India acaba de arrancar un proyecto que suena técnico y aburrido, pero que resuelve un problema que cualquier alcalde de un cantón costero costarricense conoce de memoria: nadie tiene los datos juntos. La nota original la publicó el medio especializado Smart Cities World bajo el título Enhancing climate resilience along India’s coastline.

Se llama Coastal & Ocean Resilience Data Collaborative, lo lidera el laboratorio de investigación indio CivicDataLab y lo financia la fundación británica Lloyd’s Register Foundation. El proyecto se concentra en tres estados costeros de la India —Odisha, Tamil Nadu y Kerala— que el Gobierno indio clasificó como Áreas Costeras Críticamente Vulnerables.

Y sí, India queda al otro lado del planeta. Pero la lógica del proyecto se aplica igual en el distrito de Limón que en Odisha.

Qué es exactamente el proyecto

En el fondo es una plataforma en línea de código abierto. Lo que hace es reunir y estandarizar en un mismo lugar bases de datos que hoy viven separadas: topografía costera, oceanografía, clima, indicadores socioeconómicos, finanzas públicas y datos ambientales.

Sobre esa base, el colaborativo usa inteligencia artificial y aprendizaje automático —junto con capacitación institucional e intercambio de conocimiento entre pares— para generar información que ayude a los gobiernos locales a priorizar obras, identificar de dónde va a salir la plata y armar estrategias de resiliencia climática de largo plazo.

El diagnóstico que lo motiva es duro. Alrededor del 34% de la costa de la India está sufriendo erosión, y las comunidades costeras están cada vez más expuestas a ciclones, inundaciones y aumento del nivel del mar. Pero, según explica el propio proyecto, los datos necesarios para entender y proteger esa costa están fragmentados y encerrados entre distintos actores.

“La costa de la India es más que una frontera entre la tierra y el mar. Es hogar de millones de personas, de puertos e infraestructura crítica, de ecosistemas ricos y de algunas de las actividades económicas más importantes del país”, declaró Gaurav Godhwani, fundador y director ejecutivo de CivicDataLab, en el comunicado recogido por Smart Cities World. “Sin embargo, esta costa está bajo presión creciente.”

Godhwani agregó la parte que más interesa desde una municipalidad: “Al reunir a gobierno, comunidades y otros actores, esperamos fortalecer la capacidad local para anticipar riesgos, priorizar la movilización de recursos y construir resiliencia para nuestras comunidades costeras.”

El texto original identifica además un obstáculo que aquí tampoco es desconocido: la débil cooperación entre departamentos del gobierno impide la planificación estratégica a nivel de sistema, y las decisiones de inversión terminan siendo reactivas en vez de preventivas.

Ruth Boumphrey, directora ejecutiva de Lloyd’s Register Foundation, lo resumió así: “Hay una necesidad urgente de fortalecer la resiliencia comunitaria y la planificación de infraestructura costera y marina mediante estrategias integradas, basadas en evidencia y arraigadas en los contextos locales.”

El espejo tico: 11 playas críticas entre Limón y Talamanca

Costa Rica no necesita traducir el problema. Lo tiene medido.

Un estudio de la Universidad Nacional publicado en la Revista Geográfica de América Central identificó once puntos críticos de erosión costera en el Caribe Sur, todos dentro de los cantones de Limón y Talamanca, durante el periodo 2005-2016: Cieneguita, el sector del aeropuerto de Limón, Westfalia, Boca Bananito, Playa Blanca de Cahuita, dos puntos en Puerto Vargas, Manzanillo, Mile Creek, Gandoca y Sixaola. El trabajo, firmado por Gustavo Barrantes-Castillo, Isabel Arozarena-Llopis, Luis Fernando Sandoval-Murillo y José Francisco Valverde-Calderón, midió pérdidas de superficie que en algunos sectores superaron los 9.000 metros cuadrados por año, según la publicación completa.

Dicho en criollo: en el distrito de Cahuita y en el distrito de Sixaola, ambos del cantón de Talamanca, el mar se está comiendo la playa a un ritmo que ya se puede contar en metros por año.

El panorama nacional lo puso el oceanógrafo Omar Lizano Rodríguez, del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica, en un reportaje de la Oficina de Divulgación de la UCR: el 70% de las playas de arena del país está retrocediendo. Ese mismo reportaje documenta que en Manzanillo se perdieron 2,1 metros de costa al año entre 2005 y 2016, es decir 23 metros en once años, y enumera playas afectadas en Guanacaste (Sámara, Nosara, Ostional, Tamarindo, Junquillal), en el Pacífico Central (Caldera, Playa Azul, Manuel Antonio) y en el Pacífico Sur (los Esterillos, Palo Seco, Dominical).

Lo que dicen las proyecciones

El Instituto Meteorológico Nacional, con apoyo de la cooperación española, publicó estudios y proyecciones de aumento del nivel del mar y erosión costera para ambas costas del país. El escenario más pesimista —el de altas emisiones sostenidas— plantea que el nivel del mar podría subir hasta 1,01 metros para el año 2100. Los dos sitios que el estudio analizó con detalle son Caldera, en el cantón de Esparza, y Manzanillo, en el cantón de Talamanca, con proyecciones para 2030, 2050, 2070 y 2100, según la ficha del documento publicada por el IMN.

A eso se suma un cálculo de población. Un análisis de la organización Climate Central procesado por Ojo al Clima estimó que, incluso en el escenario favorable, cerca de 27.900 personas en Costa Rica quedarían para 2100 en territorio expuesto a inundaciones costeras habituales; en el peor escenario la cifra sube a 76.500. Las zonas más comprometidas: el centro de la ciudad de Puntarenas y los sectores de Cieneguita y Moín, en el cantón central de Limón, además de Caldera, Quepos, el humedal Térraba-Sierpe y el Parque Nacional Marino Ballena, de acuerdo con el reportaje de Ojo al Clima.

Los 200 metros que administra su municipalidad

Aquí está el punto que convierte esto en un asunto estrictamente municipal.

La Ley 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre, vigente desde 1977, establece una franja de 200 metros contados desde la pleamar ordinaria a lo largo de ambas costas. Los primeros 50 metros son zona pública inalienable; los 150 restantes son zona restringida, sujeta a concesión. Y quien tramita esas concesiones y administra esa franja es la municipalidad del cantón costero, con el aval técnico del Instituto Costarricense de Turismo, que además coordina los planes reguladores costeros, según explica el propio ICT.

O sea: la línea de costa que se está moviendo es, legalmente, terreno bajo administración municipal. Cuando la playa retrocede, no retrocede solo la arena. Retrocede el mojón desde el cual se mide todo lo demás.

El dato que sí existe y casi nadie usa

Costa Rica no está sin plataformas. Tiene el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), operado por el Instituto Geográfico Nacional, que publica geoservicios abiertos —WMS, WMTS y WFS— con capas cartográficas oficiales que cualquiera puede consultar y descargar. Y tiene el Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA), la unidad técnica del MINAE encargada de diseñar y administrar el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), según su propia definición. Las capas están ahí, en línea y gratis.

El problema es el mismo que describe CivicDataLab en India: la información existe, pero está repartida entre instituciones que no conversan, y muy pocos departamentos municipales tienen a alguien que sepa bajarla, cruzarla y convertirla en un criterio para negar o aprobar una concesión.

51 cantones sin adaptación en la agenda

En junio de este año, la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional presentó un análisis con una cifra que conviene leer despacio: 51 de los 85 gobiernos locales analizados no incorporan la adaptación al cambio climático en sus agendas. Solo 34 lo hacen, y lo hacen de forma voluntaria. La cifra, aun así, mejoró: en 2018 apenas un 25% de las municipalidades incluía la variable climática.

Vanessa Valerio, directora de esa escuela, explicó la razón de fondo: al no haber un marco normativo que lo exija, los gobiernos locales actúan por voluntad propia, y por eso plantea la necesidad de una ley integral, según recogió Delfino.cr.

Entre los cantones que sí incorporan la variable aparecen varios costeros —Golfito, Quepos, Limón—, lo cual también dice algo: la mayoría de los cantones con costa no está en esa lista.

La letra pequeña

Tres advertencias antes de que alguien proponga replicar el modelo indio en la sesión del lunes.

Primera: una plataforma no es un plan. El colaborativo indio apenas arranca y sus resultados están por verse. Comprar o encargar un sistema de información no equivale a tener capacidad de decisión; sin alguien en la municipalidad que lea los datos, la plataforma es un adorno caro.

Segunda: el dato no mueve el mojón. Saber que la playa retrocedió 23 metros no resuelve qué se hace con las concesiones otorgadas sobre esos 23 metros, ni con las familias que viven ahí. Eso es una decisión política y jurídica, no técnica.

Tercera: los datos costeros son sensibles. Publicar mapas detallados de vulnerabilidad tiene efectos reales sobre el valor de las propiedades, los seguros y la inversión turística. Ese debate hay que darlo de frente y no descubrirlo después.

Lo que queda

El paralelismo es incómodo por lo exacto. India tiene un 34% de su costa en erosión y armó una plataforma para juntar los datos. Costa Rica tiene un 70% de sus playas de arena retrocediendo, tiene los datos publicados por la UNA, la UCR y el IMN, tiene el SNIT y el CENIGA funcionando, y tiene municipalidades que por ley administran los 200 metros donde todo esto ocurre.

La diferencia no está en la información. Está en quién la está usando.

La pregunta para el concejo de cualquier cantón costero —Limón, Talamanca, Puntarenas, Esparza, Garabito, Quepos, Osa, Golfito, Santa Cruz, Carrillo, Nicoya— es tan concreta como esta: ¿cuándo fue la última vez que su municipalidad midió dónde está hoy la pleamar ordinaria, y comparó ese dato con el mojón que aparece en el plano de las concesiones vigentes?