La alianza intermunicipal que se propuso sacar más de la mitad de la basura de los rellenos sanitarios del Valle Central Oriental llegó al Concejo Municipal de Cartago. No a la alcaldía: al Concejo, y específicamente a su Comisión Permanente de Ambiente.

El dato lo confirmó la Unión Nacional de Gobiernos Locales en su comunicado Avances de proyecto EcoMetrópoli en Cartago. Según la organización, se trató de una “reunión prioritaria” cuyo objetivo fue articular los esfuerzos regionales para optimizar la gestión de residuos y sumar “el compromiso y el respaldo directo de las autoridades locales”.

La reunión tiene un subtexto que el comunicado no dice, pero que se lee en la lista de socios del proyecto.

La alianza que ya existe, y quién no estaba en ella

EcoMetrópoli no nació en agosto. Su comité ejecutivo quedó formalmente constituido el 19 de junio de 2026, con un reglamento de organización y un Comité de Asistencia Técnica integrado por especialistas en materia ambiental y legal.

La coordinación quedó en manos de Erick Jiménez, alcalde de Oreamuno, y la subcoordinación en las de Antonieta Naranjo, alcaldesa de Desamparados. Los gobiernos locales que firmaron, según reseñó Delfino.cr, son Alvarado, El Guarco, Jiménez, La Unión, Oreamuno, Turrialba y Desamparados, más los Concejos Municipales de Distrito de Tucurrique y Cervantes.

Revise esa lista con un mapa de la provincia al lado. Están casi todos los cantones cartagineses. Faltan dos: Paraíso y el cantón central de Cartago. El más grande, el que concentra la mayor generación de residuos de la provincia y el que alberga la infraestructura de acopio con más recorrido.

De ahí que una reunión con la Comisión de Ambiente del Concejo cartaginés no sea un trámite de cortesía. Es la gestión para incorporar a la pieza que falta.

¿Qué promete el proyecto?

La meta declarada es reducir en más de un 50% el volumen de residuos que hoy terminan en rellenos sanitarios. La ruta técnica tiene tres patas: sistemas de recuperación de materiales, producción de combustible derivado de residuos (CDR) y bioestabilización de la fracción orgánica.

Traducido: sacar del camión lo que se puede vender, convertir en combustible industrial lo que no se recicla pero sí quema, y estabilizar lo orgánico —que en Costa Rica ronda la mitad del peso del saco de basura doméstico— antes de que llegue a enterrarse y produzca lixiviados y metano.

El Mundo CR reportó que el esquema busca simultáneamente optimizar costos, bajar el volumen enterrado y generar empleo verde. Son tres objetivos que normalmente compiten entre sí; que convivan depende de la escala, y la escala es exactamente lo que aporta una alianza regional frente a nueve gobiernos locales comprando cada uno su propio camión.

Cartago no llega con las manos vacías

El cantón central tiene 11 distritos, 278,66 km² y una población estimada en unos 165 mil habitantes. También tiene un historial reciente en materia de residuos que conviene poner sobre la mesa antes de cualquier negociación.

En junio de este año, Delfino.cr informó que la Municipalidad de Cartago retiró 107 toneladas de basura de botaderos clandestinos en un año, un volumen equivalente a la basura mensual de unas 4.775 personas. El mismo reporte consigna que el Centro de Acopio Municipal procesó 195,8 toneladas de valorizables al cierre de 2025, frente a 32 toneladas en 2021; que el municipio realizó 74 campañas de reciclaje durante 2025 y recolectó 129,7 toneladas de residuos no tradicionales; y que una inversión de ₡38 millones en compostadora, trituradora y prensa permitió procesar 4.148 kilos de orgánicos entre setiembre y diciembre de 2025.

Ese salto de 32 a 195,8 toneladas en cuatro años es el argumento más fuerte que Cartago puede llevar a la mesa. Y las 107 toneladas de botaderos clandestinos son el argumento más fuerte de por qué necesita la mesa.

El taller de vocería, y lo que la ley sí exige

El comunicado de la UNGL también reporta que, en una jornada anterior, se ejecutó un taller de comunicación asertiva para autoridades y funcionarios vinculados al proyecto. Los contenidos: “estrategia discursiva; vocería institucional y gestión de escenarios complejos”, además de conexión comunitaria.

Vale la pena no despachar esto como relleno de comunicado. Un proyecto de residuos se juega en la puerta de la casa: si el vecino no separa, no hay CDR ni bioestabilización que funcione. Y lo que el eufemismo “escenarios complejos” nombra es perfectamente identificable: dónde se instala la planta, a cuánto sube la tasa, qué camión pasa qué día. Los mismos temas que han hundido proyectos de gestión de residuos en media Costa Rica.

Ahora bien, la Ley para la Gestión Integral de Residuos (N.° 8839) no pide voceros entrenados. Pide algo más concreto: su artículo 23 obliga a las municipalidades a convocar audiencias públicas para presentar formalmente a la comunidad los alcances del plan municipal de gestión integral de residuos. La misma ley les manda promover la participación ciudadana activa y suministrar información veraz al sistema nacional de información sobre residuos.

La diferencia entre una cosa y la otra no es menor. Capacitar voceros mejora cómo se cuenta el proyecto. La audiencia pública es donde la gente puede cambiarlo.

Ni la primera vez, ni la garantía

Conviene además recordar que la provincia ya pasó por aquí. En 2017, la propia UNGL ejecutó un programa regional de gestión de residuos financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo que incluía a Cartago, El Guarco y Jiménez junto con municipios de Honduras y Guatemala. Casi una década después, la conversación sigue siendo cómo dejar de enterrar.

Eso no descalifica a EcoMetrópoli. Lo que indica es dónde mirar para saber si esta vez es distinto: no en los talleres ni en las fotos de las reuniones, sino en tres cosas verificables. Si el Concejo Municipal de Cartago adopta un acuerdo formal de incorporación. Si aparecen presupuesto y sitio para la infraestructura de recuperación. Y si las audiencias públicas del artículo 23 se convocan de verdad, antes de que las decisiones estén tomadas.

Mientras tanto, la pregunta para cualquier regidor cartaginés es sencilla: ¿está su cantón dentro de la alianza, o solo en la lista de invitados?