El sector agroindustrial costarricense está marcando una pauta sin precedentes en toda América Latina. A través de una alianza estratégica entre la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) y los nueve ingenios activos del país, se ha consolidado el primer proceso de debida diligencia en derechos humanos dentro del sector agroindustrial de la región. Este esfuerzo ha contado con la guía metodológica y el soporte técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Este hito, basado en la información oficial publicada originalmente en el portal de LAICA bajo el título «Sector Azucarero de Costa Rica implementa el primer proceso sectorial agroindustrial de Debida Diligencia en Derechos Humanos de América Latina con la asistencia de la OACNUDH y la OIT», arrancó sus primeras etapas en el año 2023. Para finales del año 2025, el proyecto logró identificar de manera integral los impactos tanto reales como potenciales en la materia, estableciendo herramientas clave para prevenir y mitigar riesgos en toda la cadena de valor.

Un impulso a la gobernanza local y al empleo en los cantones cañeros

Desde la perspectiva del desarrollo territorial y la gobernanza local que promovemos en MuniNoticias.CR, este avance adquiere una enorme relevancia en la dinámica rural de Costa Rica. La producción azucarera nacional se encuentra fuertemente arraigada en regiones rurales específicas, donde la relación entre el gobierno local, las comunidades y las empresas define el bienestar socioeconómico.

Para dimensionar el impacto directo de esta iniciativa en el entorno municipal, es necesario poner la lupa sobre los cantones y distritos donde operan estos centros de producción:

• Región de Occidente: El corazón azucarero de esta zona late con fuerza en el cantón de Grecia, específicamente en distritos como San Roque y Tacares, donde se ubican importantes plantas procesadoras que dinamizan la economía de las comunidades aledañas mediante empleos directos e indirectos.
• Región de Guanacaste: La actividad cañera es un pilar fundamental en el cantón de Cañas (en su distrito central) y en el cantón de Carrillo (destacando el distrito de Filadelfia). En estas localidades de la provincia pampera, las cooperativas e ingenios representan los mayores empleadores de la zona, por lo que la aplicación de lineamientos de contratación equitativa impacta de manera directa el tejido social y la estabilidad de las familias del cantón.
• Región de San Carlos y el Sur: De igual manera, cantones como San Carlos, en el distrito de Cutris, o zonas de la región sur del país experimentan el impacto cotidiano de la agroindustria, donde la protección de los derechos laborales es sinónimo de estabilidad para los gobiernos locales.

Contratación equitativa y el enfoque en la migración laboral

Uno de los puntos medulares de este proceso es el fortalecimiento de la contratación responsable, enfocado con especial atención en los procesos de reclutamiento de personas trabajadoras migrantes. Mediante el programa Contratación Equitativa para Centroamérica (financiado por el Gobierno de Canadá), los ingenios locales han recibido capacitación técnica, manuales operativos y cajas de herramientas para que los departamentos de recursos humanos aseguren procesos de selección transparentes y ordenados.

Este enfoque resulta indispensable en cantones fronterizos o de alta densidad migratoria estacional, como los de la Zona Norte y Guanacaste. Al garantizar prácticas laborales justas en cada distrito cañero, se previene la vulnerabilidad social, se promueve el empoderamiento comunitario y se alivia la presión sobre los servicios asistenciales de las municipalidades, impulsando un ecosistema donde las empresas y los vecindarios prosperan de la mano.

Edgar Herrera, director ejecutivo de LAICA, enfatizó que este logro sitúa al país en una posición de liderazgo regional, traduciendo las pautas teóricas de Naciones Unidas en acciones concretas dentro de los campos costarricenses. Por su parte, los representantes de la OIT y la OACNUDH coincidieron en que este modelo demuestra que la cooperación entre el sector privado y los organismos internacionales es una vía viable para construir cadenas de suministro sostenibles, éticas y competitivas frente a las exigencias de los mercados internacionales del siglo XXI.