Después de invertir cerca de 98 millones de dólares en dos edificios fronterizos nuevos, el Estado costarricense cayó en cuenta de que faltaba algo más sencillo: dónde sentarse mientras se hace la fila, cómo cargar la maleta y un rótulo que diga para dónde hay que ir.

Eso es, en esencia, lo que viene a resolver el convenio de cooperación interinstitucional que firmaron el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), anunciado el 5 de agosto de 2026 en el comunicado COMEX e ICT firman convenio para fortalecer la atención turística en las principales fronteras terrestres del país.

No es un anuncio de obra grande. Es un acuerdo para que el ICT pueda meter cosas dentro de edificios que administra COMEX. Y precisamente por eso vale la pena mirarlo con lupa desde lo local.

Dónde ocurre: distrito Canoas, cantón Corredores; distrito La Cruz, cantón La Cruz

El convenio aplica en dos puntos concretos del mapa, y ninguno de los dos queda en San José.

El primero es el Centro de Control Integrado (CCI) Paso Canoas, ubicado en Darizara, distrito de Canoas, cantón de Corredores, provincia de Puntarenas, a unos 4,3 kilómetros de la línea fronteriza con Panamá, según la ficha técnica del proyecto publicada por COMEX. Canoas es el distrito donde está el poblado de Paso Canoas, esa ciudad partida en dos con la provincia panameña de Chiriquí, y ronda los 14.400 habitantes según datos del distrito.

El segundo es el Centro de Control Fronterizo (CCF) Peñas Blancas, en el distrito de La Cruz, cantón de La Cruz, provincia de Guanacaste, a unos 16 kilómetros de la ciudad de La Cruz. Es el paso principal hacia Nicaragua. El cantón de La Cruz tiene cuatro distritos, 1.385 km² y alrededor de 26.800 habitantes.

Dos cantones fronterizos, rurales, lejos del Área Metropolitana, y que llevan décadas viendo pasar gente sin que ese tránsito se traduzca necesariamente en desarrollo local. Ese es el telón de fondo.

Qué dice el convenio, sin adornos

El comunicado es específico sobre lo que el ICT podrá hacer dentro de ambos centros:

• Suministrar equipo y mobiliario para mejorar la atención y comodidad de las personas turistas.
• Colocar carretillas para el traslado de equipaje.
• Instalar sillas de espera.
• Poner rotulación y ayudas visuales de orientación.
• Distribuir material informativo y elementos asociados a la marca país.

Y, en el fondo jurídico, lo que se establece son “las condiciones de colaboración para el uso de espacios” dentro del CCI Paso Canoas y el CCF Peñas Blancas. Es decir: COMEX manda en esas instalaciones, y ahora el ICT tiene permiso formal para ocupar metros cuadrados ahí.

“Las fronteras son mucho más que puntos de ingreso y salida; son la carta de presentación del país a quienes nos visitan y además juegan un papel central en la competitividad y facilitación del comercio”, Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior

El presidente ejecutivo del ICT, Marcos Borges, agregó que el ingreso o la salida por Paso Canoas y Peñas Blancas “constituyen las puertas de acceso y la primera impresión de cientos de turistas que ingresan a nuestro país por esta vía”, y que brindar “la adecuada orientación, mejores condiciones, comodidad y una imagen visual agradable” mejora la experiencia de vacaciones.

El contexto que el comunicado no repite: dos obras caras y recientes

Para entender por qué este convenio llega ahora, hay que recordar qué hay construido en esos dos puntos.

En Corredores, el CCI Paso Canoas arrancó operaciones el 25 de junio de 2024, según el comunicado de COMEX de ese mes. Costó unos 33 millones de dólares financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coordina a 15 instituciones costarricenses y 9 panameñas bajo el modelo de “única parada y controles yuxtapuestos”, y generó cerca de 85 empleos directos en la Zona Sur. La meta declarada era reducir los tiempos de espera a la mitad. El terreno abarca 144.000 m², con 13.969 m² de construcción cerrada.

En La Cruz, el CCF Peñas Blancas fue inaugurado en julio de 2025, con una inversión superior a los 65 millones de dólares también con préstamo del BID a través del Programa de Integración Fronteriza (PIF). Son 35 edificios, por ahí pasa el 78% del comercio regional del país, más de un millón de personas al año y unas 200.000 unidades de transporte. En el proceso hubo que reubicar a 13 familias y 40 negocios, y el 71% de la mano de obra de construcción fue local.

Ese último dato —13 familias y 40 negocios reubicados en un cantón de 26.800 habitantes— es el tipo de cifra que en un gobierno local no se olvida.

Los 200 mil turistas y el millón de personas: la cuenta que hay que leer bien

El comunicado señala que durante 2025 “más de 200 mil turistas internacionales” usaron los puestos de Paso Canoas y Peñas Blancas.

Conviene poner esa cifra en perspectiva sin exagerarla en ninguna dirección.

Por un lado, es poco frente a la vía aérea: en 2025 ingresaron al país 2.689.278 turistas por avión, con un crecimiento de apenas 1%, el más bajo de la última década. Los 200 mil de las dos fronteras terrestres son, comparativamente, una fracción.

Por otro lado, la cifra de turistas no es la cifra de personas. Solo por Peñas Blancas cruza más de un millón de personas al año. La diferencia son residentes fronterizos, transportistas, comerciantes, trabajadores migrantes, familias con vida a ambos lados de la línea. Son quienes hacen la fila todos los días, y no van de vacaciones.

Las carretillas y las sillas de espera, dicho sea de paso, no distinguen pasaporte. Quien se siente ahí va a ser, en la mayoría de los casos, alguien de la región.

Qué le toca a la municipalidad en todo esto

Aquí está el punto que interesa a un concejo municipal de Corredores o de La Cruz: el convenio es entre COMEX y el ICT. La municipalidad no aparece.

Eso no es un descuido necesariamente —son instalaciones estatales bajo administración de COMEX—, pero sí abre una pregunta legítima sobre articulación. Porque el turista que baje del bus en Peñas Blancas con un rótulo nuevo enfrente va a preguntar exactamente lo que la marca país no responde: dónde comer, dónde dormir, cómo llegar a Bahía Salinas o al Parque Nacional Santa Rosa, cuánto cuesta el taxi. Y esa información es local.

El Código Municipal le encarga a la municipalidad promover el desarrollo del cantón, y le da herramientas concretas que aquí calzan:

• Patentes y regulación comercial, que definen qué oferta formal existe alrededor del paso fronterizo.
• Planificación urbana y plan regulador, que determinan cómo crece el comercio y los servicios en Canoas o en La Cruz.
• Zona marítimo terrestre, en el caso de La Cruz, donde la municipalidad administra por ley la franja costera del litoral guanacasteco norte.
• Comisiones o comités cantonales de turismo, la vía habitual para que un gobierno local se siente en la mesa con el ICT.

Dicho de otra forma: el ICT puede poner el rótulo que dice “bienvenido”. Lo que hay después del rótulo depende, en buena medida, de decisiones que se toman en el concejo municipal.

Lo que este convenio no resuelve

Vale ser honestos sobre la escala del anuncio.

Un convenio de cooperación para colocar mobiliario y señalización no baja los tiempos de espera, no aumenta el personal de Migración, no arregla el estado de las vías de acceso ni resuelve el comercio informal que rodea históricamente a Paso Canoas. Tampoco genera empleo local de forma directa.

Lo que sí hace es algo menos vistoso pero real: le da presencia institucional al sector turismo en dos puntos donde antes solo había control migratorio, aduanero y policial. Y con presencia institucional se puede empezar a medir, atender y reclamar.

Para dos cantones que suelen aparecer en las noticias nacionales por temas de frontera, migración o comercio informal —y rara vez por desarrollo turístico— eso no es nada. Pero tampoco es mucho, y conviene no confundirlo.

La pregunta que queda abierta, y que corresponde hacerla en Corredores y en La Cruz, es sencilla: ¿va la municipalidad a pedir un asiento en esa conversación, o va a esperar a que le cuenten cómo quedó el rótulo?