A representar al régimen municipal costarricense en un foro internacional no fueron San José, Alajuela ni Heredia. Fueron un cantón agrícola de 17 mil habitantes encajado entre el Irazú y el Turrialba, y un distrito de la península de Nicoya que ni siquiera es cantón. Esa es la parte más interesante del anuncio.

La Unión Nacional de Gobiernos Locales informó que Costa Rica fortaleció sus alianzas internacionales para los gobiernos locales durante Experiencia Puerto Rico. La delegación la integraron la alcaldesa de Alvarado y miembro del Consejo Directivo, Fabiola Granados, y el vicepresidente de la UNGL e intendente de Cóbano, Ronny Montero.

Experiencia Puerto Rico llegó este año a su undécima edición y reunió a alcaldes, regidores, concejales e intendentes de doce países, con el Municipio de San Juan, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la National League of Cities e ICMA entre sus colaboradores.

La pieza más concreta del viaje es una ONG mexicana

De toda la agenda, el resultado con forma más definida es el acercamiento con la Congregación Mariana Trinitaria, la organización mexicana con la que la UNGL dice buscar mecanismos para acercar recursos a gobiernos locales, ASADAS y asociaciones de desarrollo.

Conviene saber cómo opera esa figura antes de celebrarla. Mariana Trinitaria es una asociación civil mexicana que trabaja mediante convenios con gobiernos estatales y municipales: aporta una parte del costo de materiales de construcción, obra pública, vivienda, tanques de agua o insumos, y el municipio o el beneficiario aporta el resto. El Gobierno de Jalisco la tiene registrada como programa de financiamiento de obra pública y vivienda, y la Secretaría de Bienestar de México firmó un convenio de colaboración con la organización para reforzar programas dirigidos a familias en condición de necesidad.

Es decir: no es un fondo que reparte dinero, es un mecanismo de compra subsidiada que requiere contraparte municipal, convenio firmado y capacidad administrativa para ejecutarlo. Para una ASADA o una asociación de desarrollo, eso significa que el beneficio depende de que la municipalidad lo gestione.

Descentralización: el tema que Montero quiere llevar a Zapote

La delegación participó en un conversatorio con representantes de Querétaro y Puebla sobre descentralización. Y Montero anunció a dónde piensa llevar esa conversación.

“Participamos en un conversatorio internacional sobre descentralización, un tema que consideramos fundamental y que retomaremos con la señora presidenta de la República, doña Laura Fernández, porque estamos convencidos de que fortalecer a los gobiernos locales significa fortalecer directamente a nuestras comunidades”, dijo el vicepresidente de la UNGL.

El planteamiento tiene una deuda vieja detrás. El artículo 170 de la Constitución ordena trasladar a las municipalidades un 10% del presupuesto ordinario de la República, y la Ley 8801 creó el andamiaje para hacerlo competencia por competencia. Quince años después, el proceso que coordina Mideplan tiene un solo traslado realmente consumado: la Ley 9329, que puso la red vial cantonal en manos municipales junto con su porcentaje del impuesto a los combustibles.

Cuando un intendente dice que va a hablar de descentralización con Zapote, está hablando de ese 10% que nunca llegó completo.

La tesorería de CAMCAYCA y los recursos no reembolsables

Costa Rica ocupa actualmente la Tesorería de la Confederación de Asociaciones de Municipios de Centroamérica y el Caribe (CAMCAYCA), que agrupa a las asociaciones municipales nacionales de la región —Honduras, Guatemala, República Dominicana, México, Belice y Puerto Rico, entre otras— y busca incidir ante instancias como el SICA.

La UNGL sostiene que aprovechará esa representación para gestionar recursos no reembolsables. El término importa: no son préstamos, son fondos de cooperación que no se devuelven, pero que casi siempre exigen proyecto formulado, contrapartida y capacidad de ejecución. Ahí es donde los cantones pequeños quedan por fuera, no por falta de fondos sino por falta de oficina de cooperación internacional.

El dato local: viajó la periferia del régimen, no el centro

Alvarado es el cantón número seis de Cartago, con 79,18 km², alrededor de 17 mil habitantes y una economía de hortalizas a casi 2.000 metros de altura. Dentro de su territorio funciona además el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, con su propia intendencia y su propio presupuesto.

Cóbano es uno de los siete concejos municipales de distrito del país —junto con Lepanto, Paquera, Colorado, Cervantes, Tucurrique y Peñas Blancas—, figura regulada por la Ley General de Concejos Municipales de Distrito. Son órganos con administración propia pero adscritos a una municipalidad, sin todas las competencias de un gobierno local pleno. El Concejo Municipal de Distrito de Cóbano administra así uno de los territorios con mayor presión inmobiliaria y turística de la costa pacífica.

Que esos dos territorios hayan sido los que negociaron hermanamientos y cooperación en San Juan no es un detalle de protocolo. Es exactamente el tipo de municipio que más necesita la cooperación internacional y el que menos capacidad tiene de tramitarla solo.

Lo que todavía no existe

Hay que leer el comunicado por lo que dice y no por lo que sugiere. Lo reportado son acercamientos, reuniones, interés y disposición: no hay convenio firmado con Mariana Trinitaria, ni hermanamiento formalizado con Ponce, ni monto de cooperación anunciado. La propia UNGL indica que los avances “serán presentados próximamente en las reuniones del Consejo Directivo”. Ese es el momento de verificación.

Para los 84 cantones y los siete concejos municipales de distrito, la pregunta práctica es una: cuando esos acuerdos bajen de la agenda internacional al papel, ¿habrá una ventanilla en la UNGL donde una municipalidad de 17 mil habitantes pueda pedir su parte sin tener un departamento de cooperación internacional? De eso, y no del viaje, depende que el anuncio signifique algo en Pacayas o en Montezuma.