Un informe global publicado esta semana dice algo que en Costa Rica suena familiar: más de la mitad de los gobiernos locales del planeta ya está usando árboles, ríos y humedales como obra pública. La nota original la publicó el medio especializado Smart Cities World bajo el título How cities are turning to nature-based solutions.

El dato viene del análisis Nature for People and Places, elaborado por CDP —el sistema global de divulgación ambiental— con información reportada por gobiernos subnacionales a la plataforma CDP-ICLEI Track y al cuestionario de Estados y Regiones.

Y aquí conviene decirlo de una vez: Costa Rica no está empezando de cero en esto. Está bastante adelante en el papel y bastante atrás en la ejecución. Las dos cosas a la vez.

Qué encontró el informe

El análisis se basa en datos divulgados en 2025 por 1.005 ciudades, estados y regiones de 80 países, que en conjunto representan a 1.320 millones de personas. Los hallazgos principales, según la ficha del informe publicada por CDP, son estos:

• El 55% ya implementa al menos una solución basada en la naturaleza: restauración ecológica, infraestructura verde o reforestación.
• El 70% de los gobiernos que tienen metas de adaptación climática colocan las soluciones naturales entre sus prioridades.
• El 65% identifica al menos un beneficio adicional en salud pública: mejor calidad del aire, mejoras en salud física y mental, o menos impacto de los eventos extremos.

Los peligros climáticos que más reportan estos gobiernos son cuatro: calor extremo, estrés térmico, inundación urbana y lluvias intensas. Cualquiera que haya pasado un octubre en el Valle Central reconocerá al menos dos.

El informe también nota que las soluciones varían por región. América Latina y África se inclinan por la restauración ecológica; Europa y Norteamérica, por la infraestructura verde; y el sudeste asiático, India y Japón, por la reforestación.

“El cambio climático y la pérdida de naturaleza no son asuntos separados”, declaró Katie Walsh, directora global de CDP para ciudades, estados y regiones, en el comunicado recogido por Smart Cities World. “A medida que los impactos climáticos se intensifican, los ecosistemas dañados y degradados dejan a las comunidades cada vez más vulnerables.”

Lo que están haciendo otros

El informe recoge ejemplos concretos que ayudan a dimensionar de qué se está hablando:

• Porto Alegre (Brasil) ejecuta un plan de 332 millones de dólares para recuperar el arroyo Dilúvio en 1.624 hectáreas y 16 barrios, combinando saneamiento, drenaje, infraestructura verde-azul, espacio público, movilidad y vivienda social.
• KwaZulu-Natal (Sudáfrica), una provincia con escasez de agua, rehabilita corredores fluviales contaminados y propensos a inundación.
• El Consejo de Auckland (Nueva Zelanda) está sembrando 11.000 árboles de calle repartidos en 16 juntas locales.
• Boulder (Estados Unidos) puso a más de 70 voluntarios a medir temperatura y humedad en uno de los días más calientes del año, y con eso hizo mapas de calor que ahora guían dónde sembrar.

Ese último caso es replicable en cualquier cantón costarricense con un grupo de vecinos, un termómetro y un teléfono.

El espejo tico: dos ríos, siete municipalidades

Costa Rica tiene una figura legal que buena parte del mundo apenas está inventando: el corredor biológico interurbano.

El Corredor Biológico Interurbano Río Torres se constituyó el 17 de noviembre de 2017 mediante asamblea general convocada por el SINAC. Son 26 kilómetros que nacen en Rancho Redondo, distrito del cantón de Goicoechea, y bajan hasta la planta hidroeléctrica Electriona, en el distrito de Pavas del cantón central de San José. En el camino atraviesa 18 distritos de cuatro cantones: San José, Goicoechea, Montes de Oca y Tibás, según la ficha del corredor. Su comité local tiene 20 personas: diez del sector público y diez de la sociedad civil.

El Corredor Biológico Interurbano María Aguilar cubre 21 kilómetros y suma cinco municipalidades —San José, Curridabat, Montes de Oca, La Unión y Alajuelita— con el objetivo de conectar la Zona Protectora Tiribí con la Zona Protectora La Carpintera, de acuerdo con su ficha oficial. Sus metas incluyen reducir la contaminación del río, acabar con los botaderos clandestinos y recuperar lotes baldíos con infraestructura verde.

Estos dos no son casos aislados. El Programa Nacional de Corredores Biológicos, creado por el Decreto Ejecutivo 33106-MINAE en mayo de 2006 y actualizado por el Decreto 40043-MINAE en 2017, contabiliza 44 corredores que abarcan cerca de 16.927 kilómetros cuadrados: un 33,1% del territorio nacional.

Dicho en criollo: un tercio del país ya está dentro de un corredor biológico, y en muchos casos la municipalidad ni siquiera lo tiene presente a la hora de aprobar un permiso de construcción.

Curridabat: el caso que ya salió en el exterior

El cantón de Curridabat lleva desde 2015 con Ciudad Dulce, un enfoque de planificación urbana que trata a los polinizadores —abejas, mariposas, colibríes— como si fueran vecinos con derechos. La idea no es poética: si hay flores, hay polinizadores; si hay polinizadores, hay árboles frutales; si hay árboles, hay sombra, agua infiltrada y aire más limpio.

En 2018 el proyecto recibió el Charter Award del Congress for the New Urbanism, según reportó Teletica, por un plan que contemplaba 63 parques nuevos en 21 barrios, calles compartidas y aceras ampliadas.

Es el tipo de proyecto que el informe de CDP describe como “infraestructura verde”, y es el tipo de proyecto que un concejo municipal puede aprobar sin permiso de nadie más.

El problema que las soluciones naturales resuelven aquí

Dos datos costarricenses ponen el informe en contexto.

Calor. Un reportaje de Delfino.cr sobre islas de calor documenta que los cantones centrales de San José, Alajuela y Heredia muestran la mayor incidencia del fenómeno, y cita un estudio de la Universidad de Costa Rica en Liberia, Guanacaste, donde el centro urbano promedió 30,4 °C mientras la periferia promedió 25,6 °C. Casi cinco grados de diferencia dentro del mismo cantón. El Instituto Meteorológico Nacional y la Universidad Nacional publicaron además una guía metodológica para estudiar islas de calor en zonas urbanas y urbano-rurales del país.

Agua. La Revista del CFIA publicó en julio de este año el artículo Soluciones basadas en la naturaleza pueden reducir las inundaciones en las zonas urbanas del país, que señala que octubre del año anterior fue el mes con mayor atención de incidentes por inundación de los últimos cinco años, con 2.256 casos según datos de la Comisión Nacional de Emergencias. El texto recoge el planteamiento del ingeniero Rafael Oreamuno y la arquitecta Yolanda Rivas: los ríos urbanos reciben toda la escorrentía de superficies impermeabilizadas y ya no dan abasto, y quienes sufren la inundación no son necesariamente quienes la provocan aguas arriba. Entre los casos analizados están la cuenca de Quebrada Seca, en Heredia, y Playa Hermosa, en el cantón de Garabito.

Ahí está el argumento completo: el calor y el agua son los dos peligros que el informe global identifica como principales, y son exactamente los dos que las municipalidades costarricenses enfrentan cada año.

La plata: el mismo cuello de botella aquí y allá

El informe no esconde el problema central. Casi la mitad de los gobiernos consultados —46%— reporta que las restricciones presupuestarias les frenan los proyectos de adaptación. En 2025, los gobiernos subnacionales buscaban 33.510 millones de dólares para proyectos de adaptación, de los cuales 2.850 millones correspondían específicamente a proyectos relacionados con naturaleza.

“Los datos ambientales transparentes ayudan a los socios a identificar dónde se necesita esa inversión y a dirigir capital hacia proyectos capaces de construir comunidades resilientes”, señaló Walsh.

Maryke van Staden, directora del Carbon Climate Centre de ICLEI —la red de gobiernos locales y regionales que opera la plataforma CDP-ICLEI Track junto con CDP—, lo puso en términos de eficiencia presupuestaria: “Con presupuestos públicos más ajustados, los gobiernos locales y subnacionales necesitan ser más eficientes. Tienen la oportunidad de diseñar e implementar enfoques ganar-ganar para la gente y el territorio.”

Y agregó una lista que cualquier alcaldía puede leer como menú: “Los espacios verdes ayudan a enfriar las ciudades. Los techos y paredes verdes pueden aislar los edificios. El rango de acciones es enorme.”

La letra pequeña

Tres advertencias antes de que esto llegue a la sesión del lunes.

Primera: el corredor no se sostiene solo. Un corredor biológico interurbano es un acuerdo de gobernanza, no una obra. Si el comité local no sesiona, si las municipalidades no alinean sus planes reguladores y si nadie fiscaliza los permisos en la zona de protección de los ríos —los famosos 10, 15 o 50 metros de la Ley Forestal 7575, según la pendiente y la ubicación—, el corredor existe únicamente en el decreto.

Segunda: sembrar sin plan es botar plata. Sembrar la especie equivocada en la acera equivocada produce raíces que levantan el concreto, ramas que chocan con el tendido eléctrico y árboles que hay que cortar en cinco años. Antes del vivero va el inventario de arbolado urbano y el criterio técnico. Curridabat, de hecho, desarrolló una guía de plantas para atraer polinizadores precisamente por eso.

Tercera: la naturaleza no sustituye la obra gris. Un jardín de lluvia no reemplaza un alcantarillado pluvial colapsado. Las soluciones basadas en la naturaleza funcionan como complemento —absorben el pico, reducen la velocidad del agua, bajan la temperatura— pero no como excusa para no invertir en infraestructura convencional.

Lo que queda

Ya hay 20 cantones del país con planes de adaptación al cambio climático elaborados con acompañamiento de la Dirección de Cambio Climático del MINAE y del PNUMA —La Cruz, Upala, Los Chiles, Cañas, Nicoya, Naranjo, Montes de Oro, Puntarenas, Alajuelita, Belén, Pococí, Siquirres, Matina, Turrialba, Acosta, Parrita, Talamanca, Buenos Aires, Osa y Corredores—, según informó el propio MINAE.

O sea: el marco existe, los corredores existen, los planes existen y hasta hay un cantón premiado afuera por hacerlo.

Lo que el informe de CDP viene a decir, en el fondo, es que 1.005 gobiernos locales del mundo dejaron de tratar esto como un adorno ambiental y empezaron a tratarlo como medida de adaptación con presupuesto asignado. La pregunta para el concejo del cantón de cada quien es más sencilla que todo lo anterior: ¿cuántos árboles hay sembrados en el distrito más caliente del cantón, y quién los está contando?