La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) salió a respaldar públicamente a Mario Redondo Poveda, alcalde del cantón central de Cartago, luego de que trascendieran amenazas de muerte en su contra atribuidas a estructuras ligadas al crimen organizado y al narcotráfico. El comunicado, difundido el 18 de marzo de 2026, no se queda en el gesto de solidaridad: plantea un vacío concreto en la protección de quienes dirigen los gobiernos locales del país.

El punto más incómodo del texto es también el más simple. Las autoridades municipales que ordenan demoliciones de búnkeres o intervienen zonas tomadas por el narcomenudeo no cuentan con seguridad personal. Algunas, según ANAI, han tenido que acogerse a regímenes de protección de víctimas, el mismo mecanismo pensado para testigos en procesos penales.

Qué dice el comunicado

ANAI expresó su “más firme solidaridad y respaldo” a Redondo Poveda y calificó lo ocurrido como una amenaza que trasciende lo personal. En su lectura, hechos de este tipo “no solo ponen en riesgo la integridad de una autoridad municipal, sino que también representan una amenaza directa a la institucionalidad democrática y al ejercicio legítimo de la función pública en el ámbito local”.

La asociación afirma tener conocimiento de varios casos similares en distintas alcaldías del país, sin detallar cuáles. El patrón que describe es consistente: la amenaza aparece después de que la municipalidad toma decisiones que golpean directamente el negocio, en particular la demolición de búnkeres usados para la venta de droga al menudeo.

El llamado final va dirigido a las autoridades competentes, para que garanticen la seguridad del alcalde y de cualquier funcionario municipal amenazado por cumplir con sus funciones, y a fortalecer la articulación entre los gobiernos locales, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública.

El cantón y el distrito: dónde ocurre esto

El caso se ubica en el cantón central de Cartago, cabecera de la provincia y uno de los gobiernos locales más grandes del país. La denuncia del alcalde se hizo ante el OIJ de Cartago y se enmarca en la discusión sobre el sector de Los Diques, en el distrito de San Nicolás, donde la Municipalidad y el Poder Ejecutivo han analizado un eventual desalojo de miles de personas asentadas en una zona señalada como de alto riesgo.

Ese detalle territorial importa. Cartago no es un cantón homogéneo: la presión del crimen organizado no se distribuye por igual entre el casco central y distritos como San Nicolás, Aguacaliente o Guadalupe. Las decisiones que generan riesgo para el alcalde son, en la práctica, decisiones de escala distrital —una demolición en una cuadra específica, un desalojo en un asentamiento concreto— aunque el costo político y personal lo asuma la autoridad cantonal.

La sede municipal, en el casco central del cantón, también fue evacuada en marzo por una amenaza de bomba, según reportaron medios nacionales en esos mismos días.

El punto ciego: quién protege a un alcalde

En Costa Rica no existe un esquema estable de protección para autoridades municipales. Un alcalde no tiene escolta asignada por su cargo, a diferencia de las figuras del Poder Ejecutivo. Cuando la amenaza es creíble, la salida disponible es el régimen de protección para víctimas y testigos previsto en la Ley 8720, administrado por el Ministerio Público, una herramienta diseñada para el proceso penal y no para sostener el funcionamiento diario de un gobierno local.

El resultado es una asimetría difícil de defender. Las municipalidades tienen competencias reales sobre el territorio —control de construcciones, órdenes de demolición, permisos, patentes, limpieza de lotes— y esas competencias son precisamente las que sirven para desalojar un búnker. Pero la capacidad de ejercerlas sin exponerse depende de instituciones nacionales sobre las que el gobierno local no manda.

Varios cantones cuentan con policía municipal, un cuerpo pensado para vigilancia y convivencia, no para protección personal ni para enfrentar estructuras armadas. La coordinación con Fuerza Pública y OIJ, que ANAI pide fortalecer, sigue dependiendo en buena medida de la relación que cada alcaldía logre construir por su cuenta.

Por qué le interesa al régimen municipal

El planteamiento de ANAI conecta con una discusión más amplia sobre el papel de los gobiernos locales en la seguridad. Desde la reforma que separó las elecciones municipales y fortaleció la figura del alcalde electo, las municipalidades han asumido responsabilidades crecientes en materia de convivencia, espacio público y prevención, sin un correlato equivalente en recursos ni en respaldo institucional.

Cuando una autoridad local queda expuesta por hacer su trabajo, el efecto no se agota en esa persona. Alcanza al Concejo Municipal que aprueba las decisiones, a los funcionarios que ejecutan las órdenes en campo y a los vecinos que denunciaron. En cantones donde el control territorial de estructuras criminales es real, el silencio municipal deja de ser negligencia y pasa a ser una estrategia de sobrevivencia.

ANAI cierra reafirmando su compromiso de defender el régimen municipal y respaldar a quienes trabajan por la seguridad y la paz de sus comunidades. La pregunta que queda abierta, y que el propio comunicado deja planteada, es quién responde cuando esa defensa se vuelve un riesgo personal.