A pesar de contar con un Plan Estratégico Municipal para el periodo 2025-2029, la gestión financiera de la Municipalidad de La Unión presenta vacíos críticos que podrían poner en riesgo la continuidad de los servicios y proyectos cantonales. Así lo revela el reciente reporte de fiscalización (N° DFOE-CAP-RF-00003-2026) emitido por la Contraloría General de la República (CGR) este 03 de julio de 2026.

El ente contralor advierte que el gobierno local carece de herramientas específicas de tesorería y endeudamiento, lo que le impide dar un seguimiento prospectivo a su liquidez institucional y a la sostenibilidad de sus obligaciones financieras.

El espejismo del presupuesto frente a la liquidez real

Uno de los hallazgos más preocupantes de la CGR es la ausencia de flujos de caja proyectados en el municipio. Según indica el reporte, la Municipalidad justificó este aspecto argumentando que se respaldan con la ejecución presupuestaria.

Sin embargo, la Contraloría fue enfática en señalar el error de esta práctica: mientras el presupuesto constituye una autorización legal para programar y controlar la asignación de recursos, el flujo de caja es la verdadera herramienta que mide la liquidez real y temporal del municipio.

Esta carencia genera graves limitaciones operativas para el gobierno local:

• Incapacidad para anticipar los movimientos de entradas y salidas de efectivo.
• Dificultad para programar pagos de forma eficiente.
• Limitación para prever brechas de liquidez y administrar oportunamente los recursos que se tienen disponibles.

Endeudamiento sin brújula

El panorama se complica al analizar los pasivos del municipio. La auditoría identificó que la Municipalidad de La Unión mantiene obligaciones financieras tanto a corto como a largo plazo; sin embargo, no dispone de un plan formal de endeudamiento.

Aún más grave es la falta de análisis periódicos sobre la sostenibilidad de la deuda o la capacidad real de pago del ayuntamiento. Sin estos instrumentos técnicos, las autoridades locales no pueden medir adecuadamente el impacto que tendrán estas deudas sobre los ingresos futuros, ni calcular el margen de maniobra que les quedará para financiar la operación institucional y las nuevas inversiones.

Consecuencias legales y afectación a los ciudadanos

La CGR recordó a las autoridades de La Unión que esta omisión riñe con el marco legal costarricense. Específicamente, la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley 8131) y la Ley de Manejo eficiente de la liquidez del sector público (Ley 10495) exigen el uso de herramientas como los flujos de caja para anticipar desequilibrios y administrar los fondos con un enfoque preventivo.

¿Qué pasará si la Municipalidad no corrige el rumbo? El ente fiscalizador es claro: mantener una gestión basada solo en el presupuesto limitará la capacidad de la institución para tomar decisiones oportunas sobre financiamiento y pagos.

En última instancia, el impacto lo sufrirán los ciudadanos, ya que el municipio enfrentará serias limitaciones para priorizar proyectos comunales, programar obras urgentes y responder a las necesidades presentes y futuras del cantón de La Unión. Ante esto, la CGR recomienda formalizar inmediatamente estas herramientas financieras para garantizar una administración sostenible de los recursos locales.