La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias objetó públicamente el concurso para nombrar a la Dirección Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Tres meses después, el proceso fue declarado desierto, luego anulado, y la revisión de los requisitos quedó en manos de un Consejo Directivo integrado por alcaldías e intendencias de once cantones y dos distritos.

El puesto administrativo más alto de la organización que representa al régimen municipal costarricense lleva desde mayo sin concurso válido. El trayecto empezó con un documento: el cartel para el concurso público de Director(a) Ejecutivo(a) que la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) publicó ese mes, y que la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) rechazó en un pronunciamiento donde manifestó su “absoluto desacuerdo con las condiciones establecidas”.

¿Qué objetó ANAI, punto por punto?

El pronunciamiento no se quedó en generalidades. Enumeró seis reparos concretos.

El primero apuntó a la ponderación. Según la Asociación, el cartel sobrevaloraba la experiencia en escenarios internacionales para un cargo cuya naturaleza responde, escribió, “principalmente al fortalecimiento y articulación del ámbito local y municipal”. Ese tipo de trayectoria, sostuvo, debería ser un elemento deseable y no un criterio determinante.

El segundo fue de procedimiento: ANAI dijo haber recibido informes de que el propio Consejo Directivo de la UNGL no habría conocido ni aprobado integralmente los requisitos incorporados al documento.

El tercero, el calendario. La recepción de ofertas corrió del 18 al 22 de mayo de 2026, un plazo que la Asociación consideró demasiado corto para permitir la participación de profesionales calificados. El cuarto, la divulgación: el concurso no habría sido publicado en las redes sociales de la organización, lo que a juicio de ANAI afectó el principio de publicidad.

El quinto señaló inconsistencias técnicas y de redacción, entre ellas discrepancias entre los parámetros de evaluación y sus porcentajes, y falta de claridad sobre cuáles especialidades académicas se exigían para la licenciatura y la maestría solicitadas.

El sexto reparo: dos salarios distintos para el mismo puesto

El punto con cifras fue el más citado después. El cartel indicaba un salario de ¢2.420.418 mensuales. Pero, advirtió ANAI, el salario reportado ante la Contraloría General de la República para ese mismo cargo era de ¢3.800.220, porque se paga un 65% adicional por concepto de prohibición.

La brecha —cerca de ¢1,4 millones— no es un detalle contable. Define quién se postula. Un cartel que anuncia ¢2,4 millones desalienta a perfiles que sí competirían por ¢3,8 millones, y ese filtro opera antes de que la comisión evaluadora vea un solo currículo.

En declaraciones recogidas por El Observador, la Asociación resumió su lectura del documento: el cartel, “lejos de parecer una convocatoria abierta, parece que se realizó para alguien en específico”.

La crítica llegó también desde la Asamblea Legislativa

El cuestionamiento no fue solo municipal. Según consignó Delfino.cr, el diputado Ariel Mora Fallas (PPSO) cuestionó que el proceso pareciera diseñado a la medida de la entonces directora ejecutiva, Karen Porras Arguedas, y objetó la distribución del puntaje: 60% para la experiencia, 30% para el grado académico y apenas 10% para la entrevista y las evaluaciones de competencias.

Porras rechazó el señalamiento. Indicó que ella no diseñó el cartel y que el documento fue elaborado por el área de contrataciones siguiendo un acuerdo de junta directiva.

Tres acuerdos en tres meses

El 20 de mayo de 2026, el Consejo Directivo de la UNGL votó declarar desierto el concurso y abrir un nuevo proceso. La votación fue de siete a favor y cuatro en contra, y se acordó conformar una mesa de trabajo para revisar los aspectos técnicos de la convocatoria. Entre quienes objetaron los requisitos estuvo el intendente de Cóbano, Ronny Montero, quien argumentó que la experiencia internacional no puede medirse únicamente por años acumulados.

El 29 de mayo, la Asamblea Nacional de Municipalidades renovó el Consejo Directivo. A finales de julio, Montero —ya como vicepresidente del órgano— confirmó a El Observador que “se está valorando poner un director interino mientras se realiza el proceso de contratación”, y quedó claro que Porras, con dieciséis años en el cargo, no asumiría ese interinato.

El 5 de agosto, en su primera sesión ordinaria, el nuevo Consejo Directivo anuló el concurso, rechazó un recurso que había frenado la decisión anterior y acordó remover a Porras mientras se desarrolla el nuevo proceso. La revisión de los requisitos quedó agendada para la sesión ordinaria del 19 de agosto. Al cierre de esta nota no se había divulgado públicamente el resultado de esa sesión.

Quiénes deciden: once cantones y dos distritos

Aquí es donde el caso deja de ser un pleito de oficinas centrales en San José y se reparte por el mapa. El Consejo Directivo que ahora debe rehacer el cartel está integrado, entre sus miembros propietarios, por Patricia Porras (Aserrí), Stephanie Aguilar (Río Cuarto), Erick Jiménez (Oreamuno), Eder Ramírez (Flores), Carlos Martínez (Nicoya), Freiner Lara (Golfito), Ana Matarrita (Limón), Gabriela Jiménez (San Ramón) y Alonso Allan Corea (La Cruz), junto con Ronny Montero (Cóbano) y Ulises González (Paquera).

Los dos últimos nombres importan por lo que representan. Cóbano y Paquera no son cantones: son distritos del cantón de Puntarenas administrados por concejos municipales de distrito, la figura más pequeña y con menos recursos del entramado local costarricense. Que dos intendencias distritales tengan silla en el órgano que define el perfil de la Dirección Ejecutiva de la UNGL es una señal de cómo se está reacomodando el peso interno de la organización.

Por qué esto se siente en un cantón cualquiera

La UNGL no recoge basura ni asfalta caminos. Hace algo menos visible y, a la larga, igual de concreto: representa a las municipalidades ante el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, opina sobre proyectos de ley que cambian competencias y presupuestos municipales, y gestiona cooperación. Quien ocupe su Dirección Ejecutiva decide con qué argumentos y con qué prioridades se sienta el régimen municipal a esas mesas.

Para una municipalidad de Golfito o de La Cruz, con capacidad técnica limitada y sin oficina de incidencia política propia, esa representación no es un lujo institucional: es, muchas veces, la única voz que llega a la discusión de una ley de transferencia de competencias o de un cambio en el régimen de transferencias.

Ahí está el argumento de fondo del pronunciamiento de ANAI, más allá de los porcentajes y las fechas. La Asociación lo planteó así:

“la institucionalidad municipal merece procesos abiertos, transparentes, participativos y libres de cualquier señalamiento que pueda afectar la credibilidad de las organizaciones que representan a los gobiernos locales del país”.

Tres meses después, el cartel está anulado y el concurso vuelve a empezar. La pregunta que queda abierta es si el segundo intento corregirá lo que el primero dejó expuesto: el plazo, la divulgación, la ponderación y, sobre todo, el salario real del puesto.