El manejo de los fondos públicos en el régimen municipal enfrenta un grave desafío de opacidad. Así lo revela el más reciente informe de Seguimiento de la Gestión Pública emitido por la Contraloría General de la República (CGR) este 24 de julio de 2026. El documento detalla que una abrumadora mayoría de los gobiernos locales evaluados no cuenta con las herramientas necesarias para que los ciudadanos fiscalicen en qué se invierten sus impuestos.

El informe técnico (N° DFOE-LOC-SGP-00002-2026), que analizó el ciclo presupuestario de 22 municipalidades, evidenció deficiencias críticas en el componente de transparencia y acceso ciudadano a la información presupuestaria.

Barreras tecnológicas que ocultan los datos

El hallazgo más alarmante señala que el 77,27% de los gobiernos locales carece de mecanismos idóneos o plataformas tecnológicas confiables para publicar sus presupuestos. Esto significa que 17 de los 22 municipios estudiados presentan prácticas deficientes, como la fragmentación documental y la desactualización, las cuales bloquean la comprensión y el control por parte de los habitantes.

Para la CGR, esta falta de claridad no es un asunto menor. El ente contralor advierte que estas limitaciones vulneran el derecho de fiscalización de las personas sobre el uso de los recursos públicos y deterioran fuertemente la confianza ciudadana.

Fallas también a nivel interno

La opacidad no solo afecta a los ciudadanos, sino que también entorpece la operatividad dentro de las mismas municipalidades. El informe subraya una grave informalidad operativa en la comunicación presupuestaria interna.

• El 59,09% de las municipalidades evaluadas (13 de 22) presenta una alta exposición al riesgo al carecer de un mecanismo formal y regulado para notificar el presupuesto institucional a sus propias unidades ejecutoras.
• La transmisión de los presupuestos aprobados se realiza frecuentemente por canales informales y sin estandarizar.
• Esta situación genera retrasos sistemáticos en los departamentos operativos, comprometiendo la prestación oportuna de los servicios comunitarios.

La ruta hacia un Gobierno Local Abierto

Ante este panorama, las Unidades de Auditoría Interna que colaboraron con el estudio han planteado diversas acciones de mejora y buenas prácticas para que los municipios reviertan esta situación. Entre las recomendaciones prioritarias destacan:

• Rediseño web: Rediseñar la sección de transparencia de los sitios web institucionales para asegurar que la navegación cumpla con los estándares de accesibilidad para toda la población.
• Datos Abiertos: Automatizar la publicación de los presupuestos (iniciales, extraordinarios y sus modificaciones) en formatos de datos abiertos.
• Notificación proactiva: Comunicar y distribuir de manera proactiva e inmediata los recursos aprobados a cada departamento, evitando que operen desconectados de sus límites financieros.
• Comisión supervisora: Consolidar una Comisión de Gobierno Local Abierto como ente encargado de supervisar la difusión transparente del ejercicio presupuestario.

El llamado de atención es claro: la modernización tecnológica y la apertura de datos ya no son un lujo, sino una obligación legal y ética para garantizar la legitimidad democrática de la gestión municipal.