia
• Limón
• Quepos

Sectores en transición: ganadores y perdedores

El análisis del Cinpe-UNA entre 2005 y 2024 muestra un cambio en la vocación productiva del país. Los sectores vinculados a actividades profesionales, científicas y técnicas crecieron un 5.21%, mientras que las actividades financieras y de comunicación también ganaron terreno.

Por el contrario, sectores tradicionales que son clave para muchas municipalidades rurales y costeras han perdido protagonismo:

• Agricultura, ganadería y pesca: -2.11%
• Construcción: -1.63%
• Industrias manufactureras: -2.46%
• Administración pública y educación: (Debido a restricciones fiscales y menor crecimiento presupuestario).

Proyecciones económicas para el 2026

Para los próximos dos años, el panorama macroeconómico sugiere una desaceleración moderada. El Cinpe proyecta un crecimiento del 3.5% para el 2025, con una ligera recuperación hacia el 4.2% en 2026.

En cuanto al costo de vida y financiamiento, se prevé que la inflación se mantenga baja (entre 0% y 1%), mientras que las tasas de interés para el 2026 oscilarían entre el 3.45% y el 3.95%.

Para las municipalidades, estos datos son una hoja de ruta. La desaparición de más de 94.000 microempresas desde la pandemia exige políticas de fomento local, simplificación de trámites y apoyo a la formalización para evitar que el tejido comercial de los cantones se siga debilitando frente a un modelo que hoy favorece principalmente a la gran escala.