Treinta y tres funcionarios de doce gobiernos locales terminaron un curso de ocho semanas sobre manejo de poblaciones de perros y gatos. Es la tercera generación de un programa que en Costa Rica no tiene competencia, y aterriza justo en el punto donde la legislación municipal lleva cuatro años pidiendo resultados.

El cierre lo divulgó la Unión Nacional de Gobiernos Locales en su nota Doce gobiernos locales culminan formación especializada en bienestar animal: la Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA) concluyó la tercera edición del programa Formación de Capacidades en Bienestar Animal para Gobiernos Locales (FOCABA), con 33 representantes municipales que cursaron 12 sesiones especializadas en ocho semanas continuas. La UNGL figura como aliada estratégica del proceso.

¿Quiénes se sentaron en el aula?

Las municipalidades participantes fueron Alajuela, Alajuelita, Cartago, Tibás, Oreamuno, Limón, Montes de Oca, San Carlos, San Isidro, Turrialba, Mora y Paraíso.

La lista dice más de lo que aparenta. Doce de las 84 municipalidades del país equivale a una de cada siete. Y cuatro de esas doce pertenecen a la provincia de Cartago —Cartago, Oreamuno, Paraíso y Turrialba—, de modo que un tercio de la generación salió de un mismo bloque territorial de cantones vecinos. El resto combina cantones densos y pequeños del área metropolitana (Tibás, Montes de Oca, Alajuelita, Mora) con dos de los territorios más extensos y dispersos del país, San Carlos y Limón, donde el problema y la logística no se parecen en nada a los del Valle Central.

¿Qué se enseñó?

El programa se organizó en tres módulos: introducción al bienestar animal; métodos de manejo de poblaciones de perros y gatos; y sostenibilidad de los programas. Incorporó experiencias de ICAM, la Coalición Internacional para la Gestión de Animales de Compañía, y se planteó con una metodología participativa orientada, según ANPA, a construir soluciones aplicables a la realidad de cada territorio antes que a dar charlas magistrales.

Durante 2026 la organización también convocó un encuentro con participantes de las generaciones 2024 y 2025, donde presentó una Guía de Gestión Comunitaria. Para Gisela Vico, presidenta de ANPA, la tercera edición «refleja un trabajo profesional y sistemático, un proceso de aprendizaje interno y madurez institucional». Una cuarta edición está proyectada para el próximo año.

La ley que está detrás

El curso no ocurre en el vacío. Desde 2022 rige la Ley N.º 10.141, Servicio Municipal de Atención de Animales de Compañía. Según la ficha del Servicio Nacional de Salud Animal, la norma habilita a los gobiernos locales a destinar parte de su presupuesto a campañas de castración, vacunación y educación, a controlar la sobrepoblación de animales de compañía y a prevenir zoonosis, con servicios a precio de interés social. El reglamento municipal debe alinearse con las políticas de salud pública veterinaria del SENASA, y los procedimientos quedan reservados a médicos veterinarios en establecimientos con certificado veterinario de operación.

El problema conocido es el trecho entre la ley y la planilla. En agosto de 2023, asociaciones de bienestar animal denunciaron ante Teletica que muchas municipalidades no estaban aplicando la norma. El entonces presidente de la UNGL, José Delgado, admitió en ese reportaje que a varios gobiernos locales podía faltarles presupuesto, reglamento o información. Ese es, exactamente, el hueco que FOCABA dice atacar: no la voluntad política, sino la capacidad técnica para convertir un artículo de ley en un programa que sobreviva a un cambio de administración.

El tamaño real del asunto

Los números explican por qué esto dejó de ser un tema de asociaciones protectoras. Según la Encuesta Nacional de Hogares 2024 del INEC, 53,5 % de los hogares costarricenses tiene al menos un perro y 25,7 % al menos un gato, lo que suma alrededor de 1,78 millones de perros y unos 956.000 gatos. La tenencia es mayor en zona rural (69,7 %) que en zona urbana (59,3 %), un detalle que pesa para municipalidades como San Carlos, Limón o Turrialba.

También hay evidencia de que las políticas locales mueven la aguja. Un estudio de Humane Society International levantado en 2022 con 2.168 encuestas de hogar y conteos de calle en Montes de Oca, Curridabat, La Unión, Cartago y zonas rurales de Pococí encontró que la densidad de perros callejeros disminuyó en las áreas urbanas donde la esterilización estaba más extendida, en comparación con la línea base de 2014. Montes de Oca —hoy participante de FOCABA— registró la tasa de esterilización más alta del estudio: 81 %. Cartago, por su parte, opera desde 2016 un centro municipal dedicado a la atención y educación animal.

¿Por qué esto se decide en la muni y no en un ministerio?

Las mordeduras, las quejas vecinales, la recolección de animales muertos en vía pública y la vigilancia sanitaria caen en la ventanilla municipal, no en un ministerio. Esterilizar es, en términos presupuestarios, barato frente al costo de atender un brote de zoonosis o una demanda por un animal agresivo. Bajo el concepto de Una Sola Salud que promueve ANPA, la salud animal, la humana y la ambiental se gestionan como un mismo expediente, y ese expediente se abre en la municipalidad.

Para un cantón con una sola plaza de gestión ambiental y sin veterinario de planta, la diferencia entre un programa sostenido y una jornada aislada de un sábado está justamente en saber diseñarlo: presupuesto plurianual, convenio con SENASA, registro de animales, seguimiento. Doce municipalidades acaban de recibir ese manual. Setenta y dos todavía no.