La lucha contra la corrupción en Costa Rica se encuentra en un punto crítico de estancamiento. A pesar de que este flagelo es citado de forma recurrente como una de las tres principales preocupaciones de la ciudadanía, el Estado costarricense continúa operando sin una Política Nacional de Integridad y Combate a la Corrupción. Esta carencia no solo afecta la imagen país, sino que debilita directamente la confianza en la gestión pública, incluyendo la escala municipal, donde la transparencia es el pilar de la gobernanza.

La Defensoría de los Habitantes ha alzado la voz alertando sobre la peligrosa dilación en la que ha incurrido el Estado. Para el ente defensor, la ausencia de una hoja de ruta oficial y de un sistema de gobernanza articulado impide que las instituciones trabajen de forma coordinada, generando un escenario de acciones aisladas que restan efectividad al combate de un problema que las Naciones Unidas ya califican como un fenómeno social, político y económico de alta complejidad.

Un estancamiento que pasa factura

La falta de una rectoría clara por parte del Poder Ejecutivo explica, en gran medida, por qué Costa Rica se mantiene estancada en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Con una calificación de 58 puntos sobre 100, el país se sitúa lejos de los 76 puntos de Uruguay (el mejor calificado de la región) y por debajo del promedio de la OCDE, que es de 65 puntos.

Para las municipalidades y los gobiernos locales, esta falta de articulación nacional supone un reto adicional, pues la ausencia de un sistema de gobernanza integral cierra las puertas a la colaboración estratégica con la sociedad civil, cámaras empresariales, academia y asociaciones de auditores.

De la “estrategia” a la incertidumbre

La Defensoría lamentó que en los últimos años se haya debilitado el trabajo de la plataforma intersectorial denominada Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC). Este esfuerzo, que fue liderado en su momento por la Procuraduría de la Ética Pública y la organización Costa Rica Íntegra, ya había sentado las bases para una estrategia sólida basada en ejes fundamentales:

• Gobernanza y control ciudadano.
• Gestión del talento humano.
• Gestión de riesgos en la interacción público-privada.
• Acceso a la información y rendición de cuentas.

Respuesta del Ejecutivo: una espera que se prolonga

Ante las consultas de la Defensoría, el Ministerio de Justicia informó que, si bien la construcción de la política inició en 2024, el cronograma aún es extenso. Según la institución, se han realizado consultas y redefinido los ejes de la ENIPC, pero todavía falta finalizar el plan de acción y el sistema de evaluación.

El panorama es el siguiente:

• 30 de abril de 2026: Fecha prevista para la revisión del documento final.
• Final de la administración actual: Fecha estimada para concluir la versión final de la Política Nacional.

Para la Defensoría, esta demora resulta injustificable frente a un compromiso derivado de convenciones internacionales (Iberoamericana y de Naciones Unidas) ya suscritas por el país. Mientras la política nacional llega, el reto de la integridad recae con más fuerza en la vigilancia ciudadana y la ética de los funcionarios en cada uno de los cantones del país.