El despliegue de redes de telecomunicaciones es inminente y necesario, pero su llegada a nuestras comunidades no puede darse a expensas del espacio público y el ordenamiento urbano. Bajo esta premisa, el cantón central de San José sirvió de sede para el foro “Gobiernos Locales y Conectividad Digital: herramientas prácticas para una gestión municipal moderna”.

El encuentro, organizado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), congregó a más de un centenar de autoridades municipales, entre alcaldías, regidurías y sindicaturas de todo el país, con el objetivo de brindar herramientas que permitan un desarrollo de redes 4G y 5G equilibrado con las necesidades ciudadanas.

Juan Diego Gómez, expresidente de la UNGL, abrió el diálogo haciendo un llamado a construir “ciudades pensadas” mediante una planificación adecuada. “Es hora, especialmente en temas como el que vamos a discutir hoy, de entender que tenemos que reglamentar, ordenar y, a partir de ahí, desarrollar”, apuntó.

El desafío del espacio público frente al decreto nacional

El debate actual para los municipios encuentra su origen en el decreto 44335-MICITT. Esta normativa del gobierno central permite la instalación de postes de telecomunicaciones de hasta 24 metros de altura directamente en el espacio público, lo que convierte a Costa Rica en una excepción a nivel regional.

Al combinarse con cánones de uso de suelo sumamente bajos —entre $50 y $100 anuales por estructura—, se genera un incentivo económico para que las empresas instalen su infraestructura en aceras y vías públicas, dejando en un segundo plano el alquiler de espacios privados que ofrecen un menor impacto urbanístico.

Para dotar a las municipalidades de una respuesta técnica, durante el foro se presentó un “Reglamento Modelo”. De acuerdo con Josué Bogantes, abogado de BSA Consultores y experto en derecho municipal, esta propuesta no busca chocar con la directriz nacional, sino empoderar a los gobiernos locales en su potestad de administrar sus territorios. “Nosotros no podemos reformar el reglamento del Micitt, pero sí podemos crear reglamentos complementarios”, aclaró.

Bogantes recordó que es deber de los ayuntamientos “fiscalizar el uso del espacio público” y “proteger el paisaje urbano”, destacando que “el desarrollo tecnológico no sustituye al urbanismo, sino que debe integrarse de forma armónica con la ciudad y el bienestar colectivo”.

El impacto en aceras y calles: de San Mateo a Golfito

La falta de planificación territorial se palpa ya en los distritos. Durante el encuentro, el cantón alajuelense de San Mateo expuso cómo esta situación afecta directamente la infraestructura comunal. Su alcalde, Walberto Mora, relató los obstáculos que enfrentan actualmente en el barrio Los Montoya, ubicado en el distrito central del cantón.

“Actualmente estamos trabajando en una intervención en barrio Los Montoya, donde se construirán aceras, cordón y caño, así como la carpeta asfáltica del barrio. Sin embargo, hay tres postes ubicados sobre la acera que hoy impiden, por ejemplo, el paso de una silla de ruedas”, detalló el alcalde.

El jerarca mateano añadió que la municipalidad busca coordinar la reubicación de la infraestructura. “Y, si eso no fuera viable, tendremos que encontrar, junto con topógrafos, ingenieros y arquitectos, una solución que nos permita desarrollar la acera cumpliendo con la Ley 7600, que en estos casos es fundamental”, sentenció.

Una preocupación similar se vive en el cantón de Golfito, en la zona sur del país. La vicealcaldesa Elvia Cedeño Chavarría reconoció que los municipios “no podemos ser un obstáculo” frente al inevitable avance tecnológico y la necesidad de conectividad, pero confirmó que ya valoran la incorporación de normativas sobre infraestructura de telecomunicaciones dentro de su propio plan regulador.

Inclusión digital y los próximos pasos en la asamblea legislativa

Más allá de los postes y las aceras, el fondo de la discusión es el derecho ciudadano a la conectividad. Juan Manuel Campos, director general de Ciber Regulación, destacó que el acceso debe garantizar una “cobertura nacional en todas las zonas del país, sin discriminación alguna”, haciendo énfasis en el cierre de la exclusión rural. En esta misma línea, Gilberto Monge, director ejecutivo de la Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM), afirmó que “cerrar la brecha digital es construir democracia y lograr un país más justo”.

Para asegurar que los intereses de los cantones se respeten a largo plazo, la directora ejecutiva de la UNGL, Karen Porras, anunció el interés de crear una red técnica de funcionarios municipales. El objetivo final de este grupo será redactar “una propuesta de proyecto de ley que vaya a la Asamblea Legislativa”, buscando generar una incidencia política nacional que armonice la tecnología con el derecho a la ciudad.