Lo que para muchos parece un destino ideal para el senderismo o un “chapuzón” de fin de semana, se ha convertido en una preocupación crítica para las autoridades. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha lanzado una nueva y urgente advertencia sobre los riesgos extremos de ingresar sin autorización al río Toro, la quebrada Gata y los sectores aledaños al Complejo Hidroeléctrico Toro.

Estas áreas, que también colindan con el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, no son sitios de recreo. Se trata de zonas operativas de alta complejidad donde el nivel del agua puede cambiar en cuestión de segundos.

Un riesgo invisible pero real

La peligrosidad de estas cuencas no depende únicamente del clima. Aunque en el cielo no se asome una nube, el caudal del río Toro puede experimentar crecidas repentinas debido a la operación técnica de los embalses o a procesos propios de la generación de energía.

A pesar de que el ICE ha reforzado la señalización preventiva y ha emitido constantes avisos, la problemática persiste. El fenómeno se ve agravado por la proliferación de “tours” informales que, sin contar con aval oficial ni medidas de seguridad, promueven visitas a estos puntos críticos del sistema eléctrico nacional.

El costo de la imprudencia

Las consecuencias no son solo teóricas. Durante el primer trimestre de este 2026, los cuerpos de socorro ya han tenido que intervenir en el rescate de al menos ocho personas que quedaron atrapadas en la cuenca del río Toro, imposibilitadas de salir por sus propios medios.

Más allá del riesgo físico para los excursionistas, estas acciones generan un impacto directo en el sistema energético del país. José Joaquín Granados, jefe de la División de Generación del ICE, explicó la magnitud del problema: “Además de poner en peligro la vida de las personas, los ingresos ilegales generan pérdidas al país. Por ejemplo, para colaborar en un rescate, en una ocasión el ICE realizó ajustes que implicaron dejar de generar 121.860 kilovatios hora de electricidad”.

Se intensificarán los operativos de vigilancia en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Fuerza Pública y el cuerpo de seguridad institucional. El objetivo es claro: evitar que la búsqueda de una fotografía o una caminata termine en una tragedia que enlute a las familias costarricenses y afecte la operatividad del servicio eléctrico nacional.

La recomendación para las comunidades y visitantes es optar por destinos turísticos que cuenten con los permisos correspondientes y respetar estrictamente las zonas de exclusión de las plantas hidroeléctricas.