En un esfuerzo por radiografiar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante los desafíos ambientales, la Defensoría de los Habitantes presentó los resultados de una investigación que analiza las acciones climáticas en los cantones de Costa Rica. El informe, basado en datos de 79 municipalidades, revela un panorama donde la planificación territorial y la protección del recurso hídrico se consolidan como los pilares de la gobernanza local moderna.

Para la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, el papel de los ayuntamientos es determinante, pues son las instituciones de primera respuesta ante la vulnerabilidad de los territorios.

“La acción climática no puede desligarse de la protección de los derechos humanos. El acceso al agua, a un ambiente sano y a la vivienda segura son derechos fundamentales que deben garantizarse en toda política local”, Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes

Planificación con visión ambiental

Uno de los hallazgos más relevantes es la evolución de los Planes Reguladores. La investigación destaca casos como el de Alajuela, que ya cuenta con un nuevo instrumento de planificación con viabilidad ambiental y estudios hidrogeológicos. Por su parte, Curridabat ha innovado al integrar mapas de islas de calor y conectividad ecológica en su ordenamiento.

En el cantón de Alvarado, la municipalidad ha optado por un enfoque preventivo estricto, blindando las zonas de protección de nacientes y áreas de riesgo por inundaciones o actividad volcánica. Asimismo, Belén destaca por la implementación de un Plan de Acción Climática 2022-2030 y una política de “ciudad esponja”.

Dulcehé Jiménez Espinoza, coordinadora de la Unidad Ambiental de Belén, explicó que este modelo busca mitigar inundaciones mediante soluciones basadas en la naturaleza. “Empezamos a trabajar con senderos permeables, muros y techos verdes, todo basado en modelos matemáticos con un diseño de blindaje climático”, detalló a la Defensoría.

La gestión del agua como prioridad

El informe pone el foco en la administración del recurso hídrico, donde 29 municipalidades gestionan directamente sus acueductos. En este ámbito, cantones como Grecia, San Carlos, Santa Bárbara y La Unión lideran con buenas prácticas.

Grecia ha apostado por la compra de terrenos para proteger nacientes, mientras que San Carlos mantiene planes de seguridad en todos sus subsistemas. En La Unión, la estrategia se centra en una Política Cantonal para la Gestión Integral del Recurso Hídrico que vincula la protección del agua con el manejo de residuos sólidos.

Katherine Quirós Monge, profesional en Gestión Ambiental de La Unión, destacó que la integración comunitaria ha sido clave: “En el tema de recolección de residuos hemos hecho un esfuerzo por apostar a integrar a las comunidades en aspectos de reciclaje y también en su recuperación, como por ejemplo el vidrio”.

Desafíos presupuestarios y de gestión

A pesar de los avances, la Defensoría señala que aún queda camino por recorrer. De los datos recopilados entre 2024 y 2025, se desprende que:

• Presupuesto: Solo 43 municipalidades incluyeron rubros específicos para la variable climática en sus presupuestos del año 2025.
• Planes Reguladores: De los 84 gobiernos locales, únicamente 43 cuentan con un plan regulador vigente, aunque 18 se encuentran actualmente en proceso de actualización o elaboración.
• Seguridad Hídrica: De las municipalidades que administran acueductos, solo 15 implementan los planes de seguridad del agua exigidos por el AyA.

La Defensoría enfatizó que la protección ambiental no debe ser vista como un componente accesorio de la gestión municipal, sino como el eje central de las políticas de adaptación. El llamado de la institución es claro: es urgente que los gobiernos locales fortalezcan la inversión en zonas de recarga acuífera y aseguren que la variable climática sea una prioridad en la asignación de recursos financieros.

Finalmente, el informe resalta el trabajo de cantones como Desamparados, Monteverde y Cartago en materia de educación ambiental y reforestación, recordando que el desarrollo sostenible se construye diariamente desde las decisiones administrativas y la participación ciudadana en cada territorio.