En vísperas de la reunión del Consejo Europeo celebrada los días 18 y 19 de junio en Bruselas, una poderosa coalición de gobiernos locales y regionales de toda Europa levantó la voz para que las ciudades y los territorios no queden al margen del próximo presupuesto de largo plazo de la Unión Europea.

La iniciativa provino de la Local Alliance, una red informal que agrupa a más de 1.800 ciudades, 60 regiones, 60 agencias de energía y 42 asociaciones nacionales. Sus presidentes, junto con más de 50 signatarios adicionales —entre ellos municipios como Barcelona, Budapest, Lisboa, París y Roma—, firmaron una carta abierta dirigida a los jefes de Estado y de Gobierno de la región. La noticia fue reportada por el portal especializado Smart Cities World en su artículo “Cities and regions urge national leaders to support vision for place-based budget”.

El argumento de fondo: lo local ejecuta lo global

El mensaje central de la carta es tan sencillo como contundente: las prioridades europeas —sean climáticas, sociales o económicas— no se hacen realidad en los parlamentos nacionales, sino en las calles, los barrios y las comunidades. Son los gobiernos locales quienes amplían rutas de autobús, protegen la calidad del agua potable, modernizan escuelas y hospitales, y construyen vivienda social asequible.

Traducido al contexto costarricense, esto resuena con nitidez. Pensemos, por ejemplo, en el cantón de Desamparados y su distrito central: cuando el gobierno central anuncia fondos para infraestructura vial o saneamiento, es la municipalidad la que lidia con la planificación territorial, los permisos, las comunidades afectadas y la ejecución sobre el terreno. O en el cantón de Pérez Zeledón, donde iniciativas de gestión de residuos sólidos dependen casi enteramente de la capacidad operativa y financiera del gobierno local. Sin municipios fuertes, las políticas nacionales se quedan en papel.

Qué pide la coalición europea

La carta identificó tres frentes concretos de acción para el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE:

• sobre el presupuesto general: que se definan con claridad las asignaciones para programas que sirven directamente a los gobiernos locales —como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo— y que los municipios no sean penalizados cuando un Estado nacional incumpla estándares del Estado de derecho.
• sobre los planes nacionales de asociación territorial: que cada plan nacional incluya capítulos regionales obligatorios y que la gobernanza multinivel sea un principio rector, no un adorno retórico.
• sobre el fondo de competitividad: que las autoridades locales sean reconocidas explícitamente como beneficiarias elegibles y socias en la implementación, con flujos de financiamiento predecibles para sus proyectos de inversión.

Una lección que Costa Rica no debería ignorar

El debate europeo tiene un espejo directo en el modelo de transferencias del gobierno central hacia las municipalidades costarricenses. Durante décadas, los cantones del país han operado con presupuestos raquíticos que los obligan a depender de partidas centralizadas para ejecutar obras que, por su naturaleza, son hiperlocales. La discusión sobre los porcentajes del presupuesto nacional destinados a los gobiernos locales sigue siendo un tema pendiente y urgente en la agenda legislativa.

Lo que Europa está reclamando —presupuestos diseñados desde el territorio, con gobernanza multinivel y participación directa de alcaldías y concejos— es exactamente lo que municipios como los de Curridabat, Belén o San José necesitan para poder ejecutar con eficiencia sus planes de desarrollo cantonal, sus proyectos de movilidad urbana y sus iniciativas de adaptación climática.

La Local Alliance concluye su carta señalando que está lista para aportar evidencia práctica desde las ciudades y contribuir a un diálogo estructurado sobre implementación. Una actitud que, dicho sea de paso, muchas municipalidades costarricenses también están adoptando al organizarse en redes como la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

El llamado desde Europa es claro: sin gobiernos locales en el centro del diseño presupuestario, las grandes promesas de política pública se evaporan antes de llegar a las personas.