La franja costera de Costa Rica, considerada el motor del turismo y una joya de la biodiversidad mundial, se encuentra atrapada en una encrucijada legal. A lo largo del Pacífico y el Caribe, decenas de municipalidades se enfrentan a un escenario de parálisis: la imposibilidad de aprobar o actualizar sus planes reguladores ha dejado a la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en un estado de extrema vulnerabilidad jurídica.

Sin estos instrumentos de ordenamiento territorial, el desarrollo turístico se frena, las finanzas municipales se asfixian y cientos de familias viven bajo la sombra de un desalojo, mientras el Estado intenta equilibrar la balanza entre el crecimiento económico y el derecho constitucional a un ambiente sano.

Un nudo ciego en la Ley 6043

El origen del conflicto radica en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N° 6043) y su reglamento. Esta normativa es clara: para otorgar o renovar una concesión en la zona restringida (los 150 metros posteriores a la zona pública), es un requisito legal insoslayable contar con un plan regulador costero debidamente aprobado.

Sin embargo, el lento y complejo proceso para aprobar estos planes ha generado un rezago histórico. Abogados especialistas en derecho público y municipal advierten que esta carencia ha obligado a la Procuraduría General de la República (PGR) a emitir dictámenes vinculantes que prohíben expresamente a los concejos municipales otorgar permisos o concesiones al margen de la ley.

“Las municipalidades costeras están atadas de manos. Al no tener el plan regulador vigente, cualquier acto para otorgar derechos en la ZMT es nulo, lo que abre la puerta a interminables litigios contencioso-administrativos”, señala un experto consultado por este medio.

Asfixia financiera para los gobiernos locales

El impacto económico de este limbo es devastador para los territorios costeros. Representantes de las Federaciones de Municipalidades de Guanacaste y Puntarenas han levantado la voz ante lo que consideran una “fuga de recursos públicos”.

Al no poder regularizar las ocupaciones mediante concesiones, las municipalidades:

• Pierden el cobro del canon: Un ingreso vital que por ley debe destinarse a la mejora de la infraestructura turística y comunal del propio cantón.
• Fomentan la informalidad: La falta de reglas claras incentiva las construcciones irregulares y las invasiones de terrenos estatales.
• Alejan la inversión: Los desarrolladores hoteleros e inmobiliarios desisten de inyectar capital en zonas donde el Estado no puede garantizar seguridad jurídica.

El drama social y la lupa de la Sala Constitucional

Mientras los grandes desarrollos se pausan, el hilo se rompe por lo más delgado: las comunidades locales. A lo largo de la costa, representantes de las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) reportan un clima de angustia. Familias que han habitado la zona costera por generaciones se encuentran hoy catalogadas como “ocupantes ilegales”, expuestas a órdenes de desalojo y demolición.

En este punto, entra en juego la Sala Constitucional. Basada en el Artículo 50 de la Constitución Política (el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado), la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en ordenar a las municipalidades la recuperación de los bienes demaniales invadidos irregularmente. Sin un plan regulador que defina zonas de uso mixto, residencial o turístico, las municipalidades se ven obligadas a ejecutar demoliciones, generando un alto costo social y político para las alcaldías.

El laberinto institucional: ¿Hacia dónde vamos?

La solución no depende de un solo actor. La aprobación de un plan regulador costero requiere una alineación perfecta entre múltiples instituciones, destacando el rol del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) como ente co-aprobador en zonas declaradas de aptitud turística.

Desde el Departamento Legal del ICT y las áreas de Zona Marítimo Terrestre se reconoce la urgencia de modernizar los procesos, pero siempre salvaguardando el patrimonio natural del Estado.

Los retos inmediatos para el régimen municipal costero incluyen:

1. Agilizar la coordinación interinstitucional (ICT, INVU, SETENA, Municipalidad) para evitar que los trámites caduquen durante el proceso de revisión.
2. Promover reformas legales transitorias que protejan a los ocupantes históricos sin flexibilizar la protección ambiental.
3. Dotar a las oficinas de Zona Marítimo Terrestre municipales del presupuesto técnico necesario para levantar topografías y estudios hidrogeológicos.

Hasta que no se destrabe este nudo gordiano del ordenamiento territorial, las municipalidades costeras seguirán administrando un territorio en conflicto, donde la línea entre el desarrollo legítimo y la protección ambiental sigue desdibujada por la arena de la burocracia.