De acuerdo con la resolución R-DCP-SICOP-01212-2026 emitida por la Contraloría General de la República (CGR), el órgano contralor declaró parcialmente con lugar los recursos de objeción interpuestos por las empresas Costa Rica Waste Service S.A. y Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A. contra el pliego de condiciones de la Municipalidad de Alajuela para la contratación del servicio de limpieza de vías públicas por demanda.
Allanamiento municipal y flexibilización de requisitos
El documento oficial detalla que la administración municipal acogió de forma parcial varias de las pretensiones planteadas por las empresas objetantes. Como resultado, el ayuntamiento alajuelense deberá modificar el cartel de licitación en los siguientes aspectos técnicos y de evaluación:
- Experiencia mínima: Se redujo el tiempo de ejecución continua exigido para cada contrato de tres (3) a dos (2) años, manteniendo la condición de presentar dos contratos distintos.
- Monto de experiencia: Se disminuyó el umbral económico anual por contrato de ₡90 millones a ₡70 millones, tanto para los requisitos de admisibilidad como para la experiencia adicional puntuable.
- Período de evaluación: Se amplió la antigüedad susceptible de puntuación para la experiencia adicional, permitiendo acreditar contratos ejecutados en los últimos 20 años en lugar de 15.
Aspectos pendientes de motivación técnica
Asimismo, la Contraloría determinó que la municipalidad deberá incorporar al expediente digital en el SICOP la fundamentación técnica que justifique objetivamente la decisión de limitar la experiencia admisible únicamente al sector público, así como la restricción sobre la vigencia máxima de las constancias de experiencia (fijada en 12 meses). En caso de no aportar dicha justificación, el municipio estará obligado a eliminar la exigencia temporal sobre la emisión de las certificaciones.
Por otra parte, el órgano contralor declaró sin lugar el reclamo sobre la garantía de cumplimiento (fijada en ₡22.500.000), al considerar que la municipalidad motivó adecuadamente el monto con base en la planificación institucional y los riesgos operativos del servicio.








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