En la ruta hacia la descarbonización, las ciudades inteligentes del mundo están apostando por integrar la infraestructura de carga para vehículos eléctricos (VE) directamente en el tejido urbano cotidiano: bibliotecas, centros recreativos y hasta postes de alumbrado público. Recientemente, dos ciudades estadounidenses, San Diego y Washington D.C., han anunciado proyectos ambiciosos que sirven de referencia —y de advertencia— para los gobiernos locales en Costa Rica.

La apuesta por lo público y lo cotidiano

Según reportó el portal Smart Cities World en sus artículos “San Diego to install EV charging stations at public facilities” y “Washington DC expands public EV charging access”, estas metrópolis están democratizando el acceso a la energía.

En el caso de San Diego, la ciudad se asoció con la empresa EVerged para instalar cargadores en nueve bibliotecas y centros recreativos, priorizando comunidades históricamente desatendidas. Por su parte, Washington D.C. está implementando una tecnología innovadora con la empresa Voltpost, que permite adaptar los postes de luz existentes para convertirlos en estaciones de carga de “Nivel 2”.

Heather Werner, funcionaria de la División de Energía de San Diego, destacó que este modelo permite avanzar hacia un futuro más saludable “sin costo para la ciudad”, gracias a subvenciones y alianzas público-privadas donde el tercero se encarga del diseño, operación y mantenimiento.

¿Podría una municipalidad costarricense replicar este modelo privado?

La respuesta corta es sí, pero el camino está lleno de baches regulatorios que el equipo de MuniNoticias.CR han analizado con lupa. Si una municipalidad en Costa Rica quisiera permitir que una empresa privada instale y administre cargadores en parques o centros municipales (como lo hizo San Diego), enfrentaría las siguientes complicaciones:

1. El “corsé” de la Ley 9518

Aunque la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico fue un paso gigante, originalmente centralizó mucho la gestión de la carga pública en las empresas distribuidoras de energía (como el ICE, la CNFL o la JASEC). Un privado que quiera vender electricidad como servicio en un espacio público municipal debe navegar una zona gris sobre quién tiene el derecho de comercializar esa energía y bajo qué tarifas.

2. La fijación tarifaria de ARESEP

A diferencia de EE. UU., donde el operador privado puede tener más flexibilidad, en Costa Rica el precio del “llenado” eléctrico está regulado por la ARESEP. Un modelo privado en un parque municipal de, por ejemplo, Curridabat o Escazú, tendría que ajustarse estrictamente a las bandas tarifarias vigentes, lo que a veces desincentiva la inversión privada si los costos de instalación son muy altos y el retorno es lento.

3. Concesión de bienes demaniales

Instalar un cargador en una acera o un parque municipal implica el uso de un bien de dominio público. El proceso de licitación y concesión en Costa Rica suele ser lento y burocrático. Mientras en Washington D.C. se usan “permisos de uso de vía” para convertir postes de luz, aquí la fragmentación de competencias (entre el MOPT, las municipalidades y las distribuidoras eléctricas) suele crear un “ping-pong” administrativo.

4. La infraestructura eléctrica obsoleta

El ejemplo de Washington D.C. de usar postes de luz es brillante, pero en muchas de nuestras comunidades, la red eléctrica municipal no siempre tiene la capacidad de carga (el “amperaje”) necesario para soportar cargadores de vehículos sin una inversión mayor en transformadores, algo que el presupuesto municipal rara vez contempla.

Conclusión para nuestra audiencia

Los casos de San Diego y Washington D.C. nos demuestran que el futuro de la ciudad inteligente no está en grandes estaciones de servicio, sino en la carga “de destino”: cargar el carro mientras leemos un libro en la biblioteca o mientras caminamos por el parque central.

Para que Costa Rica vea modelos de inversión privada en espacios públicos, es urgente que las municipalidades ejerzan su autonomía para crear reglamentos locales de movilidad eléctrica que faciliten estas alianzas, reduciendo la tramitología y buscando esquemas donde el privado asuma el riesgo técnico a cambio de la gestión del servicio.