La Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición a que la sostenibilidad financiera del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se base en medidas que reduzcan el monto de las pensiones o aumenten las cargas sobre las personas trabajadoras y pensionadas.

La institución advirtió que cualquier reforma debe proteger el derecho humano a la seguridad social y garantizar pensiones suficientes para la población, sin trasladar el peso principal de los ajustes a quienes dependen del sistema para su retiro.

Entre las preocupaciones señaladas por la Defensoría se encuentran propuestas como la reducción de la tasa de reemplazo, el aumento de cuotas requeridas para pensionarse y eventuales contribuciones de las personas jubiladas al Seguro de Salud, medidas que podrían disminuir el ingreso neto de los pensionados.

Actualmente, la Gerencia de Pensiones de la CCSS analiza distintas alternativas para fortalecer el IVM, incluyendo ajustes técnicos, administrativos y estructurales relacionados con financiamiento, gobernanza y sostenibilidad del sistema.

Frente a esto, la Defensoría sostiene que la tasa de reemplazo integral no debería ser inferior al 75 % entre el IVM y el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), señalando además que las reformas deben considerar las condiciones reales del mercado laboral costarricense, marcado por informalidad, brechas de género y trayectorias laborales irregulares.

La institución también propuso valorar una pensión proporcional para personas que hayan cotizado durante años pero no logren completar la totalidad de cuotas requeridas, evitando así escenarios de desprotección en la vejez.

Según la Defensoría, la sostenibilidad del sistema debe abordarse mediante una estrategia integral basada en la ampliación de la cobertura, formalización laboral, recuperación de deudas con la seguridad social, fortalecimiento institucional y transparencia.

Finalmente, la entidad reiteró que el fortalecimiento del IVM es indispensable para proteger a la población adulta mayor, pero insistió en que cualquier reforma debe equilibrar sostenibilidad financiera, solidaridad y garantía efectiva del derecho a la seguridad social.