Siete de cada diez fábricas del país dicen que el tipo de cambio las está afectando. No es dato nuevo: es el cuarto año consecutivo que ese factor encabeza la lista de quejas del sector manufacturero costarricense.

Lo anunció la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) —con sede en San Pedro, cantón de Montes de Oca— al publicar la décima sétima edición de su encuesta anual de competitividad industrial, en la nota Encuesta anual de la CICR: Tipo de cambio se mantiene por cuarto año consecutivo como principal factor que afecta a las empresas manufactureras.

Hasta ahí, es una noticia de macroeconomía. Pero si uno baja la vista dos renglones en esa misma lista, aparecen tres quejas que no se resuelven ni en Zapote ni en el Banco Central. Se resuelven —o no se resuelven— en la municipalidad del cantón donde está la planta.

Qué dice la encuesta

La CICR preguntó a 115 empresas industriales formales cuáles factores externos las afectan negativamente. Estos fueron los seis primeros:

• Tipo de cambio: 70,2%
• Infraestructura (carreteras, puertos, etc.): 67,5%
• Cargas sociales: 66,7%
• Costo de la energía eléctrica: 57,0%
• Disponibilidad y calidad del recurso humano: 56,1%
• Precio o costo de las materias primas e insumos: 55,3%

Solo dos factores cambiaron de manera estadísticamente significativa contra la encuesta anterior: el costo de los combustibles, que saltó de 32,1% a 46,5%, y el precio de las materias primas, que pasó de 47,7% a 55,3%.

Ese segundo brinco movió el ranking completo. El costo de las materias primas subió del octavo lugar en 2025 al segundo en 2026, y empujó hacia abajo a las cargas sociales y a la disponibilidad de recurso humano.

La Cámara atribuyó el movimiento al alza internacional del petróleo y de las materias primas, y lo considera coyuntural. En cambio, calificó las cargas sociales como un factor estructural, y dijo que la disponibilidad de recurso humano se está consolidando como un nuevo factor estructural de alto impacto negativo.

La segunda queja es la carretera, y el 83% de las carreteras son municipales

Aquí es donde la encuesta deja de ser un asunto de Casa Presidencial.

El 67,5% de las industrias señala la infraestructura como un factor que las afecta. Y en Costa Rica, la mayor parte de esa infraestructura vial tiene un dueño muy concreto: el gobierno local.

Desde 2016, por la Ley 9329, cada municipalidad tiene la atención plena y exclusiva de la red vial de su cantón: planear, diseñar, financiar, construir, conservar, señalizar y reconstruir. No es una tarea compartida con el MOPT. Es del municipio.

¿De qué tamaño es esa responsabilidad? Según datos divulgados por la Universidad de Costa Rica a partir del trabajo del LanammeUCR:

• La red vial cantonal suma 38.032 kilómetros repartidos en los 84 cantones del país.
• Representa el 83% de toda la red vial nacional.
• El 71% son caminos de lastre o de tierra.
• El 60% está en estado de regular a muy malo. Apenas un 6% califica como excelente.
• De 3.841 puentes municipales, 1.182 (30,7%) están entre “deficiente” y “riesgo inaceptable”.

Póngalo en términos de un furgón cargado. La ruta nacional lo lleva al puerto, sí. Pero el primer kilómetro y el último kilómetro —el que va del portón de la planta a la ruta— casi siempre es camino cantonal. Y hay una probabilidad de seis contra diez de que ese tramo esté de regular para abajo.

Cuando una industria de la zona industrial de San Nicolás, en el cantón central de Cartago, o de La Ribera de Belén, o de Ulloa de Heredia dice que “la infraestructura” la afecta, está hablando en parte de un puente que aguanta o no aguanta, y de una vía que un concejo municipal decide si repara o no.

La informalidad: competir contra quien no paga patente

El hallazgo más incómodo de la encuesta para un gobierno local es este: en las empresas pequeñas del Régimen Definitivo, la competencia de empresas informales aparece en el tercer lugar de los factores que más las afectan. Solo detrás del tipo de cambio y de las cargas sociales.

No es un problema chiquito. Según la Encuesta Continua de Empleo del INEC del trimestre enero-marzo de 2026, el 38,2% de la población ocupada del país trabaja en condición de empleo informal: unas 824.000 personas.

Sergio Capón, presidente de la CICR, lo planteó así:

“Las altas cargas sociales y de impuestos que pesan sobre las empresas explican, en buena medida, la alta informalidad de nuestra economía, que a su vez se convierte en un factor que afecta muy negativamente a las empresas formales, en particular a las PYME.”

La parte tributaria de ese diagnóstico se decide en la Asamblea Legislativa. Pero la puerta de entrada a la formalidad de un negocio de barrio no está en San José: está en la plataforma de servicios de la municipalidad.

El artículo 88 del Código Municipal (Ley 7794) es claro: para ejercer cualquier actividad lucrativa hay que contar con licencia municipal, que se obtiene pagando el impuesto de patente (ficha del instrumento en la Plataforma Urbana y de Ciudades de la CEPAL). El artículo 90 bis permite suspender esa licencia por falta de pago de dos o más trimestres.

O sea: la municipalidad es la que autoriza, la que cobra y la que puede suspender. El taller que opera sin patente al lado de la fábrica que sí la paga es, literalmente, un expediente municipal.

Esto tiene dos filos, y conviene decirlos los dos. Un cantón que no fiscaliza patentes le está trasladando un costo a sus contribuyentes formales. Y un cantón que pone trámites lentos y caros para sacar una patente está empujando a los negocios pequeños hacia la informalidad. La misma oficina produce los dos efectos.

La electricidad: en Cartago y Heredia, la distribuidora es municipal

El 57% de las industrias marcó el costo de la energía eléctrica. Y este también es, en parte, un tema de gobierno local.

Costa Rica tiene dos distribuidoras eléctricas de origen municipal: JASEC, la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, y la ESPH, Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Ambas sirven cantones con alta concentración industrial.

Las tarifas las fija la ARESEP, no el concejo municipal. Para 2026 el regulador aprobó rebajas que reportó Teletica en diciembre pasado, aplicables a los sectores industrial, comercial y residencial:

• ICE: 14,92%
• CNFL: 14,55%
• CoopeGuanacaste: 9,34%
• ESPH: 8,33%
• Coopelesca: 6,07%
• JASEC: 4,93%

La diferencia salta a la vista: un industrial abonado de JASEC recibió una rebaja tres veces menor que uno abonado del ICE. Esa brecha no la explica la municipalidad, pero sí la vive la empresa instalada en el cantón. Es una pregunta legítima para una sesión de concejo en Cartago.

Zona franca y régimen definitivo: dos industrias distintas en el mismo cantón

La encuesta separa los dos regímenes, y el contraste es útil para cualquier alcaldía que compita por atraer inversión.

En las empresas de Zona Franca, después del tipo de cambio, lo que más pesa es la disponibilidad y calidad del recurso humano (segundo lugar), seguida de la infraestructura (tercero). En el Régimen Definitivo, en cambio, el segundo lugar lo ocupa el precio de las materias primas, y luego vienen las cargas sociales, la competencia informal y los impuestos.

Traducido: a la planta de zona franca le urge gente calificada y una vía que sirva. Al taller o la fábrica nacional le urge que le bajen la factura y que su competidor pague lo mismo que él.

El peso del primer grupo no es menor. Según el análisis de PROCOMER publicado en agosto de 2025, con datos de 2024, el régimen de zonas francas agrupaba 626 empresas, generaba 197.038 empleos directos y 265.571 empleos totales, aportaba el 15% del PIB y trasladaba unos US$1.900 millones a la CCSS, FODESAF, INA, IMAS e INS.

“Aporta el 15% del PIB, genera más de 265.000 empleos y concentra la mayor parte de las exportaciones nacionales”, señaló Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior, al presentar ese análisis.

Lo que el concejo no puede tocar

Seamos honestos con el factor número uno. El tipo de cambio no se arregla con un acuerdo municipal.

El colón viene apreciándose y eso castiga a quien factura en dólares. La República reportó en julio que los analistas proyectan un cierre de 2026 entre ¢480 y ¢495 por dólar. “Proyectamos que el tipo de cambio cerrará el 2026 en un rango de ¢480 a ¢495 por dólar”, dijo el analista económico Daniel Suchar.

Para la empresa exportadora instalada en un cantón, eso significa la misma cantidad de dólares convertida en menos colones para pagar planilla, patente, agua y recolección de basura. La municipalidad no causa ese problema. Pero lo recibe, porque una planta apretada recorta primero lo que puede recortar.

La letra pequeña del estudio

Antes de que alguien cite estos números en una comisión, conviene saber de dónde salen:

• Muestra de 115 empresas industriales formales de tres o más trabajadores.
• 49,6% grandes (más de 100 trabajadores) y 50,4% PYME (20,9% medianas, 29,6% pequeñas).
• 75,7% del Régimen Definitivo y 24,3% de Zona Franca.
• Las empresas encuestadas explican el 24% del empleo formal del sector manufacturero privado reportado a la CCSS al 31 de diciembre de 2025.
• Nivel de confianza del 95%, con 3,1% de error promedio de muestreo por estrato.
• Trabajo de campo: del 9 de abril al 15 de julio de 2026.

Es una muestra chica en número de empresas, pero pesada en empleo. Y mide percepción empresarial, no producción. Las dos cosas hay que decirlas.

Lo que queda

La lectura fácil de esta encuesta es que la industria se queja del dólar. La lectura útil, para quien trabaja en un gobierno local, es otra.

De los seis factores que más afectan a la manufactura costarricense, tres tienen una ventanilla municipal de por medio: la carretera cantonal, la licencia comercial que separa lo formal de lo informal, y —en Cartago y Heredia— la distribuidora eléctrica.

La pregunta para su concejo no es qué hacer con el tipo de cambio. Es más aterrizada: cuántos kilómetros de la ruta que usan los furgones del cantón están hoy en estado bueno, cuántos negocios operan sin patente en su distrito, y cuánto tarda un vecino en sacar una licencia comercial en la plataforma municipal.

De eso sí manda la municipalidad.